Una oferta sin precedentes en el capitalismo tecnológico privado
Ninguna empresa tecnológica privada de primer nivel había propuesto hasta ahora ceder voluntariamente una participación accionarial al Estado federal estadounidense a cambio de alivio político. El antecedente más cercano en la historia reciente es el rescate del sector financiero durante la crisis de 2008-2009, cuando el Tesoro adquirió participaciones temporales en entidades como Citigroup y en el fabricante General Motors a través del programa TARP (Troubled Asset Relief Program), aprobado bajo la Administración Bush y ejecutado también por la de Obama. La diferencia estructural es determinante: en aquel caso fue el Estado quien impuso las condiciones sobre empresas en situación de insolvencia; en el caso de OpenAI es la propia compañía, próspera y en expansión, quien toma la iniciativa. Esa inversión del esquema revela la magnitud de la presión percibida por la cúpula directiva de la firma.
La lógica corporativa de la propuesta es transparente: convertir al Gobierno federal en accionista interesado en la prosperidad de OpenAI crearía un alineamiento de incentivos que dificultaría cualquier regulación severa o acción antimonopolio. Es una estrategia que los teóricos de la economía política denominan captura inversa: no es el regulado quien captura al regulador mediante el lobby habitual, sino quien le ofrece participación directa en sus beneficios futuros. Los riesgos para la integridad del sistema regulatorio son, por esa misma razón, considerables.
La valoración de 852.000 millones y el significado real del 5%
Para calibrar el alcance de la oferta es indispensable entender la base sobre la que se calcula. En marzo de 2026, OpenAI cerró una ronda de financiación que fijó su valoración post-money en 852.000 millones de dólares, cifra que la convierte en la empresa privada no cotizada más valiosa de la que se tenga registro. El 5% sobre ese total arroja los 42.600 millones de dólares citados por la misma fuente, una suma que supera el producto interior bruto anual de economías europeas de tamaño mediano. La comparación no es retórica: ilustra que el Estado federal recibiría un activo cuya magnitud equivale a la riqueza anual de un país soberano, aunque con una naturaleza radicalmente distinta.
OpenAI no cotiza en bolsa, lo que complica la materialización práctica de la cesión. Una participación en una empresa privada carece de liquidez inmediata: el Gobierno federal recibiría un activo cuyo valor depende enteramente de la trayectoria futura de la compañía y de una eventual salida a bolsa o venta a un tercero. El mecanismo jurídico concreto —si se articularía como acciones ordinarias, acciones preferentes, derechos sobre beneficios futuros o algún vehículo ad hoc— no había sido detallado en las informaciones publicadas hasta la fecha de cierre de esta edición
La presión de Trump sobre la IA y el papel de Musk
La propuesta no surge en el vacío. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la Administración Trump ha oscilado entre el entusiasmo hacia la inteligencia artificial como palanca de competitividad frente a China y la desconfianza hacia empresas que sectores de su base política consideran culturalmente hostiles. OpenAI, fundada en 2015 como organización sin ánimo de lucro y en proceso de transformarse en una entidad con ánimo de lucro, ha acumulado críticas desde flancos opuestos: el ala más libertaria del ecosistema tecnológico, históricamente vinculada a Elon Musk —cofundador que abandonó la compañía y que hoy dirige xAI, competidora directa de OpenAI con su modelo Grok—, la acusa de haber traicionado su misión original de seguridad en inteligencia artificial; y sectores del Partido Republicano cuestionan las posiciones públicas de Sam Altman en materia migratoria y de política climática.
El conflicto de interés que rodea a Musk en este asunto es estructural: su empresa xAI compite directamente con OpenAI en el mercado de modelos de lenguaje de gran escala, de modo que cualquier presión regulatoria sobre OpenAI beneficia directamente a su rival. Esta circunstancia contamina el análisis de la presión política sobre la compañía de Altman, ya que hace indistinguibles los intereses estatales legítimos —supervisión de una tecnología crítica— de la rivalidad empresarial privada. Ningún portavoz de xAI ni del entorno de Musk se pronunció sobre la propuesta antes del cierre de esta edición.
Marco jurídico: entre el derecho societario y la seguridad nacional
Desde el punto de vista jurídico, una participación del Gobierno federal en una empresa tecnológica privada próspera no tiene acomodo sencillo en el ordenamiento estadounidense vigente. El Tesoro puede adquirir participaciones en empresas en crisis bajo legislación de emergencia, como demostró el TARP, pero no existe un mecanismo ordinario para que el Estado entre en el capital de una compañía solvente sin contraprestación de mercado. Ello obliga a pensar en vehículos alternativos: podría articularse a través de un fondo soberano de nueva creación —figura que Trump ha mencionado públicamente sin que haya cristalizado en legislación concreta—, mediante una agencia como la International Development Finance Corporation (DFC) con mandato ampliado por el Congreso, o a través de legislación específica que aún no existe.
