El trámite se originó Oficial, en un oficio del 24 de julio de 2025 del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que determinó que el inmueble carece de las condiciones de seguridad necesarias para continuar habitado. Esa clasificación de alto riesgo estructural fue el punto de partida del expediente que ahora culmina con la declaratoria.
Con ese diagnóstico, el Comité del Patrimonio Inmobiliario de la capital se reunió en sesión ordinaria el 20 de mayo de 2026 y consideró procedente iniciar los trámites de expropiación del predio. La solicitud, de acuerdo con el documento, partió conjuntamente de la Secretaría de Vivienda capitalina y del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), encargado de operar los programas de sustitución habitacional.
El expediente precisa que las personas que actualmente habitan el inmueble ya aceptaron las condiciones generales del programa de sustitución de vivienda. Ello implica un compromiso de desocupar el predio y reubicarse por sus propios medios mientras duren los trabajos, hasta que les sean entregadas las nuevas viviendas bajo el esquema de interés social y popular que coordina el Invi.
La declaratoria de utilidad pública es la vía jurídica que permite al gobierno capitalino avanzar hacia la expropiación de inmuebles cuando median razones de seguridad o de interés colectivo, un procedimiento previsto en la legislación local sobre expropiación. En la Ciudad de México se ha empleado de forma recurrente en predios con daño estructural, muchos de ellos con secuelas de sismos en la zona centro-oriente.
La colonia Tránsito concentra un número considerable de edificaciones antiguas con fincas vulnerables, una condición que en años recientes ha llevado a distintas dependencias capitalinas a impulsar expropiaciones como antesala de programas de reconstrucción o sustitución habitacional.
El caso de la calle Alfredo Chavero se suma al conjunto de intervenciones que la Secretaría de Vivienda y el Invi han promovido en inmuebles de alto riesgo en distintas alcaldías, con el argumento de garantizar condiciones de seguridad y habitabilidad para los residentes antes que mantener en pie estructuras dictaminadas como inviables.