El episodio se gestó cuando Sánchez remitió a su ministro una noticia sobre el desahucio de la mujer, que en una entrevista pedía al presidente «que pare los desahucios». La respuesta de Ábalos fue inmediata y técnica: le explicó que los desahucios hipotecarios estaban paralizados desde el Real Decreto-ley 6/2020 para deudores vulnerables, en vigor hasta 2024, pero que los jueces interpretaban como ocupación ilegal los casos sin contrato de alquiler, lo que permitía el desalojo.
El ministro añadió un dato para respaldar la política del Gobierno, atribuido al Consejo General del Poder Judicial:
«En el segundo trimestre de 2020 los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se han situado en la cifra de 300 lo que supone una caída del 92,1% con respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior», escribió José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y Agenda Urbana.
Ábalos precisó que ninguno de esos 300 casos afectaba a vivienda habitual, porque el decreto lo impedía. Días después comunicó a Sánchez el desenlace del caso concreto: había cerrado con el presidente de la Sareb un alquiler de 75 euros mensuales para que Adoración regresara a la vivienda de la que había sido desalojada. El contrato, explicó, blindaría su permanencia porque los lanzamientos de arrendamiento estaban prohibidos hasta el 31 de enero de 2021. «Dadle publicidad», respondió entonces el presidente.
Colau alertaba de los desahucios en Barcelona
El interés de Sánchez por visibilizar el caso madrileño coincidió con las advertencias que recibía por esas mismas fechas de Ada Colau, entonces alcaldesa de Barcelona y hoy dirigente de Sumar. Según estos mensajes, Colau le trasladó por WhatsApp que «la situación con los desahucios de familias vulnerables es insostenible» y que la moratoria vigente resultaba «totalmente insuficiente», al advertir de que la acumulación de casos con familias, personas mayores y enfermos convertía la situación en «un polvorín social».
Otras conversaciones de 2021 entre ambos dirigentes, publicadas este miércoles por OKDIARIO, muestran a Sánchez siguiendo de cerca la negociación de la Ley de Vivienda con Podemos, con el objetivo de anunciar el acuerdo tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021 para restar apoyos a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Cuando Ábalos le informó de que Podemos no renunciaba a fijar precios al alquiler, Sánchez le pidió que «lógicamente» no cediera en ese punto, mientras fijaba julio de 2021 como plazo para cerrar la norma.
La ley resultante, aprobada con los votos de ERC y Bildu y celebrada entonces por Ione Belarra como líder de Podemos, ha sido objeto de críticas posteriores del Sindicato de Inquilinas y de sectores de la propia izquierda, que la consideran insuficiente para frenar la subida de precios del alquiler en las grandes ciudades. El debate sobre el alcance de esas medidas sigue abierto: el Gobierno defiende la limitación de precios en zonas tensionadas, con la que los inquilinos de renta media ahorrarán 500 euros al año en el IRPF si las comunidades aplican la declaración de zona tensionada, mientras que José Luis Martínez-Almeida reivindica su propio modelo de gestión de vivienda.
Ábalos, hoy en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real por su implicación en la trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, figura en estas conversaciones como el canal directo entre Moncloa y la gestión del caso de Carabanchel, en un episodio que retrata hasta qué punto la Presidencia del Gobierno seguía, caso por caso, la comunicación política de su reforma de vivienda.
