El Ejecutivo pretende llevar el real decreto-ley de medidas de vivienda, conocido informalmente como decreto Maricarmen en referencia al desahucio que impulsó la acampada en la Puerta del Sol, al Consejo de Ministros de este martes. El texto necesitará después convalidarse en el Congreso en un plazo de 30 días, trámite en el que el Gobierno ya sufrió una derrota en abril con un decreto similar de prórroga de alquileres.
Según fuentes de la formación de Carles Puigdemont, el cambio se produjo «a causa de la presión de sus socios», en referencia a Sumar y a los partidos de izquierda que integran la mayoría de investidura. Junts critica que el documento se haya convertido en un decreto ómnibus al sumar medidas ajenas a lo negociado, una fórmula que ya complicó la convalidación de textos anteriores del Gobierno.
Entre las objeciones concretas, el partido señala que el borrador «da por buenas las okupaciones», deja sin protección suficiente a los pequeños propietarios —a quienes equipararía con los fondos de inversión— y modifica hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la vía del decreto, pese a que esa reforma ya se tramita en el Congreso con participación de todos los grupos parlamentarios.
Pese al tono de advertencia, Junts mantiene abierta la puerta a seguir negociando hasta el último momento, según trasladaron fuentes de la formación.
«Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará. Estamos dispuestos a continuar hablando hasta el final», fuentes de Junts per Catalunya.
El partido insiste en que reclama soluciones reales al problema de la vivienda, no «una foto, un tuit o un titular», una frase con la que resume su posición ante el texto en negociación.
Las negociaciones, lideradas por el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, tratan de conciliar posiciones muy alejadas entre sí. Sumar y los socios de izquierda —ERC, Podemos, EH Bildu y el BNG— impulsan medidas intervencionistas como la prórroga automática de contratos de alquiler hasta 2028, con posible congelación de rentas, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y límites a la actividad de los fondos de inversión. Junts, en cambio, prioriza incentivos fiscales para propietarios, medidas contra la okupación y que sea la Administración quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda.
Sumar ha advertido de que no aceptará un texto que «diluya elementos centrales» para atajar la crisis habitacional, mientras el PNV y otros socios buscan puntos de equilibrio, con avances aparentes en la contención a los fondos buitre y en algunos aspectos de la regulación de los alquileres temporales. El Gobierno ha explorado fórmulas como que las administraciones públicas cubran los costes de alquiler en los desahucios de familias vulnerables para no cargar esa factura sobre los pequeños propietarios, una vía que Junts no considera suficiente.
La crisis de vivienda ha marcado buena parte de la agenda política de las últimas semanas, en paralelo a otros frentes abiertos del Ejecutivo, como el que analiza España renuncia a otros 1.260 millones de préstamos del Plan de Recuperación. Las conversaciones sobre el decreto seguían abiertas anoche, con el reloj en contra y sin que el Gobierno hubiera cerrado un texto que garantizara los apoyos necesarios en el Consejo de Ministros de este martes.