En Europa, el debate sobre si los Estados deben tener participación en las infraestructuras de IA estratégicas lleva meses sobre la mesa sin resolución. La Unión Europea aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial —AI Act— en 2024, con entrada en vigor progresiva desde agosto de ese año, que clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo y exige auditorías para los de alto riesgo, pero no contempla participaciones públicas en las empresas desarrolladoras. La oferta de OpenAI al Gobierno Trump podría relanzar ese debate en Bruselas, al ofrecer un modelo —por discutible que sea— de formalización de la relación entre el Estado y los grandes laboratorios de IA privados.
La geopolítica de la IA: por qué Washington quiere el control
El trasfondo de la propuesta es inseparable de la competencia tecnológica sino-estadounidense. China ha impulsado modelos de lenguaje propios con respaldo estatal directo, y el Partido Comunista trata la IA generativa como infraestructura crítica de Estado, con inversión pública directa y control sobre los datos que alimentan los modelos. Washington observa esa competencia con la misma lógica con que en los años cincuenta y sesenta abordaba la carrera espacial: no solo como disputa comercial, sino como cuestión de seguridad nacional y proyección de poder. La NASA, el DARPA y los contratos militares de la Guerra Fría fueron los instrumentos de aquella época; los contratos con laboratorios de IA y la participación estatal en sus estructuras de capital podrían ser los de esta.
En ese marco, que OpenAI —cuya tecnología subyace en herramientas utilizadas por el Departamento de Defensa, la CIA y múltiples agencias federales a través de acuerdos con Microsoft, según ha informado la prensa especializada estadounidense— permanezca en manos exclusivamente privadas y sin vínculos formales con el Estado resulta incómodo para una parte de la clase dirigente republicana. La oferta del 5% puede leerse como un gesto para resolver esa incomodidad sin necesidad de legislación ni de un debate público sobre nacionalización parcial, palabra que ningún interlocutor en Washington ha empleado de forma explícita.
Posiciones de las partes y ausencia de réplica oficial
OpenAI no confirmó oficialmente la propuesta más allá de lo publicado por el Financial Times. Según recogieron varios medios anglosajones, un portavoz de la compañía señaló que la empresa «mantiene conversaciones regulares con responsables gubernamentales sobre el futuro de la IA», sin confirmar ni desmentir los términos concretos de la oferta. Sam Altman, cuya relación con la Administración Trump ha sido deliberadamente ambigua —asistió a la toma de posesión de enero de 2025 y ha participado en varias cumbres tecnológicas en la Casa Blanca—, no se pronunció de forma pública antes del cierre de esta edición.
Desde la Administración Trump, ningún portavoz oficial confirmó ni desmintió las negociaciones, pauta habitual cuando las conversaciones se encuentran en fase exploratoria. El silencio tiene su propia lógica: si la propuesta fracasa, nadie habrá comprometido su posición; si prospera, la Administración puede presentarla como un logro de su política de presión sobre el sector tecnológico. Los grupos de defensa de la competencia, como el American Economic Liberties Project, advirtieron públicamente de que cualquier participación estatal en OpenAI plantea preguntas estructurales sobre conflicto de interés regulatorio: el Estado no puede ser a la vez accionista interesado en la revalorización de una empresa y árbitro imparcial del mercado en el que esa empresa opera. Ni OpenAI ni la Casa Blanca habían respondido a esa objeción antes del cierre de esta edición.
Qué sucede a continuación: plazos e hitos decisivos
El siguiente movimiento corresponde a la Administración Trump, que debe decidir si acepta explorar formalmente la propuesta, la rechaza o la utiliza como palanca negociadora para obtener concesiones regulatorias o contractuales de otro tipo. Si el Gobierno federal quisiera materializar la participación a través de un fondo soberano, necesitaría legislación específica del Congreso, donde el calendario de la segunda mitad de 2026 está ya copado por la negociación presupuestaria. Una vía ejecutiva a través de la DFC u otra agencia existente sería más rápida pero jurídicamente más frágil. En paralelo, OpenAI debe concluir su transición a empresa con ánimo de lucro, proceso que enfrenta impugnaciones judiciales pendientes de resolución en los tribunales de California, y que condiciona la estructura de capital sobre la que se calcularía cualquier cesión al Estado.
