Anatomía del ataque: vectores combinados y táctica de saturación
El asalto combinó, según las primeras informaciones de las autoridades militares ucranianas, misiles de crucero —del tipo empleado de forma recurrente desde el inicio de la invasión en febrero de 2022— junto con drones de ataque de fabricación iraní adquiridos por Rusia en lotes que el Gobierno de Teherán ha negado reiteradamente, pero que tanto Kiev como la OTAN han documentado mediante restos recuperados en territorio ucraniano. La combinación de vectores de distinto alcance y velocidad no es casual: responde a una táctica que el Ejército ruso ha perfeccionado a lo largo de 2023 y 2024.
La saturación deliberada de los sistemas de defensa antiaérea mediante oleadas de drones —más lentos pero numerosos— para facilitar la penetración de misiles de mayor precisión constituye el núcleo de esa táctica. La defensa antiaérea ucraniana, reforzada en los últimos meses con sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos, IRIS-T alemanes y NASAMS proporcionados por varios aliados de la OTAN, logró interceptar una parte de los proyectiles, aunque el número exacto de misiles derribados no había sido confirmado de forma oficial en el momento de cierre de esta edición.
Víctimas y patrón sistemático de objetivos civiles
Al menos 17 personas perdieron la vida, según el balance provisional ofrecido por las autoridades ucranianas. La cifra es consistente con ataques anteriores de magnitud comparable: el asalto del 29 de diciembre de 2023 sobre infraestructuras energéticas de varias ciudades dejó más de 30 fallecidos, según datos de la Oficina del Fiscal General de Ucrania. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) ha documentado que, desde el 24 de febrero de 2022, los ataques rusos han causado más de 12.000 muertes de civiles confirmadas, cifra que el propio organismo reconoce como subestimada por las dificultades de acceso sobre el terreno.
Los objetivos golpeados incluyeron, según los primeros informes, bloques residenciales y al menos una instalación de infraestructura crítica en la capital. Este patrón no es aleatorio: desde el otoño de 2022, Rusia ha concentrado sus ataques en la red eléctrica y de calefacción ucraniana con el propósito de colapsar los servicios básicos antes de los meses de invierno. La Agencia Internacional de la Energía describió en su informe de diciembre de 2023 esta estrategia como un intento sistemático de destruir el 50% de la capacidad de generación eléctrica ucraniana. Según la empresa estatal Ukrenergo, citada por ese mismo organismo, dicha capacidad instalada se redujo en más de un 35% entre febrero de 2022 y finales de 2023 como consecuencia directa de los bombardeos sobre centrales térmicas y subestaciones.
La 'Guerra de las Ciudades': precedentes históricos y lógica estratégica
El concepto de 'Guerra de las Ciudades' no es una novedad del conflicto ucraniano. Durante la guerra entre Irán e Iraq (1980-1988), ambos bandos lanzaron ataques indiscriminados con misiles balísticos sobre Bagdad y Teherán en lo que los historiadores militares denominaron precisamente así. En el contexto europeo, el asedio serbio de Sarajevo entre 1992 y 1995 —que causó cerca de 11.000 muertes de civiles según el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia— estableció el precedente más cercano de destrucción urbana prolongada en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo el referente jurídico y doctrinal al que acude la literatura especializada cuando analiza el conflicto en curso.
En el caso ruso-ucraniano, la lógica estratégica añade una dimensión energética que no estaba presente en aquellos conflictos: Ucrania depende de una red eléctrica heredada de la era soviética, interconectada y centralizada, lo que la hace especialmente vulnerable a ataques sobre nodos clave. A diferencia del asedio de Sarajevo, donde el objetivo era el colapso moral y demográfico de una ciudad concreta, la campaña rusa apunta a la parálisis funcional de todo un Estado mediante la destrucción selectiva de su columna vertebral energética, una modalidad de guerra que el derecho internacional humanitario vigente no contempló en su redacción original.
Marco jurídico: el Protocolo de Ginebra y la orden de arresto de la CPI
El Ministerio de Defensa ruso no había emitido, en el momento de publicación de esta pieza, una declaración específica sobre el ataque. Su práctica habitual consiste en reconocer los bombardeos enmarcándolos como respuestas a acciones ucranianas o como golpes sobre infraestructuras de uso militar o mixto. Esta formulación es jurídicamente relevante: el derecho internacional humanitario —en particular el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977, que Rusia ratificó— prohíbe los ataques indiscriminados y los dirigidos contra bienes civiles, pero permite los que recaen sobre objetivos de uso mixto siempre que el daño civil no sea excesivo respecto a la ventaja militar esperada. El carácter deliberadamente elástico de ese principio de proporcionalidad es el que Moscú explota sistemáticamente en su argumentación.
