El pago se encuadra en el sistema de «acción concertada», con el que el Estado reparte entre organizaciones sociales la gestión de plazas de acogida para solicitantes de protección internacional. Las entidades adjudicatarias asumen el alojamiento, la manutención, la higiene, el vestuario, la asistencia sanitaria y psicológica, la traducción e interpretación, los traslados y las ayudas para gastos diarios, además de la mediación social, el apoyo para buscar vivienda, la asistencia jurídica y actividades destinadas a la integración.
El MPDL gestionó durante el último año 1.617 plazas, por las que recibió 1,79 millones de euros, según la documentación citada. El ejercicio anterior fueron 1.150 plazas, financiadas con 1.621.037 euros. La suma de ambas anualidades asciende a 3.491.822 euros, procedentes del Ministerio que dirige la cartera de Migraciones.
Manuel de la Rocha Rubí preside la organización. Fue alcalde de Fuenlabrada entre 1979 y 1983 y consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1985, en ambos casos por el PSOE. Su hijo ocupa la dirección de la Oficina de Asuntos Económicos de La Moncloa y figura entre los colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La entidad fue fundada en 1984 por Paquita Sauquillo, que conserva el cargo de presidenta de honor tras una trayectoria política con escaños en el Congreso, la Asamblea de Madrid y el Parlamento Europeo, siempre en las filas socialistas. Sauquillo ha recibido recientemente la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Gobierno y entregada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
A los fondos del sistema de acogida se añaden otras subvenciones de distintos departamentos recibidas este año por la entidad: 930.213,51 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para acciones humanitarias; 545.233 euros del propio Ministerio de Inclusión para actuaciones de interés general en materia de extranjería y defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras, con financiación europea; y 396.145,27 euros del Ministerio de Derechos Sociales para actividades de interés social.
El MPDL fue seleccionado además para colaborar en el reciente proceso extraordinario de regularización de extranjeros, aportando asesoramiento jurídico y participando en la elaboración de los informes de vulnerabilidad que condicionan el acceso de los solicitantes a determinados trámites administrativos.
La externalización de la acogida en el tercer sector no es nueva: el sistema estatal de acogida a solicitantes de asilo y refugio, nacido en los años noventa y reforzado tras la crisis de refugiados de 2015, se ha sostenido históricamente sobre convenios y subvenciones a organizaciones como Cruz Roja, CEAR o ACCEM. La novedad que recoge la información publicada es el perfil del adjudicatario y sus vínculos con el partido en el Gobierno.
La financiación de entidades del tercer sector para la gestión de políticas migratorias convive con el modelo de extranjería vigente mientras el Ejecutivo tramita la reforma de la Ley de Extranjería, en un contexto marcado por la apertura de dispositivos como el campamento habilitado junto a la cárcel de Ceuta para atender a migrantes recién llegados.
