Robinson sostuvo que el cambio busca que partidos e independientes consigan "financiamiento realmente del pueblo, de los empresarios", en lugar de depender del aporte estatal. Papel en mano, el diputado de Bocas del Toro pidió además a la Contraloría General una auditoría forense de los fondos recibidos por todas las organizaciones políticas en los últimos 15 años, "incluyendo al partido nuestro", periodo que, explicó, corresponde al tiempo que lleva administrando el PRD.
"He solicitado eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que la Contraloría realice una auditoría forense de los últimos 15 años a todas las organizaciones políticas, incluyendo al PRD, mi propio partido, porque también tiene que rendir cuentas", escribió Benicio Robinson, presidente del PRD, en su cuenta de la red social X.
La iniciativa surge en medio del choque entre bancadas por el futuro del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral. Mientras Robinson y Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas (RM) y secretario general de la Comisión de Gobierno, impulsan que el segundo debate arranque de inmediato, otros diputados consideran que no es el momento, en medio de la emergencia social y económica que dejó el terremoto del 9 de octubre en cuatro provincias del país, como se reportó en el choque de bancadas que suspendió el segundo debate de las reformas. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el PRD se había opuesto a las propuestas para reducir el subsidio.
El PRD, mayor receptor desde 1999
Las cifras del Tribunal Electoral muestran que el PRD ha sido uno de los mayores receptores del subsidio desde su creación en 1999. El monto total asignado por este concepto asciende a al menos $339.5 millones, un financiamiento atado al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central que, según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, creció 626% entre 1999 y 2024, mientras el padrón electoral apenas aumentó 33% y el número de partidos se redujo a la mitad. El costo por elector inscrito pasó de $6.64 en 1999 a $36.29 en la actualidad.
Sin contar el poselectoral del quinquenio 2009-2014, cuyos datos no están disponibles en los registros públicos del Tribunal Electoral, el PRD habría recibido al menos $78.1 millones desde 1999, equivalentes a cerca de $23 de cada $100 destinados al subsidio electoral en ese periodo. Tras las elecciones de 1999, con 403,649 votos presidenciales, el partido obtuvo $3.1 millones de poselectoral, el monto más alto de ese reparto. En 2004 el total ascendió a $5.2 millones con 649,157 votos, y para el quinquenio 2014-2019 el PRD recibió $12.4 millones.
Tras las elecciones de 2019, en las que el PRD fue el más votado con 579,462 votos, le correspondieron $14.6 millones de poselectoral y $12.38 millones de preelectoral para la campaña de 2024, el monto más alto de preelectoral entre todos los partidos. El resultado de mayo de 2024, sin embargo, redujo su poselectoral a $6.48 millones para el quinquenio 2024-2029, menos de la mitad que en el periodo anterior.
Consultada sobre el planteamiento de Robinson, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió sobre los riesgos de depender exclusivamente de fondos privados.
"La evidencia global demuestra que depender solo de fondos privados para el financiamiento político subasta el Estado al mejor postor. El modelo mixto, fondos públicos y aportes privados, equilibrado a través de topes de gasto rigurosos y transparencia total del origen de los fondos, es el único marco que logra conciliar la competencia electoral justa con la integridad pública", afirmó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La organización había presentado previamente una propuesta para revisar el criterio vigente del 1% de los ingresos corrientes, con la alternativa de reducir el financiamiento público electoral a la mitad en lugar de eliminarlo por completo. El subsidio se suma a otros puntos de fricción en el proyecto 699, como el cambio impulsado por la Comisión de Gobierno para trasladar la representación legal de los partidos de la secretaría general a la presidencia, disputa que dentro del propio PRD enfrenta a Robinson con Balbina Herrera, secretaria general y representante legal del colectivo desde el 23 de noviembre de 2025. Robinson afirmó que la reforma se presentará cuando el pleno discuta el proyecto, sea "hoy", "mañana" o "el viernes".
