"La ciencia, la tecnología y la innovación siempre están en la bandera de los gobiernos, pero son como honores a la bandera", aseguró Montoya, quien insiste en que las prioridades de cualquier administración se miden en asignación de recursos y no en discursos. Esa tensión entre el enunciado político y la ejecución fiscal atraviesa casi tres décadas de Misiones de Sabios, los paneles de expertos nacionales e internacionales que desde los años noventa han trazado hojas de ruta para que el país convierta el conocimiento en desarrollo económico.
El diagnóstico se repite en cada ciclo de gobierno sin que cambie el desenlace: Colombia sigue sin construir un marco fiscal que blinde la inversión en investigación de los vaivenes políticos. Montoya cuestiona además la forma en que el país mide ese esfuerzo. Según su estimación, buena parte de lo que Colombia reporta como inversión en investigación y desarrollo corresponde a actividades que no son investigación en sentido estricto, lo que infla el indicador oficial.
"Tenemos dos problemas: el primero, que contamos mal y decimos mentiras, y el segundo, que ese índice baja cada vez más", afirmó la exrectora. Con una medición más rigurosa, calcula que la inversión estricta en investigación y desarrollo rondaría apenas el 0,1 % del producto interno bruto, muy por debajo del promedio cercano al 2,7 % que exhiben los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de economías industrializadas al que Colombia ingresó en 2020.
El primer antecedente de esa ambición frustrada es la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994, conocida como la de los diez sabios, que recomendó destinar el 2 % del PIB a ciencia y tecnología; tres décadas después, con una segunda Misión de Sabios convocada en 2019, el país no ha estabilizado ni una fracción de esa meta en su presupuesto.
Talento formado sin destino laboral
Las consecuencias de esa brecha presupuestal aparecen con nitidez en la formación de capital humano avanzado. Colombia forma entre 20 y 25 doctores por millón de habitantes al año —unos 1.200 en total—, mientras el promedio de la OCDE alcanza 240 por millón y Brasil cuadruplica la cifra colombiana, según los datos aportados por Montoya. El país ha invertido en programas de doctorado nacionales y becas en el exterior, pero no ha construido el ecosistema productivo capaz de absorber a esos profesionales una vez se gradúan o regresan.
Para cerrar esa brecha, Montoya reclama mecanismos hoy prácticamente inexistentes en el país: capital de riesgo orientado a ciencia, plantas piloto y rutas claras para escalar tecnologías desde el laboratorio hasta el mercado. Cita el modelo de los institutos Fraunhofer de Alemania, la red de centros de investigación aplicada más grande de Europa, como referencia de cómo estructurar esa transición. "Al principio el Estado tiene que financiar alrededor del 70 % de esos desarrollos y luego la empresa lo va asumiendo", planteó, subrayando que no se trata de sustituir al sector privado sino de construir el puente que hoy falta entre la universidad y la empresa.
La exrectora recuerda, como ejemplo concreto, una empresa derivada de la Universidad Nacional que logró poner en marcha productos biológicos para el agro, un caso que considera excepcional en un país donde las universidades acumulan prototipos mientras las empresas compran tecnología extranjera que también podría desarrollarse localmente.
Para tender ese puente entre Estado, academia y sector privado, Montoya ha impulsado corporaciones amparadas en la Ley de Ciencia y Tecnología, diseñadas para convertir investigación en innovación aplicada. Entre ellas menciona Connect Bogotá, Ruta N en Medellín —que trabaja de la mano del empresariado antioqueño— y Manizales Más, además de Rotorr-Motor de Innovación, creada en la Universidad Nacional.
Según Montoya, Rotorr modernizó la infraestructura tecnológica que hoy emplea la Contraloría General de la República a través de la Diari, la unidad que realiza vigilancia in situ de los recursos públicos en los territorios más apartados del país. "Rotorr es una corporación que toca el territorio y la tecnología de punta; es un grupo de jóvenes muy entusiastas que se han rodeado de muy buenas empresas nacionales e internacionales para que el conocimiento también nos llegue, porque no somos una isla y estamos en un marco global y tenemos que ser competitivos globalmente", explicó.
"Fuera de la tecnología, Rotorr llega a las comunidades en regiones apartadas. Con los recursos que genera, además, ha creado parques en regiones apartadas para fabricar sonrisas en los niños", afirmó Dolly Montoya, exrectora de la Universidad Nacional de Colombia.
Rotorr y el pulso con el rector anterior
Montoya señaló que Rotorr enfrentó cuestionamientos durante la administración del anterior rector de la Universidad Nacional, pese a que, según ella, la corporación cumplía sus metas. "Fue el caballito de batalla que cogió el anterior rector para decir que nos robamos la plata", relató, describiendo ese episodio como parte de una lógica que buscaba desacreditar la gestión previa. "Nos querían pintar de negro toditos, tender un marco de que 'todo lo que se hizo fue malo', y el producto de esa política crítica fue desbaratar lo que se hizo", añadió.
Montoya defendió también la autonomía universitaria como condición para que la ciencia colombiana mantenga independencia frente a los ciclos políticos. "Nosotros no nos podemos alinear ni con partidos políticos ni con tendencias económicas. Tenemos autonomía de pensamiento y nuestra vinculación es mejorar el trabajo en las comunidades", sostuvo. El reclamo coincide con la discusión fiscal más amplia que enfrenta el país, en medio de las conversaciones que Colombia negociaría con el FMI un ajuste fiscal de 3,2 % del PIB hasta 2028, un escenario de austeridad que presiona aún más las partidas de ciencia.
La exrectora resumió su balance sobre la resistencia institucional al cambio con una reflexión que trasciende el caso de Rotorr: "No sé por qué a la gente le duele tanto crecer; nos queremos quedar congelados en la adolescencia. Eso yo nunca lo he podido entender", afirmó, en referencia a lo que calificó como una persecución del gobierno anterior contra entidades que, a su juicio, habían demostrado resultados en territorios donde el Estado tiene escasa presencia.
