La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación llevó el caso a juicio tras atribuir los hechos al periodo comprendido entre 2009 y 2014, durante la gestión de ambos exfuncionarios al frente de la junta comunal del corregimiento de Miguel de la Borda, cabecera del distrito de Donoso. Según el censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, esa localidad cuenta con 2,408 habitantes.
La causa estableció una lesión patrimonial de $29,505.35 en perjuicio de la junta comunal, monto que la fiscalía atribuyó al manejo de los fondos por parte de Teherán Núñez y Polo Martínez durante su periodo al frente de la entidad.
El lapso de los hechos juzgados coincide con el que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de una década en uno de los mayores casos de corrupción en juntas comunales del país: el presunto desvío de más de $247 millones en partidas circuitales que 70 diputados distribuyeron entre 187 juntas comunales y municipios durante esos cinco años, de acuerdo con auditorías de la Contraloría General de la República. Ese periodo corresponde a la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli.
En febrero de 2018, la Contraloría, entonces bajo la conducción de Federico Humbert, entregó a la Fiscalía 223 cajas con los resultados de esas auditorías. El proceso derivado de esos hallazgos ha enfrentado dilaciones: en 2020 se reportó que la causa estuvo paralizada casi 11 meses en espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en diciembre de 2022 el máximo tribunal concedió un año adicional para completar las investigaciones, en medio de recursos de amparo presentados por las defensas.
La Procuraduría no precisó, en su nota de prensa, si el caso de Miguel de la Borda forma parte de esa causa mayor sobre partidas circuitales o si se trata de un expediente separado dentro del universo de juntas comunales auditadas por la Contraloría.
El caso de Colón no es el único de este tipo resuelto recientemente. En Coclé, dos exfuncionarios de la junta comunal de Río Indio recibieron una condena de 60 meses de prisión por una lesión patrimonial de $301,959.52, correspondiente también al periodo 2009-2014, lo que apunta a que los tribunales continúan procesando expedientes de aquel lustro en distintas provincias.
La sentencia contra Teherán Núñez y Polo Martínez se suma a otros procesos por peculado y corrupción que ocupan a los tribunales panameños, entre ellos el caso Pandora, que ya suma 22 imputados por el fraude de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos. El peculado, tipificado en el Código Penal como la apropiación o distracción de fondos públicos por un funcionario, contempla penas que en este proceso alcanzaron los ocho años de cárcel.