Borra ha resumido su diagnóstico de fondo con una frase: «Algunos políticos se creen que las administraciones son su cortijo particular», en referencia a la injerencia partidista en la gestión de los organismos públicos. El líder sindical sostiene que esa dinámica erosiona la profesionalidad del funcionariado y distorsiona el funcionamiento ordinario de servicios esenciales.
La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado es, según Borra, la causa principal de los problemas estructurales de las plantillas. El dirigente ha señalado que la parálisis presupuestaria impide eliminar la tasa de reposición —el mecanismo que limita la contratación de nuevo personal en función de las jubilaciones y bajas— y otros asuntos que, en sus palabras, «este Gobierno no es capaz de sacar adelante». «Faltan empleados públicos en servicios esenciales», ha afirmado.
La tasa de reposición de efectivos se regula anualmente en las leyes de Presupuestos y, en su ausencia, queda condicionada por la prórroga de ejercicios anteriores. La prórroga presupuestaria está contemplada en el artículo 134.4 de la Constitución, que permite mantener vigentes las cuentas del ejercicio anterior hasta que se aprueban unas nuevas, aunque congela partidas de inversión y dificulta la planificación de plantillas. Se trata de un escenario recurrente en las legislaturas en las que el Gobierno de turno no ha logrado mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas.
Preguntado por si los funcionarios están pagando la falta de acuerdo político, Borra ha respondido que los empleados públicos «siempre» han sido «el cajón de sastre» al que recurren los gobiernos «cuando vienen mal dadas». Como precedente, ha recordado el recorte salarial aplicado en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una medida adoptada en plena crisis de deuda soberana que redujo de forma lineal los sueldos de los funcionarios y que sigue citándose como referencia de los ajustes sufridos por el sector en momentos de tensión fiscal.
«Somos uno más de los paganos», ha afirmado el presidente de CSIF, quien ha insistido en que la falta de Presupuestos y la inestabilidad política afectan «a toda la sociedad española», si bien ha subrayado que los empleados públicos son «los primeros servidores de todos los ciudadanos, no de los políticos».
Funcionariado de carrera frente a puestos de libre designación
Borra ha dedicado buena parte de la entrevista a distinguir entre el funcionariado de carrera, seleccionado mediante procesos que garantizan «igualdad, mérito, capacidad y publicidad», y los puestos de libre disposición que, según denuncia, «tantas veces utilizan las administraciones para colocar» en empresas públicas. Esos principios de acceso al empleo público están recogidos en el artículo 103 de la Constitución y desarrollados en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, que delimita los puestos que pueden cubrirse por libre designación, generalmente vinculados a funciones directivas o de especial confianza.
El dirigente ha reconocido que la corrupción «hace daño, en general, a la sociedad» y ha admitido que, en «casos muy puntuales», algún político «puede abusar de su autoridad» y saltarse la legalidad vigente. No obstante, ha matizado que esos episodios no representan la norma: según ha sostenido, «el 99,99%» de los trabajadores públicos no ha accedido a su puesto por vías irregulares, y ha reivindicado la profesionalidad del conjunto de la plantilla. «El funcionario, que es un mandado de las administraciones, tiene que cumplir la ley», ha añadido, al reclamar «instrucciones claras».
Sobre si los funcionarios han tenido miedo a denunciar casos de nombramientos discrecionales, Borra ha apuntado a la vulnerabilidad práctica del empleado público de base, cuya continuidad depende de la estructura jerárquica de la administración en la que presta servicio, lo que puede dificultar las denuncias internas pese a los canales de alerta previstos en la normativa de función pública.
Desde el Ejecutivo no se ha ofrecido una respuesta directa a las declaraciones de Borra. El Ministerio de Hacienda ha defendido en ocasiones anteriores que la prórroga presupuestaria no impide la ejecución de políticas de refuerzo en sanidad y educación a través de otros mecanismos, como los créditos extraordinarios o las transferencias a las comunidades autónomas, que gestionan buena parte de estos servicios.
Las movilizaciones anunciadas para septiembre se enmarcan en un calendario condicionado por la negociación —o su ausencia— de los Presupuestos para 2027 y por el seguimiento de los procesos de estabilización de empleo temporal derivados de la Ley 20/2021, que fijó plazos para reducir la temporalidad en el sector público y cuya ejecución sigue generando fricción sindical en distintos organismos.
El otoño de protestas que plantea CSIF se sumará al que preparan otras organizaciones del sector público, en un contexto en el que la falta de Presupuestos Generales del Estado seguirá siendo, previsiblemente, uno de los ejes del debate parlamentario en los próximos meses, condicionado por la aritmética de una legislatura marcada por la fragmentación de apoyos en el Congreso de los Diputados.
