El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, cuestionó que el proceso se limite a sustituir a los integrantes del máximo tribunal sin tocar el resto del aparato de justicia. Según explicó, el sistema venezolano ha sido «sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos», pero no para atender las necesidades de la ciudadanía.
"De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas", subrayó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.
Himiob insistió en que la reconstrucción del sistema debe partir «desde sus mismas bases» y pasa por que el TSJ quede integrado por personas en las que la ciudadanía confíe. También pidió revisar el Código Penal venezolano, al que calificó de anacrónico, así como derogar las leyes que, en su criterio, han operado como herramientas de persecución política contra opositores.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, respaldó ese planteamiento al sostener que el sistema judicial del país «todavía sigue siendo un instrumento de persecución política» y «parte de la maquinaria represiva».
"Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes", afirmó Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.
El pronunciamiento de la ONG llega mientras el Parlamento, bajo control del chavismo, avanza en la selección de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, el organismo encargado de evaluar y preseleccionar a los futuros magistrados del TSJ. En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma que amplió de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en ese comité, presentada como respuesta a un acuerdo con un sector de la oposición que mantiene diálogo con el chavismo, con el propósito declarado de dar mayores garantías de independencia a la elección de los nuevos jueces.
El actual TSJ ha sido cuestionado por la oposición, que acusa a sus integrantes de alinearse con el chavismo y de haber convalidado el resultado proclamado a favor del entonces gobernante Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral. En el mismo acto, centrado en el futuro de la administración de justicia, participó el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Rafael Badell.
