Ramírez fue vinculado en 2022 a una red dedicada al tráfico de drogas que operaba mediante botes de pesca artesanales, una modalidad asociada a la ruta del Pacífico panameño como punto de trasiego hacia Centroamérica y el Caribe. La organización fue desarticulada en octubre de ese año a través de la operación Tocumen, aunque Ramírez permanecía entonces prófugo de las autoridades panameñas.
Las autoridades colombianas lo detuvieron en noviembre de 2023, después de que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales solicitara su extradición por la vía de la Cancillería al conocerse su paradero en ese país. La búsqueda se activó a raíz de la alerta emitida por Panamá, y Ramírez fue finalmente ubicado en Cali cuando pretendía obtener una membresía para un gimnasio bajo una identidad falsa.
Según las autoridades colombianas, se desplazaba bajo el nombre de Juan Pablo Benítez Aragón hacia Cartagena, Barranquilla y Cali, ciudades en las que presuntamente mantenía conexiones con redes ligadas al tráfico de drogas. El uso de identidades suplantadas para moverse entre jurisdicciones es un patrón recurrente en estructuras de narcotráfico que operan entre el istmo y el territorio colombiano.
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas liga a Ramírez con la pandilla Calor Calor, señalada por las autoridades panameñas como actora del microtráfico y la logística local del narcotráfico. Según las pesquisas, Ramírez habría facilitado conexiones entre esa pandilla y redes colombianas para sostener el flujo de droga hacia el istmo.
El expediente recoge un episodio anterior: el 28 de septiembre de 2009, durante un operativo en Campo Lindbergh, a Ramírez se le incautó la suma de $1 millón en efectivo sin que pudiera justificar su procedencia. Ese hecho, según las autoridades, está en el origen de las sospechas sobre su patrimonio y terminó alimentando la causa por blanqueo de capitales.
Ramírez enfrenta dos condenas: una por el delito de pandillerismo y otra por blanqueo de capitales, derivadas de causas tramitadas ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales antes de llegar a la instancia de casación. El rechazo del recurso por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales cierra, en principio, la vía ordinaria de impugnación que le quedaba a la defensa.
El alcance de un recurso de casación
La casación es un recurso extraordinario que no revisa los hechos probados en juicio, sino errores de derecho en la aplicación de la ley o en el procedimiento. Al declararlo improcedente, el tribunal no entra a valorar de nuevo las pruebas que sustentaron las condenas, sino que confirma que el recurso presentado por Fonseca Barrios & Asociados no reunía los requisitos formales o sustantivos para prosperar.
El caso se inscribe en un patrón más amplio de persecución penal contra estructuras de tráfico de drogas con ramificaciones binacionales, en el que la cooperación judicial entre Panamá y Colombia ha resultado determinante para la localización y captura de prófugos que recurren a identidades falsas. La extradición desde Colombia, solicitada por Panamá a través de la Cancillería, es el instrumento que permitió traer a Ramírez ante los tribunales panameños.
El seguimiento al patrimonio de personas vinculadas a estructuras criminales conecta con debates más amplios sobre fiscalización que han ocupado a las instituciones panameñas, como lo recoge un análisis que pide reforzar las competencias de la Antai sobre conflictos de intereses, aunque en este caso el proceso se circunscribe estrictamente al ámbito penal.
El edicto 2023 notifica formalmente a las partes la decisión del tribunal y marca el agotamiento de la vía de casación en este expediente. Con el rechazo del recurso, el proceso contra Dángelo Ramírez por pandillerismo y blanqueo de capitales queda confirmado en la instancia que la defensa había impugnado.
