Gran parte de Puerto Príncipe permanece bajo el control de alianzas criminales como "Viv Ansanm", un fenómeno que un analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional describe, en un análisis publicado, como la prueba del agotamiento de las recetas tradicionales de pacificación aplicadas durante las últimas dos décadas en el país. El autor sitúa a Haití en el centro de una disputa geopolítica que trasciende la isla caribeña.
Existe, según el texto, un consenso generalizado en calificar a Haití de "Estado fallido". El autor advierte, sin embargo, que esa etiqueta no exime de responsabilidad al resto del hemisferio: Haití es miembro fundador tanto de la Organización de los Estados Americanos como de la ONU, lo que convierte su quiebra institucional en una corresponsabilidad compartida por todos los actores del sistema interamericano, Panamá incluido.
Frente a ese diagnóstico, el análisis identifica dos modelos contrapuestos que pugnan por definir la respuesta regional. El primero, bautizado por varios analistas como la "Doctrina Donroe", en alusión al retorno de postulados de control hemisférico adaptados al siglo XXI, prioriza sellar fronteras, frenar la migración irregular y combatir el crimen transnacional antes que reconstruir el tejido social del país. Es, en palabras del autor, una respuesta "unilateral, inmediatista y centrada en la fuerza".
El segundo modelo, consolidado en la OEA desde 2003, desplaza el eje estrictamente militar hacia la seguridad humana: la protección efectiva de la vida, la dignidad y el acceso a condiciones mínimas de subsistencia. Bajo esta óptica, los grupos armados haitianos no surgieron en el vacío, sino como resultado de décadas de corrupción política, impunidad y un flujo constante de armas provenientes del exterior, apunta el texto.
El autor sostiene que la historia reciente demuestra las limitaciones de la respuesta puramente coercitiva. Pese a los refuerzos a la Policía Nacional de Haití y a las iniciativas multinacionales desplegadas en los últimos años, el desplazamiento forzado y la violencia no han dejado de crecer en el país. La presencia policial o militar, señala, "puede congelar temporalmente una línea de combate urbano, pero no genera gobernanza en un territorio donde el Estado no existe".
Ese techo bajo tiene precedente en el propio país. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), desplegada entre 2004 y 2017, llegó a sumar más de 9,000 cascos azules y militarizó durante trece años la respuesta internacional sin consolidar instituciones estables, además de quedar vinculada al brote de cólera que estalló en 2010. Esa experiencia alimenta hoy las reservas regionales ante una intervención que repita el eje estrictamente militar.
Ante ese diagnóstico, el texto plantea una vía intermedia que descarta tanto el choque geopolítico de la fuerza bruta como la parálisis de la diplomacia de escritorio. Una salida negociada viable, sostiene el autor, exige en lo inmediato respaldar a la sociedad civil haitiana —iglesias, movimientos de base y coaliciones como el "Acuerdo de Montana", el consenso ciudadano firmado en 2021 para restablecer la gobernabilidad mediante una transición democrática— con el fin de abrir corredores humanitarios, pactar ceses del fuego focalizados y aplicar programas de desarme, desmovilización y reintegración dirigidos a la juventud.
A escala internacional, el análisis reclama cortar el tráfico de armas hacia Haití y asfixiar las redes financieras que sostienen a los grupos armados, dos frentes que, advierte, han permanecido en gran medida desatendidos mientras se debate el componente militar de la intervención.
El papel de Panamá en el Consejo de Seguridad
Es en ese punto donde el análisis sitúa el papel de Panamá como relevante en el ámbito multilateral. Al ejercer su escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2025-2026 y actuar como corredactor de las resoluciones sobre Haití junto con Estados Unidos, el país tendría, según el autor, margen para recordar la corresponsabilidad regional y articular mandatos que vinculen el uso de la fuerza con garantías de seguridad humana, facilitación política interna y un régimen de sanciones efectivo contra las élites que financian el caos.
"Corresponde a nuestro país utilizar su peso en el Consejo de Seguridad para recordar la corresponsabilidad regional y articular mandatos que vinculen el uso de la fuerza con garantías de seguridad humana, facilitación política interna y un régimen de sanciones efectivo contra las élites que financian el caos", sostiene el autor del análisis.
El vínculo entre la crisis haitiana y el istmo no es solo diplomático. El flujo migratorio derivado del colapso institucional en Haití ha impactado de forma directa en la frontera del Darién durante los últimos años, un corredor que Panamá comparte con Colombia y que ha concentrado buena parte del tránsito migratorio irregular hacia el norte del continente. El despliegue regional de la Fuerza de Supresión de Pandillas se enmarca además en un esfuerzo hemisférico más amplio, en el que República Dominicana prevé que la fuerza antipandillas en Haití sume 5,500 efectivos en tres meses, según cálculos manejados por autoridades dominicanas.
"Insistir en la contención militar de la 'Doctrina Donroe' solo pospondrá el colapso", advierte el autor del análisis, para quien la pacificación de Haití exige abandonar los muros defensivos y asumir una responsabilidad compartida que restituya la gobernanza territorial.
El mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, establecido por la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad, se extiende hasta marzo de 2027, fecha que marcará el próximo punto de revisión para un despliegue cuyo objetivo declarado es ejecutar operaciones de inteligencia, autónomas o conjuntas con la Policía Nacional de Haití, para desarticular las bandas armadas y recuperar el control territorial perdido en Puerto Príncipe.