La reunión del Euzkadi Buru Batzar que decidió la abstención del PNV se prolongó desde las 19:00 del domingo hasta las 23:40 en la sede de Sabin Etxea en Bilbao, según las fuentes de la dirección nacionalista consultadas por este periódico. El debate fue intenso y reveló dos almas del partido: la pragmática, liderada por Esteban y el lehendakari Pradales, que abogaba por la abstención como moneda de cambio para futuras negociaciones sobre transferencias pendientes y la cláusula de prevalencia autonómica; y la principista, encabezada por Joseba Aurrekoetxea, que consideraba que cualquier posición que no fuera el voto en contra supondría un aval implícito a una reforma que el PNV considera innecesaria y potencialmente lesiva para las competencias de la Ertzaintza en materia de selección de personal. La votación interna se saldó con 11 votos a favor de la abstención, 7 en contra y 2 en blanco, una mayoría holgada pero que evidencia las tensiones internas de un partido que lleva 45 años ejerciendo de bisagra y que, según admiten sus propios dirigentes, 'no puede seguir haciendo equilibrios sin que el alambre se rompa'. Esteban llamó a Bolaños inmediatamente después y le trasladó tres condiciones para un apoyo más decidido en fases posteriores de la tramitación: la incorporación íntegra de las tres reservas del Consejo de Estado, una enmienda que blinde las competencias de Euskadi y Navarra en función pública, y un calendario de transferencias que incluya la gestión del Ingreso Mínimo Vital antes de diciembre de 2026.
El debate en el hemiciclo arrancará a las 10:00 con la defensa del proyecto por parte del ministro de Justicia, que según las fuentes del Gobierno consultadas utilizará entre 25 y 30 minutos para presentar la reforma como 'la modernización más importante de la Administración Pública desde la Ley de Funcionarios de 1964'. A continuación, Cuca Gamarra subirá al estrado para defender la enmienda a la totalidad del PP, un texto alternativo de 12 artículos que propone constitucionalizar la independencia de los reguladores en lugar de reformar el acceso a la función pública. Las fuentes del PP han adelantado que Gamarra apelará directamente al PNV durante su intervención con un argumento diseñado para explotar la debilidad de la abstención: 'Abstenerse no es decidir, es dejar que otros decidan por Euskadi'. Abascal cerrará el turno de la oposición con la defensa de la proposición de Vox, un texto maximalista que propone la supresión del artículo 103. 3 y su sustitución por un sistema que prima la experiencia en el sector privado, una propuesta que no tiene posibilidad aritmética alguna pero que cumple la función de marcar territorio ideológico a la derecha del PP. Los letrados del Congreso estiman que el debate completo, incluidos los turnos de réplica de los 14 grupos parlamentarios y las tres votaciones sucesivas, se prolongará entre 5 y 7 horas, lo que sitúa las votaciones finales en torno a las 15:00 o las 17:00 dependiendo de la intensidad de las intervenciones.
La aritmética del pleno merece un análisis detallado porque revela las fracturas internas del sistema de partidos con una nitidez que pocas votaciones han tenido en esta legislatura. El bloque favorable al Gobierno suma, sobre el papel, 176 diputados: los 120 del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 5 de Bildu, los 4 del PDeCAT, el diputado del BNG, el de Coalición Canaria y otros 7 de formaciones menores que han confirmado su voto favorable. El bloque en contra suma 170: los 137 del PP y los 33 de Vox. Las 4 abstenciones corresponden a los diputados presentes del PNV, ya que Mikel Legarda está de baja médica desde el miércoles por una intervención de menisco y no podrá asistir al pleno. Junts, con sus 7 diputados, se convierte en el gran ausente del cálculo: Puigdemont anunció el viernes que sus diputados no asistirán al pleno como gesto de protesta por las declaraciones de Yolanda Díaz, lo que reduce el quórum efectivo de la Cámara a 343 diputados. La mayoría absoluta se sitúa así en 172, lo que significa que el proyecto del Gobierno supera el umbral con 4 votos de margen. Pero la toma en consideración de una reforma constitucional requiere tres quintos del total de la Cámara —210 de 350—, un umbral que el Gobierno no alcanza y que convierte la votación de hoy en un primer paso simbólico más que en un avance legislativo definitivo.
El contexto constitucional de la reforma es crucial para entender por qué este pleno importa más allá de la aritmética inmediata. El artículo 103 de la Constitución, que regula los principios de la Administración Pública, no ha sido modificado desde 1978 y su reforma exige el procedimiento del artículo 167: aprobación por tres quintos de cada Cámara o, en su defecto, mayoría absoluta del Congreso y dos tercios del Senado. Si el texto supera la toma en consideración hoy, se abrirá un período de enmiendas de 15 días que permitirá a los grupos modificar el articulado antes de la votación definitiva, un proceso que los constitucionalistas estiman en un mínimo de 6 semanas. La pregunta que nadie en el hemiciclo puede responder con certeza es si el Gobierno dispondrá de los 210 votos necesarios cuando llegue el momento de la votación final, o si la toma en consideración de hoy será un gesto político que nunca se materialice en reforma efectiva. Las fuentes del Gobierno consultadas insisten en que 'cada voto se negocia por separado y los plazos juegan a nuestro favor', una tesis que los escépticos reciben con la observación de que los plazos también juegan a favor de la erosión política de un gobierno sin mayoría estable.
