La separación jurídica entre el laboratorio de ideas y el sindicato convive con vínculos personales estrechos. Jaime Palomera, cofundador de ambas entidades, dirige actualmente el área de vivienda de IDRA. Carme Arcarazo, una de las principales portavoces del sindicato en Barcelona durante las movilizaciones recientes, trabaja como investigadora en el instituto. Y Laia Forné, cofundadora de La Hidra, fue jefa de gabinete de la Concejalía de Participación y Distritos del Ayuntamiento barcelonés entre 2015 y 2019, durante el primer mandato de Ada Colau.
La propia historia oficial del Sindicato de Inquilinas sitúa a La Hidra como la organización que impulsó su nacimiento entre el otoño de 2016 y 2017, con Palomera entre quienes tomaban la palabra en las presentaciones públicas. El itinerario se asemeja al que, años antes, llevó a parte del activismo barcelonés por la vivienda hasta el Ayuntamiento con Colau al frente, tras su etapa en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La Generalitat, principal financiador
El grueso de las subvenciones procede de la Generalitat de Catalunya, sobre todo a través de la Consejería de Empresa y Trabajo, que concedió 944.961,08 euros a La Hidra Cooperativa entre 2022 y 2026. La mayor parte corresponde al programa 22 Comunalitats Urbanes, una iniciativa del Govern para proyectos de economía social y solidaria en los barrios: 279.989,55 euros en mayo de 2022, 79.997,02 euros en octubre de 2023 y 39.998,51 euros en diciembre de 2024, a los que se sumaron otras dos concesiones de 280.000 y 80.000 euros en febrero de 2024 y octubre de 2025, respectivamente.
A esas cifras se añaden partidas menores de la misma consejería por otras líneas de ayuda al cooperativismo, entre ellas 88.983,90 euros en noviembre de 2023 y los programas BruixIT, con 60.800 y 15.200 euros en diciembre de ese año. También figuran ayudas a la investigación: 66.217,84 euros de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación en 2023, con cargo a fondos europeos Next Generation, y 174.029 euros de la Agencia Estatal de Investigación para un proyecto sobre políticas municipalistas en Barcelona, Ámsterdam y Viena.
El relevo en la alcaldía de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona aportó 57.400 euros entre 2021 y 2024, incluidos 28.000 euros en diciembre de 2021 y 15.500 euros en 2022 a través del programa municipal Impulsem el que fas, todavía con Colau como alcaldesa. Ya con Jaume Collboni (PSC) al frente del consistorio, la entidad recibió otros 4.000 euros en 2024 dentro de la convocatoria ordinaria de subvenciones para proyectos de distrito y ciudad.
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, sostiene que no acepta subvenciones para sufragar gastos estructurales, aunque admite concurrir a convocatorias públicas para «proyectos o estudios concretos». En 2024 recibió 5.210 euros de la Generalitat para la edición de una revista, la única ayuda otorgada directamente a la asociación según los registros.
Esta red regresa al primer plano político en paralelo a la ofensiva del movimiento de inquilinos para que el Gobierno y el Congreso asuman sus propuestas en materia de vivienda, impulso que se ha intensificado tras el caso de Maricarmen Abascal. En Madrid, los compañeros del sindicato catalán permanecen acampados en la Puerta del Sol, en un contexto en el que la Comunidad de Madrid ha anunciado que denunciará al delegado del Gobierno por no proceder al desalojo en el plazo de 48 horas que reclamaba.
En Barcelona, el Sindicato de Inquilinas movilizó el lunes a unas dos mil personas y cortó algunos accesos principales a la ciudad coincidiendo con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Congresos, donde la protesta mostró mayor músculo por la noche. Desde el miércoles, los manifestantes permanecen instalados en la plaza de Catalunya.
