El vigente Código Electoral exige que los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular renuncien con seis meses de anticipación. Esa norma alcanza, en su redacción actual, al secretario y a la subsecretaria general de la Asamblea Nacional, cargos administrativos que elige el pleno y no la votación popular. La modificación introducida por Camacho y Robinson los excluye expresamente de esa exigencia.
De aprobarse en los términos planteados, el secretario general y la subsecretaria podrían mantenerse en funciones mientras hacen campaña para las próximas elecciones, sin apartarse del puesto. Ambos parlamentarios integran la Comisión de Gobierno, encargada de dar el primer debate a la iniciativa.
Fátima Agrazal, la beneficiaria directa
Tal como quedó redactada la propuesta, la principal beneficiaria sería Agrazal, subsecretaria general de la Asamblea y exdiputada por el circuito 9-1 de Veraguas entre 2019 y 2024, cuando representó a Cambio Democrático. Buscó la reelección en ese circuito, pero perdió la curul, que quedó en manos de la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos. Tras esa derrota, el pleno la eligió subsecretaria del Órgano Legislativo, cargo que ocupa junto al secretario general, Carlos Alvarado.
El proyecto no se limita a los cargos administrativos de la Asamblea. La propuesta también modifica el plazo aplicable a ministros y viceministros de Estado postulados por un partido político: en lugar de renunciar seis meses antes de los comicios, deberían hacerlo dentro de los cinco días calendario siguientes a la publicación de su postulación en firme en el Boletín Electoral del Tribunal Electoral. El ajuste reduce el margen de separación entre el ejercicio del cargo y la campaña para los funcionarios del Órgano Ejecutivo.
La regla de renuncia previa nació para acotar el uso de recursos y estructuras estatales durante las campañas, una preocupación recurrente en la política panameña. Tras la invasión de 1989 y el retorno a la vida democrática, las sucesivas reformas al Código Electoral —discutidas por consenso en la mesa de reformas creada hace más de tres décadas— han buscado precisamente separar la gestión pública de la actividad proselitista.
La reforma se tramita en un contexto de revisión más amplia de las reglas del sistema. El Tribunal Electoral ha planteado eliminar la Cnre, la mesa donde tradicionalmente se discuten los cambios al Código Electoral, y la propia Comisión de Gobierno ha avanzado otras modificaciones, como la que eleva a $500,000 el tope de donaciones a diputados y alcaldes.
El proyecto de ley 699, integrado por más de 170 artículos, aún no ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional. Se espera que la discusión en la Comisión de Gobierno se retome la próxima semana.