Entre los aprehendidos figuran funcionarios, docentes, exdocentes y particulares presuntamente vinculados con el esquema investigado. El operativo fue dirigido por la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, mediante más de 25 allanamientos en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste.
Las autoridades precisaron que las actuaciones judiciales corresponden a causas investigadas durante este año y están relacionadas con presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva. La Procuraduría confirmó las 18 aprehensiones de esta nueva fase, sin precisar el número total de personas que podrían estar vinculadas con las causas en curso.
La intervención de este lunes da continuidad a la Operación Credenciales 1.0, ejecutada el 26 de agosto pasado, cuando se practicaron las primeras aprehensiones por un presunto esquema de falsificación de documentos académicos y manipulación de información para favorecer nombramientos docentes. En aquella fase, el Ministerio Público presentó cargos contra 23 personas por blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión, durante una audiencia seguida a docentes y funcionarios investigados.
Las pesquisas de esa primera etapa, elaboradas por la División de Crimen Organizado de la DIJ con datos suministrados por el Meduca y la Fiscalía, identificaron hasta 400 docentes que presuntamente habrían utilizado documentos falsificados para mejorar sus puntuaciones en el sistema de selección y reclutamiento del ministerio. La investigación señaló a tres funcionarios del área de informática del Meduca como presuntos responsables de incorporar registros de profesores que supuestamente habían cursado estudios en la Universidad de Cartago, institución cerrada en 2014.
Una docente como presunta intermediaria
Según explicó en agosto la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, una docente habría actuado como intermediaria: contactaba a interesados en ingresar al sistema educativo y gestionaba la obtención de diplomas que luego se hacían valer en los concursos para plazas de maestros o profesores. La Fiscalía estimó que el trámite tenía un costo promedio de $4,000 por persona, y que quienes no disponían del dinero eran remitidos a una financiera para solicitar préstamos, mientras quien gestionaba los documentos cobraba comisiones por captar nuevos clientes.
El Ministerio Público calculó en aquella fase una lesión patrimonial de $767,687 al Meduca, derivada de los salarios pagados a docentes que presuntamente habían obtenido sus nombramientos mediante documentación irregular. Las autoridades también identificaron $70,000 en cuentas bancarias de uno de los investigados, fondos que, según su hipótesis, podrían estar relacionados con las actividades ilícitas.
Las presuntas irregularidades en centros educativos públicos coinciden con otros procesos abiertos en el sector, como el que llevó a la Corte Suprema a declarar a Udelas en desacato por segunda vez en dos meses. La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.
