El malestar se concentra entre la juventud marroquí, golpeada por la falta de expectativas económicas y por la percepción de un sistema político cerrado en torno a la monarquía alauí, un caldo de cultivo que alimenta llamamientos informales a no acudir a las urnas. Es un patrón que atraviesa buena parte de la región y que en Europa se ha traducido en fenómenos como el reparto del voto joven alemán entre los extremos por vivienda e inmigración.
Marruecos mantiene desde hace décadas un marco legal que castiga cualquier crítica directa a la figura del rey, considerada línea roja del régimen junto con la integridad territorial y el islam como religión de Estado. Los movimientos que cuestionan abiertamente la monarquía —como el Movimiento 20 de Febrero, surgido durante la Primavera Árabe de 2011— han sido objeto recurrente de vigilancia y de procesos judiciales por delitos de opinión, según han denunciado organizaciones de derechos humanos a lo largo de los años.
La convocatoria llega en un momento de fricción diplomática con España en torno a Ceuta, ciudad autónoma española que Rabat reclama históricamente. La disputa fronteriza, unida a episodios recurrentes de tensión migratoria en el perímetro, forma parte del telón de fondo que el Gobierno marroquí quiere evitar que contamine la percepción interna del proceso.
La participación es un termómetro sensible en Marruecos desde la reforma constitucional de 2011, que amplió nominalmente las competencias del Parlamento sin alterar el poder efectivo del Majzén, el entramado de instituciones próximas a la Corona. Una abstención superior al 50% supondría, a ojos de las autoridades, un mensaje de deslegitimación del sistema parlamentario en su conjunto, más que un simple desinterés coyuntural.
Analistas del Magreb señalan como precedente las elecciones legislativas de 2021, en las que el Partido Justicia y Desarrollo, de corte islamista, sufrió un derrumbe electoral que reconfiguró el mapa político en favor de formaciones más próximas al Palacio Real. Aquel proceso, pese a sus resultados sorprendentes, no generó un cuestionamiento de fondo sobre la legitimidad del sistema comparable al que ahora se teme.
Las detenciones se sumarían a un patrón documentado por organismos internacionales de derechos humanos sobre el uso de la legislación antiterrorista y de orden público marroquí para neutralizar voces críticas antes de citas electorales sensibles. Marruecos ha defendido tradicionalmente estas actuaciones como medidas de seguridad nacional ajenas a cualquier motivación política, una posición que Rabat ha reiterado ante instancias como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en anteriores exámenes periódicos universales.
El nivel real de participación que finalmente se registre determinará si el temor gubernamental a una abstención histórica se confirma en las urnas o si la movilización oficial logra atenuar el desapego mostrado por buena parte del electorado joven marroquí en los meses previos a la votación.
