El freno judicial se conoció el miércoles, cuando la Audiencia Nacional paralizó el proyecto de campamento en el puerto de Ceuta que el Gobierno había diseñado para alojar a parte de los migrantes llegados en las últimas semanas. El Ejecutivo mostró su perplejidad ante la decisión, que deja sin efecto uno de los planes logísticos con los que Moncloa pretendía descongestionar las calles de la ciudad autónoma.
Puente vinculó ese revés judicial a lo que considera una estrategia deliberada de obstrucción, en la que situó también la negativa del PP a autorizar el traslado de menores migrantes a la Península. El ministro no precisó qué agentes concretos integrarían esa presunta campaña, más allá de la referencia explícita al Partido Popular y a la resolución de la Audiencia Nacional.
«El Gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione, es decir, que lo que quieren es que esto se enquiste», declaró Óscar Puente, ministro de Transportes.
Puente calificó la postura del PP como «el modus operandi habitual» de la formación «cada vez que hay una crisis», y reservó sus palabras más duras para quienes, a su juicio, ponen «palos en la rueda». «Se les debería caer la cara de vergüenza», afirmó el ministro, que resumió su valoración con otra frase: «Ceuta les importa un bledo».
La tensión sobre el traslado de menores no es nueva. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había pedido alejar los asentamientos de zonas residenciales, una petición que Moncloa rechazó alegando que «no se puede aislar a los migrantes». El desacuerdo enfrenta desde hace semanas al Gobierno central con administraciones gobernadas por el PP sobre dónde y cómo acoger a quienes siguen en las calles.
El campamento del puerto se enmarca en una respuesta que el Ejecutivo ha ido ampliando. El presidente Pedro Sánchez elevó a 10.000 las plazas de acogida en la ciudad y previó fijar un mando único de gestión a finales de año, en un intento de ordenar una respuesta marcada por la descoordinación entre administraciones.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había pedido por su parte a la Unión Europea que presionara para resolver el «desastre» de la frontera sur, en una crisis que se ha convertido en uno de los frentes más visibles de la política migratoria del Gobierno.
El bloqueo judicial al campamento añade una nueva variable a un escenario ya tensionado por el desacuerdo sobre el alojamiento de los migrantes, mientras el Gobierno insiste en que el retraso en aplicar las soluciones logísticas no depende de su voluntad política, sino de obstáculos que atribuye a terceros.
