De la Espriella sostuvo que el presupuesto diseñado por el gobierno anterior "mentía" y "no reflejaba el peso de la deuda que hoy tenemos". Aseguró que su administración decidió "poner todas las cuentas sobre la mesa" y que por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se destinan al pago de la deuda y solo 14 a inversión.
"Así encontramos este desastre. Casi la mitad del presupuesto dependerá de la plata prestada. No solo estamos pagando la deuda del derroche, sino que la estamos pagando con intereses de gota a gota", afirmó el presidente Abelardo De la Espriella durante su alocución.
El mandatario detalló un plan de austeridad por cerca de $17,4 billones, con recortes de $3 billones en compra de bienes y servicios y $2,5 billones en proyectos de inversión que calificó como no prioritarios. "Cada peso de los colombianos debe tener un propósito", dijo. Según la revista Semana, con las cifras ajustadas la deuda total del país pasaría de cerca del 60% del PIB a más del 66% entre 2026 y 2027, con el riesgo de que el costo de los intereses aumente si se eleva el riesgo país.
De la Espriella acusó al gobierno de Gustavo Petro de decir que defendía a los colombianos más desfavorecidos mientras "dejó sin plata para garantizar todo ese trabajo social". Explicó que durante cuatro años esos presupuestos se basaron en cifras de recaudo que, según él, no correspondían con la realidad fiscal.
"En lugar de decir la verdad, nos ocultaron todo para seguir con el derroche y la corrupción. Se planeó con ingresos que no existían. El resultado es un Estado con más obligaciones, y menos capacidad de responder cuando el país lo necesita", sostuvo el jefe de Estado.
El componente que compete a esta sección llegó al cierre de la alocución: el mandatario anunció que su gobierno "perseguirá sin cuartel a quienes convirtieron del erario un botín" y que no los "dejará tranquilos". El presidente no mencionó nombres de exfuncionarios ni la radicación de denuncias concretas. Una imputación penal por presunto peculado o irregularidades en el manejo del erario exigiría en Colombia una indagación previa de la Fiscalía General de la Nación, eventual vinculación de indiciados y, de haber mérito, audiencia de imputación conforme a la Ley 906 de 2004, además de la actuación disciplinaria de la Procuraduría y la fiscal de la Contraloría General de la República.
Los señalamientos entre gobiernos entrantes y salientes por el manejo presupuestal tienen antecedentes en la vida política colombiana: el llamado "hueco fiscal" fue bandera del gobierno de Álvaro Uribe al asumir en 2002, cuando denunció un desbalance heredado de la administración de Andrés Pastrana, un episodio que abrió reformas tributarias sucesivas. En la esfera judicial reciente, el Consejo de Estado negó la pérdida de investidura de diez congresistas por la 'vaca' 4G, muestra de cómo las disputas por el manejo de recursos públicos terminan ante las altas cortes.
El examen de las cifras corresponderá al Congreso de la República, instancia donde se debate y eventualmente se ajusta el proyecto de ley de presupuesto antes de la sanción presidencial. De la Espriella insistió en que "el presupuesto no se puede venir escondiendo como se ha venido haciendo" y calificó la situación organizacional del Estado como una "crisis apocalíptica".