El FMI confirmó esta semana que espera la llegada de la delegación colombiana y destacó el compromiso manifestado por el actual Gobierno con la disciplina fiscal. Según el organismo, medidas creíbles para reducir los desequilibrios podrían bajar los costos de financiación del país y recuperar la confianza de los inversionistas. Todavía no se conocen el instrumento, el monto ni las condiciones que eventualmente pactarían las partes; lo que existe es un conjunto de recomendaciones técnicas que anticipan los puntos de discusión.
El primer punto de cualquier acuerdo sería un programa de ajuste fiscal con metas cuantitativas y verificables dirigido a reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda pública. El retorno a la regla fiscal en 2028 es el objetivo que el propio Fondo fijó como norte del ajuste de 3,2 por ciento del PIB, repartido en los tres años que van de 2026 a 2028.
El precedente de 1999
El antecedente más cercano para dimensionar lo que vendría es el acuerdo multianual que Colombia suscribió con el Fondo en 1999, en medio de la crisis financiera que golpeó al sistema hipotecario y llevó al país a su primera recesión profunda en décadas. Aquel programa estuvo condicionado a metas de déficit y a reformas estructurales que se extendieron durante varios años. El ajuste que ahora se perfila tendría una lógica similar, aunque el contexto macroeconómico sea distinto.
Por el lado de los ingresos, el Fondo ha planteado medidas equivalentes a cerca de 1 por ciento del PIB: reducir exenciones de IVA y beneficios para importaciones de bajo valor, aumentar impuestos a las apuestas en línea, mantener o elevar sobretasas sobre petróleo y carbón, y subir los impuestos al carbono. Por el lado del gasto, las recomendaciones son más exigentes, con ajustes equivalentes a 2,2 por ciento del PIB hacia 2028, que incluirían eliminar subsidios a los combustibles, llevar la nómina pública a niveles históricos, racionalizar transferencias corrientes y reducir algunos subsidios en salud.
Estas recomendaciones, elaboradas por el equipo técnico del Fondo en 2025, no constituyen todavía las condiciones formales de un acuerdo, pero funcionan como el mapa más detallado disponible sobre los temas que entrarían en la mesa de negociación entre el Gobierno colombiano y Washington.
Tres frentes según la academia
Giovanny Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, considera que el Fondo probablemente insistiría en tres frentes: recortes que no comprometan la inversión, una reforma tributaria capaz de financiar gastos adicionales y el cumplimiento de la regla fiscal.
"Probablemente será la principal condición que pondrá el FMI para cualquier desembolso de crédito", señaló Giovanny Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana.
Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, coincide en que habría compromisos sobre los ingresos. Según explicó, Colombia tiene tarifas tributarias elevadas pero recauda alrededor del 16 por ciento del PIB, una brecha que atribuye a la informalidad, la evasión y las exenciones vigentes. Por eso, considera posible que la negociación incluya medidas para cerrar beneficios tributarios, combatir la evasión e incluso revisar aspectos del IVA.
Cristancho también estima que Colombia podría estar buscando recursos cercanos a los US$20.000 millones, que se emplearían, entre otros objetivos, para sustituir deuda costosa y reducir el gasto por intereses del Presupuesto General de la Nación.
La línea de crédito flexible, cancelada
La segunda gran incógnita es qué instrumento usarían las partes. Colombia tuvo una línea de crédito flexible, cancelada por el Gobierno anterior, reservada para economías con fundamentos y marcos de política que el Fondo considera muy sólidos y que no impone condiciones posteriores al desembolso, pues funciona como una tarjeta de crédito cuyos requisitos se evalúan antes de aprobarla. Sin embargo, recuperar ese instrumento luce improbable: en su evaluación de 2025, el FMI advirtió que el deterioro fiscal y la suspensión temporal de la regla fiscal habían debilitado el marco de política frente al que existía cuando Colombia solicitó esa línea en 2024.
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, describe un abanico de opciones que va desde esa línea de baja condicionalidad hasta una facilidad extendida con metas, reformas y revisiones más exigentes. En medio estaría la línea de precaución y liquidez, diseñada para países con fundamentos sólidos pero vulnerabilidades que les impiden cumplir los requisitos de la línea flexible, con programas de uno o dos años, metas indicativas, criterios de desempeño y revisiones semestrales.
Pérez sostiene que esa alternativa intermedia combinaría metas concretas y revisiones periódicas con una condicionalidad menor que la de una facilidad extendida, lo que la haría más compatible con la situación colombiana que una facilidad más exigente.
Para el mercado, el valor de un eventual acuerdo no estaría únicamente en el monto desembolsado. La financiación del Fondo suele tener un costo inferior al que Colombia enfrenta en los mercados internacionales de deuda, un alivio que se suma al avance del país en frentes como el turismo médico, con 21.034 pacientes extranjeros entre enero y agosto de 2026 según Migración Colombia.
"Tener al FMI respaldando el proceso de ajuste enviaría una señal favorable y podría mejorar la credibilidad del país", afirmó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá.
