La norma regula de manera integral toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración en zonas terrestres y en aguas profundas hasta el transporte y la venta final de combustibles. El texto parte de un principio que no cambia: los yacimientos en territorio cubano "son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad", según recoge la propia ley.
El director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, explicó que el objetivo de la actualización legal es "crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural", además de "elevar las reservas" para intentar cubrir "la demanda nacional de combustibles y sus derivados".
La ley habilita que "personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras" participen en las actividades petroleras a través de tres modalidades: contrato de producción compartida, concesión petrolera y contrato de servicios petroleros. Abigantus detalló que la apertura "abarca una cadena de valor que comienza con la exploración y extracción de hidrocarburos", pero que el propósito es que el sector "no dependa únicamente de la incorporación de capital para las operaciones extractivas" y pueda "movilizar capacidades nacionales" en los servicios asociados a la industria.
El economista Omar Everleny matiza el alcance real de la reforma. Aunque reconoce que la ley "trata de organizar y normalizar todo lo que tiene que ver con petróleo y gas de exploración", sostiene que el Estado cubano mantiene "un control muy rígido" y "una hipercentralización" sobre estos recursos.
"Es decir, todos los permisos de cualquier cosa que se quiera hacer, tienen que ser al más alto nivel de Gobierno (…) que sigue con una retórica de mucho control", aseveró el economista Omar Everleny.
Everleny añade que, pese a que la norma habla de empresas naturales y jurídicas como potenciales concursantes, en la práctica el negocio petrolero "es de grandes empresas", lo que deja fuera de la ecuación a buena parte del tejido privado surgido en la isla en los últimos años.
El cuello de botella financiero
El economista cubano Daniel Torralbas coincide en que la reforma legal no resuelve el problema de fondo. Según explicó, "la autorización normativa no va a resolver el cuello de botellas financieros, porque este es un tipo de actividad que es intensiva en capital". El sector privado cubano, subraya, "por definición es pequeño" frente a una industria que exige "invertir mucho dinero, una cantidad considerable en tecnología, en maquinaria y en formación".
"Esta es una actividad para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala y la economía cubana no van a poder cubrir la necesidad de financiamiento que eso necesita", afirmó el economista Daniel Torralbas.
Torralbas identifica, no obstante, un eslabón donde sí ve margen de crecimiento para los privados cubanos: "Donde sí puede ampliarse la participación del sector privado en la cadena de valor del petróleo es en lo que ya ha empezado a invertir: la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles", remarcó.
Esa vía ya opera de facto. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de combustibles de ese país hacia Cuba alcanzaron los $231.7 millones en lo que va de 2026, un flujo impulsado sobre todo por empresas privadas cubanas que importan diésel y gasolina para abastecer el transporte y sus propios negocios.
Bloqueo petrolero y sanciones de Washington
La reforma llega en un contexto de asfixia energética. Cuba atraviesa apagones de más de 20 horas diarias, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que cortó las importaciones de crudo a la isla. Washington reforzó además en mayo las sanciones contra quienes mantengan negocios con el Gobierno cubano, lo que ha disuadido a inversionistas extranjeros históricos en el sector.
Entre ellos figura la minera canadiense Sherritt International, que tras tres décadas de presencia en la isla suspendió su participación directa en las empresas mixtas Moa Nickel y Energas. El episodio ilustra el riesgo que enfrenta Cuba al intentar atraer capital extranjero para el petróleo y el gas justo cuando el entorno de sanciones se endurece.
La ley petrolera se suma a otras reformas económicas recientes en la isla, en un momento en que figuras vinculadas al poder cubano han planteado aperturas adicionales, como la posibilidad, anunciada por un nieto de los hermanos Castro, de que Cuba abra la inversión a cubanos residentes en el exterior. La actualización de la ley de hidrocarburos entró en vigor este lunes sin que el Gobierno cubano haya anticipado plazos para atraer los capitales de gran escala que, según los economistas citados, el sector realmente necesita.