La estrategia de Moncloa para el pleno de hoy revela un cálculo político que trasciende la reforma constitucional en sí misma. Según las fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación consultadas por este periódico, el objetivo principal del Gobierno no es aprobar la reforma —que consideran un proceso de meses—, sino demostrar que el Ejecutivo sigue siendo capaz de articular mayorías parlamentarias a pesar de la ruptura de Junts. 'Si hoy conseguimos que el texto pase la toma en consideración, el relato cambia', admite un alto cargo de Moncloa. 'Pasamos de ser un gobierno muerto a ser un gobierno que todavía puede legislar'. La abstención del PNV, en este contexto, vale más como señal política que como contribución aritmética: demuestra que Sánchez mantiene abierto un canal de negociación con la burguesía vasca que puede sustituir, al menos parcialmente, la interlocución perdida con Junts. El riesgo de esta estrategia es que convierte la política legislativa en un ejercicio de comunicación, sustituyendo la gobernanza efectiva por la gestión de expectativas. Pero en un sistema parlamentario fragmentado en 14 grupos donde ninguna coalición es estable, la gestión de expectativas es, según Moncloa, 'la única forma de gobernar que queda'.
El debate de hoy se producirá con el telón de fondo del caso Koldo en el Supremo, que entra en su segunda semana con la posibilidad de una quinta detención que podría ejecutarse esta misma mañana. La coincidencia temporal no es casual: las fuentes judiciales consultadas reconocen que la UCO ha calibrado cuidadosamente el momento de la posible detención para maximizar su impacto mediático, una práctica que los abogados de la defensa han denunciado como 'estrategia de presión procesal'. Si el funcionario de la AEAT identificado como 'H' es detenido durante el pleno, el efecto sobre la dinámica parlamentaria será impredecible: el PP utilizará la detención como argumento para vincular al Gobierno con la corrupción, el PSOE responderá que los tribunales funcionan y que eso demuestra la fortaleza del Estado de Derecho, y los partidos bisagra se verán sometidos a una presión adicional que podría alterar sus posiciones de última hora. Bolaños tiene instrucciones de llamar a Esteban cada 30 minutos durante el pleno para asegurarse de que la abstención del PNV se mantiene firme ante cualquier novedad informativa que pueda cambiar el clima de la sesión.
La posición de Junts añade una incógnita que va más allá de la aritmética del pleno de hoy. La decisión de Puigdemont de ordenar a sus 7 diputados que no asistan a la sesión reduce el quórum pero no altera el resultado de la votación, ya que las ausencias no cuentan como votos en contra. Sin embargo, la señal política es inequívoca: Junts se desvincula del funcionamiento ordinario del Congreso y advierte de que cualquier iniciativa legislativa que requiera su participación está condenada al fracaso hasta que el Gobierno satisfaga sus demandas. Las fuentes de Junts consultadas por este periódico han sido explícitas: 'No vamos a votar a favor de nada ni a abstener en nada hasta que Díaz se retracte de sus declaraciones y Sánchez cumpla los compromisos de investidura'. La pregunta que esta posición plantea es si la ausencia de Junts en el pleno de hoy es un gesto puntual de protesta o el inicio de una estrategia sostenida de bloqueo parlamentario que podría prolongarse durante semanas o meses. Si es lo segundo, el Gobierno se enfrentará a una legislatura zombie en la que puede ganar algunas votaciones gracias a las abstenciones del PNV pero no puede gobernar de forma efectiva porque carece de la mayoría necesaria para aprobar presupuestos, decretos o leyes orgánicas.
A las 10:00, cuando Francina Armengol abra la sesión con la campana reglamentaria y los 343 diputados presentes ocupen sus escaños en el hemiciclo semicircular de la Carrera de San Jerónimo, España asistirá a una de esas jornadas parlamentarias que condensan todas las contradicciones de su sistema político. Un gobierno sin mayoría que logra aprobar una toma en consideración por un voto gracias a la abstención de un partido que desconfía de la reforma. Una oposición que presenta dos textos alternativos pero no consigue unificarlos. Un partido independentista que abandona el hemiciclo como protesta pero cuya ausencia, paradójicamente, facilita la victoria del gobierno al que pretende castigar. Y, flotando sobre el debate, la sombra de una posible detención en el caso Koldo que podría cambiar el tono de la sesión en cualquier momento. El pleno del artículo 103 no decidirá hoy el futuro de la Administración Pública española —para eso faltan meses de tramitación que nadie puede garantizar que se completen—, pero sí decidirá algo más inmediato y quizá más importante: si este Gobierno tiene todavía la capacidad de articular mayorías o si la parálisis que muchos anuncian ya ha comenzado.
