Cada sentencia favorable ordena a la Caja de Seguro Social (CSS) el pago de $25 mil por daño moral derivado de la falta de seguridad en los medicamentos elaborados por el extinto Laboratorio de Producción de Medicamentos. Los fallos incluyen además disculpas públicas por escrito a cada afectado, que deben permanecer publicadas en el sitio web y las redes sociales de la institución, y la construcción de un monumento con una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas reconocidas en la sede de la Ciudad de la Salud.
La Corte también exige a la CSS habilitar en su portal una sección exclusiva para los casos de dietilenglicol, con un mapa interactivo por provincia que mantenga actualizado el estado de cada demanda. De los 34 fallos que la entidad confirma haber recibido, solo siete han sido pagados; otros cinco permanecen pendientes porque la firma que representa a los beneficiarios no ha presentado el poder requerido para tramitar el cheque, y los beneficiarios tampoco han acudido a retirarlo.
La CSS informó que habilitó una partida presupuestaria especial, con un fondo inicial de $300,000, para atender a los primeros 12 casos validados, y que adelanta gestiones para un traslado de partidas que permita indemnizar a otras 12 víctimas cuyas sentencias ya fueron notificadas.
La tragedia se remonta a 2004, cuando la empresa china Taixing Glycerin Factory envió a Panamá un compuesto declarado como glicerina que en realidad contenía un alto porcentaje de dietilenglicol, sustancia usada como refrigerante para autos. La CSS compró ese insumo a un proveedor extranjero y con él el laboratorio elaboró jarabes y cremas de uso tópico que se despacharon en todo el país, incluidas las comarcas, mediante recetas firmadas por médicos.
La investigación del Ministerio Público, abierta de oficio en octubre de 2006 por la fiscalía Auxiliar tras los primeros fallecimientos, estableció que la CSS había emitido 110 mil recetas de los medicamentos contaminados. Dada la magnitud del caso, el Ministerio Público creó la Fiscalía Superior Especial, dedicada en exclusiva a las pesquisas sobre la compra, fabricación, distribución y efectos de esos fármacos. Las irregularidades detectadas derivaron en el cierre del laboratorio y el retiro de 17 medicamentos del cuadro básico.
Según cifras oficiales citadas al cierre de la investigación en 2010, la contaminación provocó cerca de 800 muertes y dejó secuelas permanentes en otras 1,300 personas. La CSS ordenó entonces recolectar los frascos distribuidos y alertó a la población sobre el riesgo, una advertencia que llegó tarde para cientos de pacientes que ya habían consumido los productos.
Reclamo de víctimas por la lentitud
El Comité por el Derecho a la Salud y la Vida ha expresado su malestar por el ritmo de resolución de los expedientes en la Sala Tercera. Su vocero, Gabriel Pascual, sostiene que la Corte está en mora y cuestiona el monto de las indemnizaciones, que califica de "irrisorios".
"Los expedientes deben avanzar, ya sabemos que hay un responsable, que es el Estado, y hoy las víctimas lo que aspiran es que les permitan vivir de manera honrosa y vigorosa en su entorno familiar", Gabriel Pascual, vocero del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida.
El caso del dietilenglicol se suma a una serie de procesos judiciales que recaen sobre la misma institución, entre ellos el que mantiene hospitalizado a Enrique Lau, exdirector de la CSS imputado por blanqueo, en un expediente distinto al de las demandas por el tóxico.
