La presentación llega después del desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina que salió en camilla de su vivienda el 23 de septiembre mientras se ejecutaba la orden judicial. La portavoz del sindicato, Valeria Racu, sitúa ese caso como el detonante de un malestar que llevaba años fraguándose entre los llamados chalecos naranjas, nombre con el que se identifica a los activistas del colectivo en sus intervenciones.
«Lo que le pasó a Maricarmen no empezó el miércoles. Empezó muchos años antes», ha repetido Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Las asambleas, celebradas en espacios como el Ateneo La Maliciosa, han servido para diseñar un protocolo que combina acompañamiento vecinal, presión mediática y resistencia pasiva ante los lanzamientos judiciales, con el objetivo declarado de dificultar la ejecución material de los desalojos. El manual incluye un protocolo de «asamblea de bienvenida», pensado para activarse en cuanto un vecino recibe notificación de un procedimiento, con el fin de coordinar el apoyo comunitario antes de que se fije la fecha del lanzamiento.
Entre las estrategias descritas figura la fórmula que da título a parte del documento: el ofrecimiento de pago de una renta o compensación a cambio de permanecer en la vivienda, una vía que el colectivo plantea como alternativa al desalojo cuando el conflicto se origina por impago o por la negativa del propietario a renovar el contrato. El sindicato defiende ese mecanismo como forma de evitar la pérdida de la vivienda habitual en los casos de mayor vulnerabilidad económica.
El desahucio de un inquilino en España se tramita por la vía del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al arrendador reclamar la posesión por impago o por expiración del contrato; una vez dictada la sentencia, el juzgado fija una fecha de lanzamiento que ejecuta la comisión judicial, momento en el que los colectivos concentran su resistencia. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda incorporó la exigencia de valorar la vulnerabilidad del ocupante y de activar mecanismos de mediación antes del desalojo en determinados supuestos.
Tras el episodio de Maricarmen Abascal, parte de la militancia del sindicato anunció el 2 de octubre el abandono de la acampada que mantenía en la Puerta del Sol, un giro en la forma de organizar la protesta. El manual recoge, según el relato del colectivo, las lecciones extraídas de esa fase de movilización en el espacio público madrileño.
La tensión entre inquilinos y propietarios en Madrid no es nueva. En paralelo a la presión de los colectivos de inquilinos, otros actores del mercado inmobiliario denuncian situaciones inversas, como la de los caseros de renta antigua que cobran 30 euros al mes y reclaman una actualización de contratos congelados desde hace décadas, lo que retrata un mercado con desequilibrios en direcciones opuestas según el tipo de alquiler.
La estrategia del acompañamiento vecinal ante los lanzamientos tiene recorrido en Madrid: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca viene convocando concentraciones ante domicilios con orden de desalojo desde 2011, en plena crisis de las ejecuciones hipotecarias, un repertorio de protesta que los chalecos naranjas han adaptado ahora al alquiler. El sindicato no ha facilitado cifras agregadas sobre el número de desahucios paralizados mediante su método.
