«Hoy tenemos una Constitución que representa a una democracia resiliente y que nos da todas las herramientas necesarias para defenderla», subrayó Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobierna en coalición con el SPD. El canciller reiteró su «firme compromiso» con el orden parlamentario —«Podemos hacerlo si es necesario. Me gustaría decir en nombre de todos vosotros: vamos a hacerlo», proclamó— aunque no detalló medidas concretas.
El pronunciamiento llegó tras el resultado del domingo en Sajonia-Anhalt, donde AfD obtuvo un 43,8% de los votos y 39 escaños, tres menos de los necesarios para la mayoría absoluta en el parlamento regional. La CDU del propio Merz quedó en segundo lugar con un 17% de los sufragios, seguida por el SPD (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (5,3%). El desplome de las formaciones tradicionales frente a la extrema derecha repite un patrón observado en anteriores citas electorales del este del país, donde AfD, fundada en 2013, ha ganado terreno de forma sostenida.
Merz, que evitó concretar qué medidas baraja su Gobierno para «defender la Constitución» si la situación lo requiriese, se limitó a subrayar que el ordenamiento jurídico alemán ofrece «todas las herramientas necesarias» para proteger el sistema democrático. El canciller alertó además de que el resultado de Sajonia-Anhalt «podría reproducirse mañana en otras partes del país» y reclamó que se asuman y respeten los veredictos de las urnas.
El arsenal jurídico de la «democracia militante»
La Ley Fundamental de Bonn, redactada en 1949 tras la caída del régimen nazi, incorporó desde su origen cláusulas de «democracia militante» (streitbare Demokratie) pensadas para evitar que fuerzas antidemocráticas accedieran al poder por vías legales, como ocurrió con el ascenso de Adolf Hitler en 1933. Sobre esa base, su artículo 21 contempla la prohibición de partidos, un mecanismo excepcional cuya aplicación solo puede decretar el Tribunal Constitucional Federal a petición del Gobierno federal, el Bundestag o el Bundesrat.
Ese tribunal ha disuelto formaciones políticas en dos ocasiones desde la posguerra: el Partido Socialista del Reich en 1952 y el Partido Comunista de Alemania en 1956. Desde entonces ningún otro partido ha sido ilegalizado. El precedente más reciente es un fracaso: en 2003 el propio tribunal rechazó estudiar la prohibición del Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) al constatar que la organización estaba profundamente infiltrada por informantes de los servicios de inteligencia, lo que viciaba las pruebas presentadas.
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior, clasificó a la organización nacional de AfD como «sospechosa de extremismo de derechas», una calificación que en algunos länder del este ha llegado a la categoría de «extremista confirmado». Esa etiqueta permite vigilar al partido con herramientas de inteligencia, pero no implica automáticamente su ilegalización. El Ministerio Federal del Interior no ha anunciado hasta ahora ninguna iniciativa formal para solicitar al Tribunal Constitucional la prohibición de AfD, un paso de resultado incierto.
Söder pide aceptar el resultado
Frente al tono de Merz, el líder de la Unión Social Cristiana (CSU) en Baviera, Markus Söder, socio de coalición de la CDU, admitió que los comicios suponen un «claro mandato democrático» que debe ser aceptado. «Es inaceptable intentar cambiarlo cueste lo que cueste. Ahora es el turno de AfD. Tienen que organizar su propia mayoría. Tienen que decir lo que tienen y con quién quieren trabajar», señaló, en un estado donde ninguna otra formación se ha mostrado dispuesta a gobernar con la extrema derecha.
La divergencia de matices entre Merz y Söder ilustra una tensión de fondo dentro de la familia democristiana sobre cómo abordar el llamado «cordón sanitario» frente a AfD, una estrategia que la CDU ha mantenido formalmente a nivel federal, pero que en algunos municipios y distritos del este se ha visto puesta a prueba por acuerdos puntuales o abstenciones. AfD, incapaz hasta la fecha de sumar aliados de gobierno fuera de sus feudos del este, sigue sufriendo el aislamiento parlamentario pese a su fortaleza electoral.
El canciller vinculó la respuesta al auge de AfD con la agenda de reformas pactada entre la CDU/CSU y el SPD en el acuerdo de coalición que dio origen a su Gobierno. Merz defendió que esas transformaciones, orientadas a «garantizar la prosperidad y la seguridad social de las próximas generaciones», son la vía para recuperar la confianza ciudadana, y se mostró convencido de que, si se ejecutan «bien y correctamente», para finales de 2026 el país estaría «en una situación completamente distinta».
El antecedente histórico que sustenta el debate es el propio proceso que en los años treinta permitió la instrumentalización de mecanismos democráticos para desmantelar la República de Weimar. Esa experiencia es la que justificó la inclusión en la Ley Fundamental de cláusulas como la prohibición de partidos o la posible retirada de derechos fundamentales a título individual, contemplada en su artículo 18 y nunca aplicada hasta la fecha.
A partir de ahora, la atención se traslada a la formación de gobierno en Sajonia-Anhalt, donde AfD deberá buscar apoyos para compensar la mayoría absoluta que le faltó, en un escenario en el que el resto de partidos ha descartado hasta el momento cualquier pacto. En paralelo, el Gobierno federal de Merz afronta el reto de sostener su coalición con el SPD mientras aplica las reformas comprometidas, antes de que el calendario electoral vuelva a poner a prueba, en los próximos länder que renueven sus parlamentos, la fortaleza del sistema de partidos tradicional alemán.
