El planteamiento sostiene que Panamá, como centro financiero regional dolarizado, con puertos estratégicos y un historial de señalamientos internacionales por lavado de dinero, no está exento de la penetración del crimen organizado en la política. La autora cita los casos de Países Bajos e Irlanda, donde el puerto de Róterdam y las terminales de la costa irlandesa se han convertido, según su texto, en las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa, con el consiguiente poder corruptor de mafias que compran funcionarios y presionan a trabajadores.
El riesgo para Panamá, según el análisis, no sería el control territorial de un cartel —como ocurre en zonas de México, Ecuador u Honduras— sino una "captura gradual" de las instituciones democráticas por la vía financiera, con aportes discretos canalizados a través de sociedades pantalla, intermediarios empresariales y estructuras opacas. Esos aportes, sostiene, determinan después decisiones sobre permisos municipales, uso de suelo, contrataciones públicas y despliegues policiales.
El Índice Global de Crimen Organizado asigna a Panamá una puntuación relativamente alta en el indicador de "actores incrustados en el Estado", lo que no implicaría que el Estado esté capturado, pero sí que los expertos identifican riesgos serios en su interior. La organización InSight Crime, especializada en el crimen organizado regional, documenta además —según el texto— que las operaciones ilícitas en puertos, aduanas y logística no podrían sostenerse sin cierto grado de penetración institucional.
Tribunal Electoral con menos dientes
El análisis advierte que la reforma no se limitaría a modificar reglas de campaña, sino que debilitaría la rendición de cuentas exigible a los candidatos y la fiscalización de sus finanzas. Entre los riesgos señalados figura la ausencia de identificación de los beneficiarios finales de cada aporte, un mecanismo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomiendan como estándar mínimo para prevenir el lavado de dinero en la política.
El texto reclama coherencia entre la reforma en discusión y las convenciones internacionales anticorrupción que Panamá ha suscrito, y cuestiona la falta de pronunciamiento público del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el contenido del proyecto. La autora plantea que la propuesta debería avanzar en sentido contrario: más transparencia, sanciones efectivas y un Tribunal Electoral con más facultades, no con menos.
La discusión llega envuelta en otras controversias sobre el mismo paquete de reforma electoral. Una comisión de la Asamblea acaba de eximir al secretario y a la subsecretaria de la Asamblea de renunciar a sus cargos para poder postularse, un cambio incluido en el mismo proyecto que ahora se tramita en el pleno. En paralelo, la bancada del Partido Panameñista quedó reducida a siete diputados tras la renuncia de Medín Jiménez al partido, lo que reconfigura las alianzas durante la misma etapa legislativa.
El debate sobre el dinero en la política no es nuevo en Panamá: tras el escándalo del programa de "partidas descentralizadas" que involucró a diputados en la década pasada y las condiciones que el país ha debido cumplir para salir de las listas grises internacionales por deficiencias antilavado, la fiscalización del financiamiento electoral se convirtió en una demanda recurrente de los organismos de control. El análisis sostiene que, de aprobarse la reforma sin cambios, la vigilancia ciudadana debería concentrarse en la integridad del financiamiento político de aquí a las elecciones de 2029, por ser el punto donde confluyen las debilidades financieras del país y la capacidad de penetración de las redes criminales transnacionales.