La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la deportación ilegal de menores ucranianos, hecho que marcó un precedente sin parangón desde los juicios de Núremberg: fue la primera vez que el tribunal emitía una orden contra el líder de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Los 124 estados parte del Estatuto de Roma que deberían ejecutarla se encuentran ante un dilema político de primera magnitud, y ninguno ha procedido a una detención efectiva. Las autoridades ucranianas han reiterado su demanda de que los ataques sobre infraestructura civil sean investigados como crímenes de guerra, posición que Moscú rechaza de plano al no reconocer la jurisdicción del tribunal.
Tensiones dentro de la OTAN: el debate sobre el uso de armas de largo alcance
La Alianza Atlántica condenó el ataque sin anunciar medidas adicionales. La posición occidental está sometida a una tensión creciente: varios países miembros —entre ellos el Reino Unido, Francia y Polonia— han debatido públicamente en los últimos meses la posibilidad de autorizar a Ucrania el uso de armas de largo alcance suministradas por Occidente para golpear objetivos en territorio ruso. Estados Unidos, bajo la administración Biden, cruzó parcialmente esa línea en noviembre de 2024 al levantar ciertas restricciones sobre el uso de misiles ATACMS, decisión que Moscú calificó de escalada inaceptable.
Alemania, segundo mayor suministrador de armas a Ucrania en términos absolutos según el Kiel Institute for the World Economy en datos actualizados a enero de 2025, ha mantenido una posición más cautelosa que París o Londres respecto a la escalada. Esa cautela está condicionada en parte por el debate político interno alemán sobre el rearme y por la memoria de la dependencia energética del país respecto a Rusia: el gas ruso representó el 55% de las importaciones alemanas de gas natural en 2021, según Eurostat, frente a una estimación del 15% para 2024 tras los cortes y la diversificación acelerada. Kiev ha advertido reiteradamente de que las restricciones occidentales sobre el uso de ciertas armas limitan su capacidad de disuasión frente a los bombardeos sobre población civil.
Variables diplomáticas y el regreso de Trump
El ataque se produce en un momento en que las conversaciones de paz permanecen estancadas. El plan de doce puntos presentado por China en febrero de 2023 fue rechazado tanto por Kiev —que exige la retirada completa rusa a las fronteras reconocidas internacionalmente de 1991— como, en la práctica, por Moscú, que no ha dado señales de disposición a abandonar los territorios anexionados en los referendos de septiembre de 2022, cuya legalidad no reconoce ningún miembro de la ONU salvo la propia Rusia. Las mediaciones de Turquía y varios países del Sur Global tampoco han producido resultados concretos.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 introduce la variable de mayor incertidumbre estratégica. Trump ha prometido reiteradamente poner fin a la guerra de forma acelerada, promesa sin detalle operativo conocido, y ha cuestionado el volumen de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, que según el Departamento de Estado acumulaba más de 60.000 millones de dólares en compromisos desde febrero de 2022. Cualquier reducción significativa de ese apoyo alteraría el equilibrio de fuerzas sobre el terreno de forma sustancial, dado que Ucrania produce internamente una fracción de la munición de artillería que consume. La administración Trump no había precisado, al cierre de esta edición, su posición respecto al ataque sobre Kiev.
Hitos próximos: línea de contacto, campaña energética y negociaciones
En el plano militar, la línea de contacto permanece relativamente estabilizada desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, que no logró sus objetivos de ruptura estratégica. Rusia reconquistó Avdiivka en febrero de 2024 y mantiene una presión sostenida en el sector de Donetsk. Los próximos meses determinarán si Moscú tiene capacidad para lanzar una nueva ofensiva de envergadura o si la campaña aérea sobre las ciudades se convierte en el eje principal de su estrategia de desgaste ante las limitaciones de su avance terrestre. La llegada del invierno eleva el valor estratégico de cada central eléctrica destruida: los cortes de suministro afectan directamente a la capacidad de la población civil de resistir y al funcionamiento de las industrias de defensa ucranianas. Las próximas semanas, con las primeras heladas, constituirán el test más inmediato de la resistencia del sistema energético ucraniano tras más de dos años de bombardeos sistemáticos.
