Mosquera Sánchez describe el estado de ánimo de la población tras el nuevo enjambre sísmico. «La gente está muy paniqueada, siempre hubo movimiento, la gente está muy triste», relató al describir cómo un edificio ya agrietado, que la alcaldía había ordenado desocupar, terminó de derrumbarse durante los temblores del lunes. Sostiene que ninguna autoridad nacional ha llamado ni preguntado por la situación del municipio.
El terremoto del 10 de agosto golpeó con especial dureza al Chocó, uno de los tres departamentos más afectados según la Gobernación departamental, que contabilizó 12 muertos, 357 heridos, 5.221 viviendas destruidas y afectaciones en 365 instituciones educativas, 80 centros de salud y 15 vías. En Istmina, el balance local que entrega el alcalde habla de cerca de cien viviendas totalmente destruidas, 70 heridos —entre ellos dos agentes de policía— y más de 3.000 familias damnificadas, sin víctimas mortales.
Mosquera Sánchez sostiene que la ayuda recibida hasta ahora proviene sobre todo de alcaldías vecinas, donantes privados y particulares, y no del nivel central. A un municipio de 70.000 habitantes, afirma, solo han llegado 300 mercados, una cifra que considera insuficiente. El municipio, de sexta categoría presupuestal, carece de un banco de materiales de construcción —varillas, cemento, zinc— para atender la reconstrucción de vivienda.
El alcalde relató que el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con los alcaldes de la subregión en Unión Panamericana, donde el Gobierno se comprometió a entregar un banco de materiales y maquinaria amarilla para la remoción de escombros. Mosquera Sánchez pidió que ese compromiso se materialice «en el menor de los tiempos» para dar respuesta a una comunidad que, según describe, vive una situación «triste, angustiante y desesperanzadora».
El sector educativo es uno de los más golpeados: cerca de 3.000 estudiantes de Istmina reciben clases en albergues y carpas, mientras al menos una institución permanece cerrada por amenaza de ruina. El alcalde también reclamó atención al Ministerio de Transporte y al Invías por las vías terciarias destruidas, que según su relato están afectando la comercialización de productos agrícolas como el borojó, el chontaduro, la caña y el cacao, base de la economía rural de la región.
La gestión de la emergencia en el departamento ha estado liderada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, cuyo modelo de reconstrucción con participación de privados y organismos multilaterales ha sido valorado por algunos analistas. Mosquera Sánchez cuestiona, sin embargo, que la atención institucional se haya concentrado en Quibdó, la capital departamental, mientras Istmina —afirma— vive «también un verdadero desastre» sin la misma visibilidad. El alcalde dijo haber recorrido las zonas rurales más apartadas, por tierra y por agua, llevando equipos médicos y psicólogos para atender a menores con secuelas emocionales.
El Chocó, con altos índices de pobreza y una conectividad vial históricamente precaria, arrastra desde hace décadas la fragilidad institucional que hoy aflora en la emergencia. La respuesta estatal ante sismos y desastres en zonas periféricas del país ha sido cuestionada en episodios recientes, como el terremoto que sacudió a Pereira, donde un padre buscó durante cuatro días entre los escombros a su hijo.
Sobre el clima social en Istmina, el alcalde resumió el estado de la población con una frase.
«La gente no puede ponerse a llorar, tiene que levantarse con positivismo; detrás de esa cara bonita, esa sonrisa, hay un mar de llanto, eso no lo podemos esconder», afirmó Jaison Mosquera Sánchez, alcalde de Istmina.
