El comunicado de Page fue el primer dominó en caer, pero estaba claro que la pieza había sido colocada con antelación milimétrica. El presidente de Castilla-La Mancha había preparado el texto la noche anterior con su jefe de gabinete, dejando en blanco únicamente la primera línea, que dependía del contenido exacto de la sentencia. A las 10:02, dos minutos después de que Marchena comenzara la lectura, un colaborador de Page que seguía la retransmisión desde la sede de la Junta en Toledo envió un mensaje de WhatsApp al despacho del presidente con una sola palabra: «culpable». A las 10:03, Page rellenó la primera línea del comunicado. A las 10:05, el texto estaba publicado en la web de la Junta de Castilla-La Mancha y enviado simultáneamente a las agencias. La frase central fue demoledora no solo por su contenido sino por su timing: mientras Marchena aún leía los fundamentos jurídicos de la condena de Ábalos, Page ya estaba utilizando la sentencia como ariete contra la dirección del partido. La estrategia era clara: no dejar espacio temporal entre el hecho judicial y la interpretación política, obligando a Ferraz a reaccionar en caliente.
La cascada de adhesiones al bloque crítico que siguió al comunicado de Page fue más rápida de lo que los propios organizadores habían previsto. Javier Lambán, desde Zaragoza, emitió un comunicado a las 10:22 que por primera vez utilizaba la palabra «refundación» en un contexto oficial. Hasta ese momento, Lambán había hablado de «renovación» o «actualización»; el salto semántico no era casual. A las 10:35, Adrián Barbón publicó desde Oviedo un comunicado más contenido en la forma pero igualmente inequívoco en el fondo: pedía «una reflexión profunda sobre los mecanismos internos de control que han fallado» y solicitaba «un calendario que permita al partido llegar a otoño con una dirección renovada y legitimada por las bases». La referencia a «otoño» era clave: implicaba que el congreso debía celebrarse antes del verano para que los nuevos liderazgos estuvieran operativos en septiembre. Ximo Puig, que había mantenido un silencio calculado durante toda la mañana, rompió su mutismo a las 11:15 con un hilo de cuatro mensajes en X que terminaba con una frase que los analistas políticos consideraban una declaración de guerra: «El PSOE no puede esperar a septiembre para empezar a reconstruirse.»
A mediodía, el recuento de federaciones era demoledor para Moncloa. Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Cantabria, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Baleares se habían posicionado de manera explícita o implícita a favor del adelanto del congreso. Eso representaba más del 51% del censo federal, un umbral simbólico que ningún líder del PSOE había enfrentado jamás desde una posición de debilidad. Las federaciones que mantenían el apoyo a Sánchez —Andalucía (donde Montero luchaba por la supervivencia), País Vasco, Cataluña, Canarias, Madrid y Galicia— sumaban en torno al 38%. El restante 11% correspondía a federaciones que no se habían pronunciado y que los estrategas de ambos bandos cortejaban con llamadas telefónicas incesantes. La aritmética era implacable: por primera vez en la historia del PSOE, una mayoría de federaciones territoriales desafiaban abiertamente al secretario general en una cuestión orgánica fundamental.
La llamada de Sánchez a Zapatero a las 12:30 fue, según todas las fuentes consultadas, el momento pivotal de la jornada. El presidente del Gobierno marcó el número del expresidente desde su despacho en Moncloa, solo, sin asesores presentes, en lo que fue descrito como una conversación «directa, sin circunloquios y en momentos tensa». Zapatero, que durante semanas había sido el principal defensor de la estrategia de septiembre argumentando que el partido necesitaba tiempo para preparar un congreso serio y no un ajuste de cuentas precipitado, cambió de posición de manera inequívoca. Su argumento fue contundente: la sentencia había alterado radicalmente el escenario, el bloque crítico ya tenía mayoría, intentar mantener septiembre sería percibido por la opinión pública como una maniobra de autoprotección, y el desgaste de sostener una fecha contestada por la mayoría del partido consumiría toda la energía política del Gobierno durante los dos meses de verano, cuando Sánchez necesitaba esa energía para la negociación presupuestaria de otoño.
