El litigio se ha desarrollado en paralelo a un juicio en curso en el que el responsable de Instagram declaró esta misma semana, según recogió El País, que no existen "soluciones mágicas" para proteger a los menores en las redes sociales, una afirmación que resume la línea de defensa de la compañía frente a las acusaciones de negligencia.
Las demandas, coordinadas por fiscalías generales de distintos estados, se articulaban en tres frentes: el diseño de funciones concebidas para maximizar el tiempo de uso, la difusión de mensajes públicos que minimizaban los riesgos de las plataformas para menores y la recopilación de datos de usuarios adolescentes sin las garantías que exige la Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), la ley federal de protección de menores en internet vigente en Estados Unidos desde 1998.
Del acuerdo económico a los precedentes de sanción
La cifra pactada, de hasta 16.680 millones de dólares, se repartiría entre los estados demandantes, aunque el reparto exacto no ha trascendido. De confirmarse en los términos conocidos, se trataría de una de las mayores cantidades desembolsadas por una empresa tecnológica en un acuerdo relacionado con la protección de menores.
El importe supera con holgura el precedente más citado en la trayectoria de la propia compañía: en 2019, la entonces Facebook acordó pagar 5.000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio (FTC) por el escándalo de Cambridge Analytica, en aquel momento la mayor multa impuesta a una empresa por vulnerar la privacidad de sus usuarios. La cantidad ahora conocida triplicaría aquella cifra.
El escrutinio judicial se ha nutrido también del contexto abierto en 2021 con la difusión de documentos internos de la empresa por parte de la extrabajadora Frances Haugen, que evidenciaron el debate público sobre el impacto de Instagram en la salud mental de los adolescentes. Meta no ha confirmado oficialmente los términos del acuerdo a través de sus canales habituales, y los documentos consultados corresponden a registros judiciales que podrían modificarse antes de su ratificación definitiva.
El proceso se ha sustanciado bajo leyes estatales de protección al consumidor y la citada COPPA, mientras el Congreso de Estados Unidos mantiene abierto el debate sobre una norma federal más amplia, la Kids Online Safety Act (KOSA), que obligaría a las plataformas a reforzar los controles parentales y a limitar los algoritmos dirigidos a menores, y que aún no ha completado su tramitación.
En la Unión Europea el marco regulador difiere sustancialmente. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) exige a las grandes plataformas evaluar y mitigar los riesgos sistémicos para menores, bajo supervisión de la Comisión Europea, que dispone de la potestad de imponer sanciones de hasta el 6% de la facturación mundial anual de las compañías infractoras. El caso estadounidense no cierra, por tanto, los frentes abiertos en territorio comunitario.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tramitado en los últimos años sanciones a plataformas por el tratamiento indebido de datos de menores, aunque en cuantías muy inferiores a las manejadas en el litigio estadounidense. El debate sobre la edad mínima de acceso a las redes sociales se ha intensificado en Europa, donde Francia y otros países han impulsado restricciones específicas para el uso de estos servicios por parte de menores.
Organizaciones de defensa de la infancia y asociaciones de familias en Estados Unidos han recibido la noticia con cautela, al considerar, según los comunicados difundidos, que una compensación económica no sustituye a los cambios estructurales en el diseño de las plataformas ni resuelve el problema del uso prolongado de las redes entre los adolescentes.
Desde el entorno de la defensa de Meta se ha sostenido durante el juicio que la compañía ha invertido en herramientas de control parental, límites de tiempo de uso y verificación de edad, y que no existe consenso científico unánime sobre una relación causal directa entre el uso de las redes y el deterioro de la salud mental adolescente. Es la misma tesis que resume la declaración del responsable de Instagram sobre la inexistencia de "soluciones mágicas".
El acuerdo, de ratificarse, no pondría fin a todos los frentes judiciales de la compañía, ya que persisten demandas individuales de familias y procedimientos en otras jurisdicciones. La validación judicial definitiva —un trámite habitual en macrodemandas de este tipo— puede prolongarse durante meses antes de que los fondos comiencen a distribuirse entre los estados demandantes.
