Herrera, Los Santos y el sur de Veraguas enfrentan así una doble exposición hídrica: una crisis de contaminación que data de mayo de 2025 y otra de infraestructura provocada por el sismo de este mes. Ambas comparten un mismo núcleo de población rural, dependiente en gran medida de sistemas comunitarios de abastecimiento que no siempre cuentan con capacidad técnica para resolver daños estructurales por sí solos.
El balance del Minsa documenta 24 sistemas de acueductos rurales dañados por el terremoto del 9 de octubre, de los cuales 22 ya volvieron a funcionar tras labores de inspección, reparación de tuberías y restablecimiento del suministro. Los dos casos pendientes —Malena, en el sur de Veraguas, y Furniales— permanecen sin acceso a sus tomas de agua por deslizamientos que afectaron el terreno. Residentes de Malena confirmaron que el acueducto comunitario sigue sin poder habilitarse.
Mientras se resuelven esos casos, el Minsa distribuyó soluciones provisionales: tres tanques de 10 mil litros cada uno para las comunidades de Cerrillos de Santa Fe, Quebrada Grande de Río Grande y San José, en el distrito de Soná, además de 255 pastillas de cloro repartidas en 20 comunidades para reforzar la desinfección del agua de consumo humano. La institución coordina también la entrega de tuberías para Tebario Abajo y San José, y de materiales para continuar reparaciones en Carrizal, Madre Vieja y Farfán.
Houdinis Rodríguez, jefe regional del Departamento de Agua Potable, aseguró que los equipos mantienen presencia en las comunidades para recuperar el suministro. La tarea no se limita a reparar tuberías: exige además llegar físicamente a las tomas de agua, algunas de las cuales siguen inaccesibles por los daños que dejó el sismo en el terreno. En las zonas rurales de Azuero, restablecer el servicio equivale a recuperar una condición básica de la vida cotidiana.
Daños en los acueductos de Herrera
En Herrera, el temblor también dejó daños en los sistemas que abastecen a comunidades rurales. El Minsa inspecciona los acueductos, toma muestras para evaluar la calidad del agua y distribuye pastillas de cloro, al tiempo que repara casetas colapsadas, tanques de reserva y tuberías de conducción. Las intervenciones alcanzan a comunidades de Los Pozos, Ocú, Las Minas y Pesé, entre ellas Pitaloza Arriba y Pitaloza Abajo, El Cedro, Llano Arriba y Llano Abajo, Quebrada de Agua y El Ciprián.
El personal del Minsa verifica además los tanques de hospitales y centros de salud, y orienta a las juntas administradoras de acueductos rurales sobre las adecuaciones necesarias tras los movimientos sísmicos. En una provincia donde cientos de comunidades dependen de estos sistemas, recuperar el suministro implica también garantizar que el agua llegue a las viviendas en condiciones seguras para el consumo humano.
Panamá cuenta con aproximadamente 5,397 sistemas de acueductos rurales, de los cuales unos 2,830 están administrados por organizaciones comunitarias reconocidas legalmente como juntas administradoras de acueductos rurales (JAAR). Desde el 5 de diciembre de 2014, cuando se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 1839, estas organizaciones cuentan con un marco regulatorio que las define como corresponsables del Estado en la administración, operación, mantenimiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en zonas rurales, mientras parte de la fiscalización corresponde al Minsa.
644 sistemas expuestos al sismo
En Herrera, Los Santos y el sur de Veraguas, esa corresponsabilidad recae sobre cientos de comunidades hoy expuestas a las consecuencias del terremoto. Herrera cuenta con 267 acueductos rurales; Los Santos, con 226, y el sur de Veraguas —que agrupa a Mariato, Montijo y Soná— con 151. En conjunto suman unos 644 sistemas cuya fragilidad estructural adquiere otra dimensión tras el sismo: cualquier daño en tanques, tuberías o tomas de agua puede comprometer el suministro de poblaciones que no tienen alternativa de abastecimiento.
La primera crisis del agua en Azuero comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná obligó a suspender la operación de varias plantas potabilizadoras que abastecen a Herrera y Los Santos. Las autoridades señalaron entre los factores de contaminación los residuos orgánicos de explotaciones porcinas, junto con aguas residuales y desechos agrícolas que representan riesgos adicionales para las fuentes hídricas de la región.
Aunque las potabilizadoras retomaron sus operaciones, la emergencia sanitaria persistió y alrededor de 150 mil personas quedaron bajo la restricción de no consumir directamente el agua de la red, una medida que año y medio después sigue vigente. La contaminación de cuencas por actividad agropecuaria, en una región de fuerte tradición ganadera y porcina, no se ha resuelto de manera estructural, según los reportes disponibles.
La coincidencia de ambas crisis agrava el panorama para comunidades que ya arrastraban restricciones sanitarias antes del sismo. Mientras persiste la emergencia por contaminación en las redes de Herrera y Los Santos, los acueductos rurales de la misma región cargan ahora con los daños estructurales del terremoto, en un contexto de recursos limitados y dependencia de la gestión comunitaria. El patrón recuerda a otras emergencias de salud pública de la región que tensan sistemas básicos, como la que atraviesa Estados Unidos con nuevas sustancias ligadas al fentanilo, aunque de naturaleza distinta.
El Minsa mantiene personal desplegado en las zonas rurales de Herrera, Los Santos y el sur de Veraguas, con la rehabilitación de los acueductos de Malena y Furniales como el pendiente más urgente, condicionada a que se habiliten los accesos a las tomas de agua bloqueadas por los deslizamientos del sismo del 9 de octubre.
