El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha acusado al Gobierno central de actuar contra el «sinfín de medidas» de contención impulsadas por el Ejecutivo autonómico y ha señalado que Madrid ve los aeropuertos de las islas como «cajas registradoras». Sagreras ha vinculado la polémica con el hecho de que el Estado sea propietario del 50% de Aena y ha recordado la oposición previa del PSIB —y el posterior intento de veto del Gobierno central— a la ley de cogestión aeroportuaria.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su «firme oposición» a que la inversión sirva para «maximizar la capacidad recaudatoria» de Aena, a la que ha acusado de actuar «contra los intereses de los baleares». Según Apesteguia, la gestora prioriza «sacar el máximo beneficio» de las instalaciones baleares para «compensar las instalaciones deficitarias» de la red y «repartir dividendos» entre sus accionistas, en lugar de destinar la inversión a mejorar la comodidad y accesibilidad de los aeropuertos para residentes y trabajadores.
El diputado ha responsabilizado de la situación a la privatización parcial de Aena iniciada por el PP, un proceso que el PSOE «no habría revertido», lo que —a su juicio— desmonta el «falso discurso» socialista contra la masificación turística. Aena salió a Bolsa en febrero de 2015 con la venta del 49% del capital, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy; el Estado conserva el 51% a través de Enaire. Més per Mallorca ha anunciado que hará «lo que esté a su alcance» para frenar el plan.
El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha calificado al Gobierno central de estar «desconectado» de la realidad balear y ha expresado una oposición «frontal» a lo que ha definido como una «carrera loca» hacia el «crecimiento infinito» que aboca a las islas al «colapso». Castells sostiene que la gestión de Aena bajo distintos gobiernos de PP y PSOE ha dejado a los baleares «totalmente vendidos», porque en Madrid «se creen que más turistas es bueno para Baleares».
Por parte de Unidas Podemos, el diputado José María García ha definido el DORA III como «un paso atrás» y «una desgracia», al no incluir una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca pese a que la actual —según ha denunciado— es «la más antigua» en funcionamiento, presenta «goteras» y ha sufrido «desprendimientos» que habrían provocado accidentes laborales. Su formación llevará una proposición no de ley al Congreso para reclamar su sustitución.
La representante de Vox, Manuela Cañadas, no ha fijado una posición cerrada sobre el documento, aunque ha criticado la «incoherencia» de un PSOE que invierte en ampliar aeropuertos para «llenar las islas con millones de turistas» mientras el PSIB participa en manifestaciones contra la masificación. El debate llega mientras el Gobierno afronta otras fricciones territoriales, como la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
Pons defiende una «estimación» técnica de Aena
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha sostenido que el DORA III refleja una «estimación» de Aena basada en las dinámicas económicas y legislativas vigentes, y ha argumentado que la gestora no tiene «nada» que le indique una caída del tráfico turístico. Pons ha asegurado que «ninguna medida» del Govern ha sido «efectiva», citando el Pacto por la Sostenibilidad —del que «no se sabe cómo acabó»—, la falta de un incremento del ITS, la persistencia de la oferta ilegal y la ausencia de restricciones a la compra de segundas residencias.
«Ninguna medida del Govern ha sido efectiva. Al gestor aeroportuario no hay nada que le haga pensar en una bajada del tráfico de turistas en Baleares», sostuvo Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB en el Parlament.
Pons ha interpelado al Govern para saber si está dispuesto a «hacer fracasar» las previsiones de Aena, para lo cual —según ha planteado— habría que adoptar «ciertas decisiones» contra la saturación turística. Sagreras ha respondido acusando a Pons de «malabarismos dialécticos» y ha argumentado que, si la teoría de las estimaciones automáticas de Aena fuera cierta, los aeropuertos ya se habrían ampliado en legislaturas anteriores, cuando el número de turistas «aumentó exponencialmente»; por ello considera que el plan choca con las «políticas de contención» impulsadas por su partido en el Govern.
