El incremento planteado por el nuevo Gobierno respondería al reconocimiento de mayores presiones de gasto en pensiones, salud, nómina y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), entre otros rubros que, según la propuesta radicada en el Congreso, exigirían un aforo superior al dejado por la administración saliente. La norma orgánica del presupuesto obliga a que las comisiones económicas fijen el monto antes del 15 de septiembre, antes de iniciar la discusión sobre su distribución por sectores.
El congresista antioqueño Óscar Darío Pérez señaló que uno de los principales riesgos de aprobar un presupuesto de ese tamaño es la ausencia de una fuente de financiación suficiente proveniente de ingresos corrientes de la Nación, lo que obligaría a recurrir en mayor medida a ingresos de capital, es decir, deuda o venta de activos. Explicó que los ingresos del país están repartidos, en términos generales, en partes casi iguales entre ambas categorías, una proporción que consideró insostenible desde el punto de vista fiscal.
"Desde el punto de vista fiscal, esa composición no es sana para una economía: lo deseable es que los ingresos provenientes de impuestos y otras rentas corrientes tengan un mayor peso que los recursos de capital", Óscar Darío Pérez, congresista.
Esta lectura sobre la dependencia de la deuda coincide con lo planteado recientemente por Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el 44% del Presupuesto General de la Nación proviene de deuda, en una intervención que puso el foco sobre la fragilidad estructural de las finanzas públicas.
Pérez indicó que la situación podría corregirse con la llamada Ley de Rescate Económico, que se presentaría próximamente ante el Congreso y contemplaría una reducción del gasto público sin pasar por un aumento de impuestos. Advirtió que, hasta que esa iniciativa no sea aprobada, no será posible tener una visión definitiva sobre el tamaño real del presupuesto.
"Como no se plantea aumentar los impuestos, el ajuste estaría concentrado en el lado del gasto", Óscar Darío Pérez, congresista.
Según su estimación, la propuesta supondría una reducción del gasto superior a $40 billones, lo que llevaría el monto final a ubicarse alrededor de los $590 billones, una cifra sensiblemente inferior a la aforada actualmente por el Ejecutivo. El congresista condicionó así el cierre del debate presupuestal a la suerte de una iniciativa que aún no se ha radicado.
Alerta del Comité de la Regla Fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió sobre el rumbo de las finanzas públicas y planteó la necesidad de decisiones de fondo para evitar que el deterioro fiscal se traduzca en mayor endeudamiento y costos más altos de financiación. El organismo calificó de insuficientes las medidas temporales contempladas en el Plan Financiero y el Presupuesto General de la Nación, y reclamó un ajuste fiscal estructural, permanente y creíble, que contenga el crecimiento del gasto y garantice fuentes de financiación permanentes para las nuevas obligaciones.
El Carf pidió además definir desde ahora una senda fiscal clara para 2028, año en que terminará la cláusula de escape y el país deberá retomar el cumplimiento pleno de la regla fiscal. El comité advirtió que aplazar las decisiones aumentaría el tamaño del ajuste necesario: con una deuda neta que podría ubicarse en 67,3% del PIB, estabilizarla en 2028 exigiría un superávit primario superior al 2% del PIB.
La discusión revive un antecedente reciente. En junio de 2024 el gobierno Petro debió recortar $20 billones del presupuesto de ese año ante un recaudo tributario inferior al proyectado, y en 2025 decretó el presupuesto por primera vez desde la vigencia de la ley orgánica al no lograr su aprobación en el Congreso, episodios que mostraron la fragilidad de las proyecciones de ingresos sobre las que se construye el aforo.
La opción de vender participación en Ecopetrol
Entre las alternativas para obtener recursos aparece la eventual venta de una participación de Ecopetrol, compañía en la que el Estado mantiene actualmente una posición mayoritaria. Una reducción de esa participación podría analizarse sin que el Gobierno pierda el control de la empresa, aunque la cotización actual de la acción no representaría necesariamente el mejor momento para una operación de este tipo.
Junto a Ecopetrol, otras empresas y activos públicos —entre ellos algunas electrificadoras regionales y empresas industriales y comerciales del Estado— también figuran dentro de una eventual estrategia de financiación, en paralelo al debate que enfrenta el Congreso sobre el tamaño del gasto para 2027.
Un tercer frente de discusión gira en torno a las tasas de interés que ha debido pagar el Gobierno para financiarse mediante títulos de deuda pública TES. La colocación de esos títulos a tasas elevadas ha generado ganancias importantes para los inversionistas que los adquirieron, lo que llevó a Pérez a cuestionar si esas rentabilidades extraordinarias podrían ser objeto de una medida tributaria excepcional, como un impuesto especial de única vez sobre las ganancias obtenidas con papeles adquiridos a tasas consideradas extraordinariamente altas.
Esa discusión tendría que sopesar las condiciones jurídicas, fiscales y de mercado necesarias para evitar efectos adversos sobre la confianza de los inversionistas y sobre el costo futuro de financiación del Estado. Las comisiones económicas del Congreso deben cerrar antes del 15 de septiembre la definición del monto, un paso previo a la discusión sobre la distribución de un presupuesto que hoy suma $634,9 billones.