La recomendación de Zapatero fue específica: convocar el congreso para el fin de semana del 11 y 12 de julio, tres semanas antes de lo previsto, con un formato acelerado que permitiera candidaturas, ponencias y votación en un solo proceso. El expresidente argumentó que el precedente de 2014 —cuando el congreso extraordinario tras la dimisión de Rubalcaba se organizó en apenas cinco semanas— demostraba que era técnicamente posible. Sánchez, según las fuentes, escuchó la argumentación completa sin interrumpir, lo que en el lenguaje corporal del presidente suele indicar que está procesando información nueva más que rechazándola. Al final de la conversación, Sánchez no se comprometió con ninguna fecha, pero sí anunció a Zapatero que iba a convocar una ejecutiva federal extraordinaria para mañana viernes a las 09:00. La convocatoria de la ejecutiva, comunicada a los miembros del órgano a las 13:15, fue interpretada por todos los actores como la antesala de una decisión sobre la fecha del congreso. Nadie en el PSOE convoca una ejecutiva extraordinaria un viernes a las nueve de la mañana si no tiene intención de tomar una decisión de calado.
En Ferraz, la mañana fue un desfile de dimisiones que recordaba a los peores momentos de la crisis de 2016 pero con una diferencia cualitativa: entonces las dimisiones fueron de cargos de primer nivel; ahora eran de mandos intermedios, lo que indicaba que la estructura operativa del partido, no solo su cúpula, estaba desmoronándose. Al menos cuatro secretarios de área —Políticas Sociales, Educación, Comunicación Digital y Relaciones Institucionales— presentaron su renuncia antes de las 14:00. Siete miembros de comités provinciales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla comunicaron su baja por escrito. Un secretario de organización comarcal de Andalucía envió un email colectivo a sus 340 afiliados locales invitándoles a darse de baja del partido, un gesto que fue descrito en los pasillos de Ferraz como «un tiro en la línea de flotación». El goteo de dimisiones continuó durante toda la tarde y fuentes internas calculaban que para el cierre de la jornada el número total superaría las veinte.
Yolanda Díaz Montero, atrapada entre la debacle andaluza del 17-M y la crisis federal post-sentencia, tomó una decisión que revelaba la magnitud de la urgencia: adelantó la reunión de la ejecutiva andaluza del viernes a las 15:00 del jueves, apenas cinco horas después de la sentencia. El objetivo oficial era «analizar los resultados del 17-M y diseñar la estrategia de reconstrucción del PSOE-A», pero el verdadero propósito era apuntalar su posición como candidata viable al liderazgo federal antes de que la ejecutiva del viernes en Madrid la dejara fuera de juego. La reunión, celebrada en la sede del PSOE-A en Sevilla, fue tumultuosa: tres presidentes provinciales —Córdoba, Almería y Huelva— presentaron su dimisión al inicio de la sesión, argumentando que los 24 escaños del 17-M representaban un fracaso sin precedentes que exigía responsabilidades. Montero logró aprobar por 6 votos a 4 una resolución que pedía un congreso federal «antes de las vacaciones de verano», alineándose así con el bloque crítico pero manteniendo la ambigüedad sobre si ella misma aspiraría a la secretaría general.
Santos Cerdán vivió la jornada desde la soledad de su domicilio en Pamplona, adonde se había retirado tras el viaje fallido a Sevilla de principios de semana. Según tres fuentes que hablaron con él por teléfono a lo largo del día, el secretario de Organización pasó la mañana recibiendo llamadas y monitorizando el recuento de federaciones con una calculadora que le daba resultados cada vez más desfavorables. A mediodía, en una conversación con un interlocutor cuya identidad protege El Hemiciclo, Cerdán pronunció la frase que mejor resumía el estado de ánimo del sanchismo ortodoxo: «Esto es peor que 2016. Entonces perdimos el Gobierno. Ahora podemos perder el partido.» La comparación con 2016 era significativa viniendo de Cerdán, que fue uno de los artífices de la recuperación de Sánchez tras su destitución en el comité federal. Si él, que había vivido aquella crisis desde primera línea, consideraba que la actual era peor, el diagnóstico interno del sanchismo era terminal.
A las 18:30, cuando El Hemiciclo cerraba esta edición, la ejecutiva federal extraordinaria convocada para mañana viernes a las 09:00 se perfilaba como el momento de la verdad para el PSOE. Las opciones sobre la mesa eran tres: mantener septiembre (cada vez más improbable dada la correlación de fuerzas), adelantar a julio (la posición del bloque crítico y ahora también de Zapatero) o convocar primarias abiertas sin congreso previo (una opción que algunos territorios habían empezado a explorar pero que no tenía masa crítica). El tablero del PSOE, sacudido por la sentencia del Koldo, había cambiado en diez horas más de lo que había cambiado en las diez semanas anteriores. Y la partida, lejos de terminar, apenas había comenzado.
