El informe estadounidense no constituye una resolución con fuerza legal ni representa la posición oficial del Gobierno de Estados Unidos. Se trata de un documento orientativo aprobado por un comité de la Cámara de Representantes, cuyo contenido recomienda al Departamento de Estado que fomente conversaciones entre Madrid y Rabat, sin que ello implique un cambio en el reconocimiento diplomático vigente. Su aprobación se produce en un contexto en el que Washington ya reconoció en 2020, bajo la Administración de Donald Trump, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.
Ceuta y Melilla no son enclaves surgidos del reparto colonial europeo de África, sino ciudades con una continuidad urbana que se remonta a la Antigüedad, con sucesivas presencias fenicia, cartaginesa, romana, bizantina y musulmana antes de su incorporación a las coronas ibéricas. Ceuta, situada junto al Estrecho de Gibraltar, fue conocida en época romana como Septem Fratres, denominación vinculada a los montes que rodean la ciudad. Tras la conquista musulmana, la plaza pasó por distintas dinastías norteafricanas hasta que, el 21 de agosto de 1415, las tropas del rey Juan I de Portugal la tomaron en una operación considerada uno de los primeros episodios de la expansión ultramarina portuguesa, convirtiéndola en base para el control del Estrecho y de las rutas comerciales.
La ciudad permaneció bajo administración portuguesa durante la Unión Ibérica (1580-1640), periodo en el que las coronas de España y Portugal compartieron monarca. Cuando Portugal restauró su independencia en 1640, Ceuta optó por mantenerse vinculada a la Corona española, decisión reconocida formalmente en el Tratado de Lisboa de 1668, mediante el cual España aceptó la independencia portuguesa y ambas partes confirmaron la soberanía española sobre la plaza. Para entonces, Ceuta llevaba más de dos siglos bajo dominio ibérico ininterrumpido.
Melilla tiene un origen aún más antiguo. Los fenicios fundaron el asentamiento de Rusaddir entre los siglos VII y VI antes de Cristo, convertido después en puerto comercial vinculado a Cartago y, más tarde, integrado en el mundo romano. Con la expansión islámica, la ciudad se transformó en la Malila musulmana. Su incorporación a la Corona de Castilla se produjo el 17 de septiembre de 1497, cuando una expedición dirigida por Pedro de Estopiñán, al servicio del duque de Medina Sidonia y con autorización de los Reyes Católicos, tomó la plaza sin derramamiento de sangre. La Casa de Medina Sidonia asumió inicialmente su administración y defensa, con financiación de la Corona, hasta que en 1556, bajo el reinado de Felipe II, la ciudad quedó incorporada plenamente al dominio real.
Un Estado marroquí anterior a la presencia europea
La cuestión de fondo que atraviesa la disputa es la relación entre la soberanía histórica de España sobre ambas plazas y la existencia de formaciones políticas previas en el territorio que hoy ocupa Marruecos. La historiografía oficial marroquí remonta el origen de su tradición estatal islámica a la dinastía idrisí, establecida en el año 788, a la que sucedieron los almorávides, almohades, benimerines y saadíes antes de la consolidación de la dinastía alauí, que accedió al poder en 1666 y continúa reinando en la actualidad. Ese linaje dinástico sostiene buena parte del argumentario de Rabat sobre una continuidad histórica del reino marroquí anterior a la presencia europea, por lo que no cabe afirmar simplemente que las dos ciudades fueran españolas «antes de que existiera Marruecos».
El Marruecos contemporáneo como Estado soberano nació en 1956, tras el fin del protectorado franco-español instaurado en 1912. Ceuta y Melilla no formaron parte de aquel protectorado, sino que mantuvieron un estatuto de soberanía plena española, distinto del resto de posesiones y zonas de influencia que España tuvo en el norte de África y que sí fueron cedidas o descolonizadas en las décadas posteriores a la independencia marroquí, como Ifni, retrocedido a Marruecos en 1969.
Desde el punto de vista del derecho internacional, España sostiene que Ceuta y Melilla forman parte de su territorio nacional en los mismos términos que cualquier otra parte del país, con representación parlamentaria, estatutos de autonomía propios desde 1995 y plena integración en el ordenamiento constitucional y en la Unión Europea desde la adhesión española en 1986. Marruecos, por su parte, no ha renunciado a su reivindicación histórica, aunque en la práctica diplomática reciente ha priorizado otros expedientes, en especial el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.
La tensión migratoria en la frontera de Ceuta, con episodios de entradas masivas registrados en los últimos años, ha sido señalada como un factor que ha mantenido viva la disputa en el terreno político, al margen de su dimensión jurídica. Responsables españoles han interpretado en ocasiones estos movimientos como una forma de presión por parte de Rabat en momentos de fricción diplomática, algo que el Gobierno marroquí ha negado, atribuyendo estos episodios a la presión migratoria general que soporta el norte de África.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha mantenido de forma constante que la soberanía sobre Ceuta y Melilla no es objeto de negociación, una posición sostenida por los sucesivos ejecutivos desde la Transición con independencia de su color político. Rabat, por su parte, califica ambos territorios como «presidios ocupados» en foros internacionales, aunque sin que ello haya derivado hasta ahora en una reclamación formal ante organismos como la ONU comparable a la mantenida sobre el Sáhara Occidental.
El precedente más directo de esta controversia se remonta a la crisis del islote Perejil, en julio de 2002, cuando un contingente de la Gendarmería Real marroquí ocupó temporalmente ese pequeño peñón deshabitado frente a las costas de Ceuta, lo que provocó una respuesta militar española y la mediación de Estados Unidos, entonces bajo la Administración de George W. Bush, para restaurar el statu quo previo. Aquel episodio evidenció el papel de Washington como mediador informal en las tensiones hispano-marroquíes, un rol que el informe del Comité de Asignaciones vuelve a situar en primer plano dos décadas después, aunque en un formato distinto y sin respaldo del Ejecutivo estadounidense.
El documento aprobado por el comité carece de mecanismos de aplicación inmediata y su recorrido dependerá de si el Departamento de Estado decide incorporar alguna de sus recomendaciones a su agenda diplomática con Rabat y Madrid, algo que no consta que haya ocurrido hasta la fecha. El Gobierno español ha optado por una respuesta de bajo perfil público, evitando una escalada retórica, mientras mantiene, según fuentes diplomáticas, contactos con Washington para trasladar su lectura sobre la naturaleza no vinculante del informe respecto a la política oficial estadounidense.
