Rego y Maíllo fuerzan la agenda saharaui en el Ejecutivo
La ministra Sira Rego, que ocupa la cartera de Juventud e Infancia como cuota de Izquierda Unida dentro del Ministerio de Derechos Sociales, utilizó sus redes sociales y declaraciones públicas para denunciar lo que describió como un 'asesinato intolerable' cometido contra integrantes del Frente Polisario. Sus palabras, pronunciadas desde una posición ministerial aunque referidas a política exterior —competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares—, colocan a Sumar y a IU en una posición de tensión directa con el ala socialista del Gobierno.
Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y uno de los dirigentes más activos en la defensa de la causa saharaui dentro del espacio político de la izquierda española, fue más explícito en sus exigencias: reclamó que el Ejecutivo emita una condena formal dirigida a Marruecos y que dicha postura quede reflejada en los canales diplomáticos ordinarios. Maíllo no especificó si esa condena debería articularse a través de una nota verbal, una convocatoria del embajador marroquí en Madrid o una declaración en sede parlamentaria, pero el tono de su demanda apunta a que cualquier respuesta de baja intensidad será insuficiente para IU.
La política de 'página nueva' con Rabat, bajo presión interna
El contexto en el que se producen estas declaraciones es determinante para calibrar su alcance político. En marzo de 2022, el Gobierno de Sánchez comunicó a Marruecos, mediante una carta cuyo contenido trascendió a la prensa antes de que el Congreso fuera informado, que España apoyaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como 'base más seria, creíble y realista' para la resolución del conflicto. La decisión supuso un giro de 180 grados respecto a la histórica posición española de neutralidad activa y desencadenó una de las mayores crisis de coalición de la legislatura anterior, con Yolanda Díaz y la entonces cúpula de Unidas Podemos mostrando su rechazo público.
Desde entonces, las relaciones hispano-marroquíes se han normalizado en términos comerciales y de cooperación en materia migratoria, pero la cuestión del Sáhara permanece como un foco de inestabilidad latente dentro del propio Ejecutivo. España es el segundo socio comercial de Marruecos en la Unión Europea, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat, 2023), y los intercambios bilaterales superaron los 15.000 millones de euros anuales en el período previo a la pandemia, lo que otorga a la relación económica un peso que el Ejecutivo no puede ignorar al valorar el coste de cualquier condena pública.
Qué es el Frente Polisario y cuál es su estatus jurídico
El Frente Polisario fue reconocido por la Organización para la Unidad Africana —hoy Unión Africana— como representante legítimo del pueblo saharaui en 1984, y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que proclama cuenta con el reconocimiento diplomático de más de ochenta Estados, aunque ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU la ha reconocido formalmente. Naciones Unidas considera el Sáhara Occidental un 'territorio no autónomo pendiente de descolonización', una categoría que figura en la lista actualizada que mantiene el Comité Especial de Descolonización y que implica obligaciones para la potencia administradora, España, que nunca transfirió formalmente la soberanía del territorio.
Este limbo jurídico es precisamente el que el Polisario ha utilizado durante décadas para reclamar ante los tribunales internacionales, con resultados desiguales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2016 y ratificó en sentencias posteriores que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, lo que ha generado una tensión permanente entre la jurisprudencia comunitaria y la práctica política de los Estados miembros, España incluida.
Precedente: la crisis de 2022 y el mapa de alianzas en la izquierda
La situación actual guarda un paralelismo notable con la de la primavera de 2022, cuando el giro diplomático de Sánchez fracturó públicamente la coalición de Gobierno. En aquella ocasión, Unidas Podemos votó en contra de la posición del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados en una moción de reprobación, un hecho sin precedentes en la historia de los ejecutivos de coalición de la democracia española desde la Transición. El episodio puso de manifiesto que la política exterior hacia el Magreb actúa como un diferenciador ideológico de primer orden dentro del espacio de la izquierda, donde la solidaridad con el pueblo saharaui forma parte del acervo histórico de organizaciones como IU desde los años ochenta.
La diferencia respecto a 2022 es que ahora Sumar, heredera de aquel espacio, participa en el Gobierno con carteras ministeriales. Eso convierte cualquier declaración de un ministro o ministra de esa fuerza en un hecho de mayor peso institucional, pero también en un elemento que puede ser utilizado por el PSOE para exigir disciplina de coalición. La tensión entre la autonomía política de Sumar e IU y las exigencias de cohesión del Ejecutivo está en el núcleo del problema.
La posición de Exteriores y el silencio institucional
Esa ausencia de respuesta —que en la práctica equivale a no tomar posición pública— es coherente con la doctrina que el Gobierno ha seguido desde 2022: mantener el nuevo marco de relaciones con Marruecos sin introducir perturbaciones que pudieran reactivar las fricciones diplomáticas. Rabat, por su parte, no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente denunciado por Rego y Maíllo.
La ausencia de respuesta gubernamental es también una respuesta en sí misma desde el punto de vista de la señal que se envía a Argelia, potencia regional que mantiene relaciones tensas con Marruecos, que financia y acoge en su territorio los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, y que rompió relaciones diplomáticas con Rabat en 2021. España tiene intereses energéticos relevantes con Argelia —el gasoducto Medgaz, que conecta Beni Saf con Almería, suministró en 2022 y 2023 una parte significativa del gas natural importado por España, según datos de Enagás— lo que añade una capa de complejidad a cualquier movimiento en el tablero magrebí.
El marco parlamentario y las opciones de IU y Sumar
Más allá de las declaraciones públicas, Izquierda Unida y Sumar disponen de instrumentos parlamentarios para forzar un debate sobre la cuestión. En el Congreso de los Diputados, pueden presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a condenar el ataque, solicitar la comparecencia del ministro Albares en la Comisión de Asuntos Exteriores, o plantear preguntas orales al presidente del Gobierno en el pleno. Cualquiera de estas vías permitiría al grupo parlamentario de Sumar visibilizar su posición sin romper formalmente la disciplina de coalición, aunque obligaría al PSOE a posicionarse explícitamente.
El reglamento del Congreso establece plazos tasados para la tramitación de este tipo de iniciativas: las preguntas orales en pleno se incluyen en el orden del día de la sesión siguiente si se presentan antes del cierre del plazo fijado por la Mesa, mientras que las comparecencias en comisión pueden demorarse semanas dependiendo de la agenda. La ventana de oportunidad para que el asunto mantenga relevancia mediática es, por tanto, estrecha, lo que explica la urgencia con la que tanto Rego como Maíllo han tomado la palabra.
Qué ocurre a partir de ahora: plazos y escenarios
En las próximas horas y días, el desarrollo de la noticia dependerá de tres variables principales. La primera es si el Ministerio de Exteriores rompe su silencio con algún tipo de declaración, aunque sea de mínimos, sobre el incidente. La segunda es si Sumar traslada la presión al ámbito parlamentario mediante alguna de las iniciativas descritas. La tercera, y más determinante a medio plazo, es si se confirman y detallan públicamente las circunstancias del ataque denunciado, lo que podría ampliar el eco mediático e internacional del asunto.
El Gobierno afronta además el contexto de la presidencia rotatoria española del Consejo de la UE —ya concluida en diciembre de 2023— y las negociaciones en curso sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en las que Marruecos desempeña un papel de contención de flujos migratorios que ninguna cancillería europea quiere comprometer. Ese equilibrio estructural es el que, en última instancia, determina los márgenes reales de acción del Ejecutivo español ante cualquier incidente en el Sáhara Occidental, con independencia de las exigencias que lleguen desde su propio flanco izquierdo.
