El choque se produjo durante una sesión de la Comisión de Sanidad, el trámite parlamentario en el que los diputados pueden interpelar directamente a los miembros del Gobierno sobre asuntos de su competencia. Fueron diputados de Vox quienes plantearon a García cuestiones relacionadas con el gasto sanitario asociado a la atención de personas migrantes llegadas a Ceuta, una de las dos ciudades autónomas españolas en el norte de África que, junto con Melilla, constituye un punto habitual de entrada de flujos migratorios hacia territorio de la Unión Europea.
La ministra defendió que el sistema sanitario público, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) —organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona la asistencia en Ceuta y Melilla al no estar transferidas las competencias sanitarias a estas ciudades—, ha respondido a las necesidades derivadas de la llegada de migrantes. García subrayó que la atención sanitaria de urgencia a cualquier persona en territorio español, con independencia de su situación administrativa, constituye una obligación legal recogida en el ordenamiento y en compromisos internacionales suscritos por España.
El cruce dialéctico no se limitó a Vox. La ministra extendió sus críticas al Partido Popular, al que acusó de compartir posicionamientos con la formación de Abascal en el tratamiento del fenómeno migratorio, y calificó de "xenófobos" argumentos esgrimidos por ambas formaciones en relación con el coste de la atención sanitaria a migrantes. Desde Vox, los diputados de la formación insistieron durante la propia comisión en la necesidad de cuantificar con precisión el gasto sanitario derivado de la atención a personas migrantes en las ciudades autónomas. El Partido Popular no ha emitido, por el momento, una réplica formal a la acusación de xenofobia, si bien la formación de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado en ocasiones anteriores ese tipo de calificativos cuando proceden de miembros del Ejecutivo.
El marco legal de la atención sanitaria universal
El marco normativo que regula esta cuestión se encuentra en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en sus sucesivas modificaciones, que garantizan el acceso a la asistencia sanitaria de urgencia con independencia del estatus migratorio de la persona atendida. A ello se suman los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, que obligan a las administraciones a no discriminar en el acceso a servicios esenciales por razón de origen o situación administrativa.
Ceuta y Melilla presentan una singularidad dentro del Sistema Nacional de Salud: al no haber recibido las transferencias sanitarias que sí ostentan las comunidades autónomas desde los años noventa y dos mil, la gestión de la sanidad pública recae directamente en el Ministerio de Sanidad a través de Ingesa. Esta circunstancia hace que cualquier controversia sobre el gasto sanitario en estos territorios tenga repercusión política directa sobre el Gobierno central, a diferencia de lo que ocurre en comunidades con sanidad transferida, donde la responsabilidad recae en los respectivos gobiernos autonómicos.
Ceuta, con una población en torno a los 83.000 habitantes según el Padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha sido históricamente un punto de fricción migratoria por su condición fronteriza con Marruecos. La ciudad vivió uno de sus episodios más críticos en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas, un suceso que obligó al despliegue del Ejército y generó una crisis diplomática con Rabat. Aquel episodio marcó un antes y un después en la gestión de flujos migratorios en la frontera sur española y sigue siendo la referencia obligada cuando se debate la capacidad de respuesta de las administraciones.
El debate sobre el coste sanitario de la migración no es nuevo en el discurso político español. En anteriores legislaturas, formaciones de derecha y extrema derecha han reclamado datos desagregados sobre el gasto en sanidad, educación y servicios sociales atribuible a la población extranjera, mientras que organizaciones como Médicos del Mundo o Cruz Roja han defendido que la atención sanitaria universal es un pilar del sistema de bienestar español y una garantía frente a riesgos de salud pública, como la propagación de enfermedades transmisibles no diagnosticadas ni tratadas a tiempo.
No existen cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad que desglosen de manera específica el coste sanitario atribuible a la atención de migrantes en Ceuta durante los últimos ejercicios, por lo que las estimaciones que circulan en el debate parlamentario carecen, por el momento, de un contraste estadístico público verificable. El Ministerio ha sostenido en ocasiones anteriores que la atención sanitaria de urgencia representa una fracción reducida del gasto sanitario total en la ciudad autónoma, aunque sin ofrecer un desglose detallado por partidas.
La comparecencia se produce en un contexto de tensión más amplia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos de la derecha y la extrema derecha en torno a la política migratoria, que se ha intensificado a raíz de los debates sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y sobre la reforma del reglamento de extranjería aprobada por el Consejo de Ministros. Estas discrepancias han marcado buena parte de la actividad parlamentaria de la legislatura.
A partir de ahora, el foco se desplaza a si el Ministerio de Sanidad facilita datos desagregados sobre el gasto sanitario en Ceuta y Melilla que permitan zanjar la controversia con cifras verificables, algo que tanto Vox como el PP han reclamado en sede parlamentaria. La Comisión de Sanidad del Congreso podría retomar este asunto en próximas sesiones de control, mientras el debate migratorio sigue marcando la agenda política de cara al curso parlamentario que arranca en septiembre.
