El titular de Relaciones Exteriores detalló que la Cancillería peruana ha registrado 430 casos notificados por familiares, de los cuales logró verificar formalmente 344 expedientes. Entre estos, 132 corresponderían a peruanos que se mantendrían en servicio activo dentro de las fuerzas rusas. Espá no precisó la fecha de los fallecimientos reportados.
El canciller explicó que el reclutamiento se habría ejecutado en territorio peruano a través de intermediarios que financiaron los traslados hacia Europa y promovieron la firma de contratos militares redactados en idioma extranjero, un esquema que las víctimas y sus familias han descrito ante la Fiscalía como un engaño con fines distintos a los pactados inicialmente.
Según el funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene abiertas gestiones consulares para obtener reportes oficiales de las autoridades rusas sobre el resto de los casos pendientes de esclarecer. La última vez que el Ejecutivo peruano había ofrecido cifras sobre connacionales captados para el frente de guerra fue el 9 de agosto, un intervalo de más de dos meses que las familias de las víctimas han cuestionado reiteradamente.
Abogado eleva la cifra a 1,200 captados
El abogado que representa a las familias de los afectados, Percy Salinas, indicó este martes a la agencia EFE que la cantidad real de peruanos captados por Rusia llegaría hasta 1,200, una cifra muy superior a la reconocida oficialmente por la Cancillería. Salinas sostuvo que el Ejecutivo no está comunicando la magnitud real del problema.
Salinas atribuyó parte de la confusión al cambio de Gobierno ocurrido el 28 de julio, cuando asumió la presidenta Keiko Fujimori, lo que habría dejado a la Cancillería con personal mayoritariamente nuevo. Según el abogado, funcionarios recién llegados han estado citando a familias para informarles que su allegado figura como desaparecido, un dato que ya se les había comunicado meses atrás, mientras que de centenares de casos todavía no existe información alguna.
En abril, un centenar de familias presentó denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos de trata de personas, al sostener que sus allegados fueron captados mediante engaños, con promesas de empleo civil y pagos generosos en dólares, pero que al llegar a Rusia fueron enviados directamente al frente de batalla. Desde entonces se han sumado más denunciantes al proceso y las familias han protagonizado plantones frente a la Cancillería peruana y la Embajada de Rusia en Lima para exigir información sobre el paradero de sus parientes.
Según las denuncias, el Ejército ruso retira el pasaporte y el teléfono celular a los reclutados al incorporarlos a sus filas. El caso peruano se suma al de otras nacionalidades latinoamericanas afectadas por la captación de combatientes para el frente ucraniano, un fenómeno que ha movilizado a organizaciones de derechos humanos en la región, como las que reclaman una reforma del sistema judicial venezolano.
De los 430 casos notificados por familiares, la Cancillería mantiene 86 expedientes pendientes de verificación formal, mientras las gestiones consulares con las autoridades rusas sobre los peruanos capturados o desaparecidos siguen abiertas, según expuso Espá ante la Comisión de Constitución.
