"Hay una frase muy popular que dice que basta con golpear al puerco para que aparezca el dueño. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el traslado a Coiba de delincuentes de alto perfil", dijo el mandatario ante la promoción 103 de la Policía Nacional, bautizada "Legionarios", graduada en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras. Añadió que aparecen "defensores, abogados y opinadores indignados como si se hubiese apresado a una reverenda madre de la iglesia".
El domingo 14 de junio, 29 reclusos catalogados como de extrema peligrosidad fueron trasladados a Coiba, colonia penal clausurada hace más de dos décadas. Entre ellos figuran Juan Vicente Blandford, alias Jancin, señalado por una red de contaminación de contenedores con droga; Enrique Candanedo, alias Chino, condenado a 50 años de prisión por el homicidio de un policía y un civil, y José Cossio, con 74 meses de prisión por tráfico de drogas. El Ministerio de Seguridad Pública justificó el traslado por "vulnerabilidades" detectadas en Punta Coco, otro penal insular, desde donde, según el gobierno, los reclusos coordinaban actividades ilícitas.
En agosto, las autoridades trasladaron a Coiba a tres personas más: el exalcalde de Colón, Alex Lee, y el representante y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, Javier Lynch y Orlando Salazar. Ninguno de los tres tiene condena en firme; los tres permanecen detenidos preventivamente por orden de un juez de garantías. El caso se suma a otros procesos recientes contra autoridades comunales, como el de la exrepresentante y extesorera de junta en Colón condenadas a 8 años de cárcel.
Tras el traslado de los tres colonenses, Mulino afirmó que "todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico" y que el aislamiento busca evitar que los reclusos sigan "dirigiendo, planificando y organizando la venta, distribución y asesinatos para preservar su imperio de negocio ilícito". Calificó entonces la medida como "una estrategia necesaria para comenzar a frenar el crimen en las calles".
En el acto de este lunes, el mandatario reorientó el debate hacia las víctimas del delito. "No me parece razonable que centremos la discusión únicamente en eso [los derechos de los detenidos], olvidando a quienes sufrieron del delito", cuestionó. Advirtió que presentar a los delincuentes como víctimas enviaría "el mensaje equivocado" y citó como modelo la política de seguridad de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele.
"Los casos exitosos como El Salvador no se basaron en tratar a los presos como víctimas, sino en hacer cumplir la ley con rigurosidad y firmeza", afirmó José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
Mulino defendió también los nombramientos de su gobierno. "Nosotros nombramos profesionales de la salud, de la educación y de la seguridad, que es lo que la sociedad demanda. Si están en contra de eso, pues que lo digan", manifestó, antes de retomar el discurso sobre seguridad. Aseguró que "conmigo, Panamá no será sumiso al narcotráfico" y que el istmo enfrenta el delito "por una razón de supervivencia".
El mandatario dijo trabajar "de forma integrada" con otros gobernantes de la región —mencionó a Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Claudia Sheinbaum, de México; Abelardo de la Espriella, de Colombia; Luis Abinader, de República Dominicana, y Daniel Noboa, de Ecuador— para "frenar el narcotráfico, a las pandillas y al poder que ejercen". Insistió en que a las pandillas "no se les gana negociando ni se les vence abriendo espacios de diálogo", sino "con la fuerza, con detenciones de acuerdo con la ley, con aislamiento".
El aislamiento de detenidos en islas del Pacífico panameño no es nuevo: Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, operó como centro de máxima seguridad desde 2015 pese a repetidos cuestionamientos de organismos de derechos humanos sobre las condiciones y el acceso a defensa en penales de difícil acceso. La reapertura de Coiba, clausurada hace más de dos décadas, retoma ese esquema penitenciario insular.
"Aquí nadie está por encima de la ley. Y si un funcionario de mi gobierno comete un delito, lo detienen. Aquí no hay privilegiados ni bendecidos", aseguró José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
El mandatario cerró su intervención dirigiéndose a los sectores críticos de su política penitenciaria: "Ese 2% de personas vinculadas a la narcoactividad no va a imponerle su agenda al resto del país".