El primer ministro electo ha comparecido al término de una reunión de seis horas con su grupo parlamentario Tisza, recién ampliado hasta los 138 escaños tras el escrutinio definitivo del lunes. Magyar ha anunciado que presentará su gabinete definitivo el próximo martes a las diez de la mañana en una comparecencia pública en la Academia Húngara de Ciencias, un escenario deliberadamente alejado de los palacios institucionales donde el Fidesz celebraba sus puestas en escena. La elección del sitio ya forma parte del mensaje.
Los cuatro pilares del programa de los primeros cien días, anunciados esta tarde, son: primero, una auditoría externa del Tribunal Constitucional húngaro con participación de tres juristas extranjeros —Magyar ha confirmado que dos de ellos serán alemanes y una portuguesa— y con un plazo de entrega de sesenta días; segundo, una reforma urgente del sistema de concesiones públicas que limite los contratos superiores a veinte millones de euros a una adjudicación central supervisada por un órgano independiente; tercero, la reducción del IVA sobre alimentos básicos del 27% —el más alto de la UE— al 18% a partir del 1 de mayo; y cuarto, la creación de la Comisión Nacional de la Verdad.
Este cuarto pilar es, sin lugar a dudas, el más complejo políticamente. La comisión tendrá rango parlamentario, 25 miembros nombrados por proporcionalidad, capacidad de citar a testigos y acceso a archivos oficiales con dos únicas excepciones: los documentos clasificados por razones de seguridad nacional y los sometidos a secreto de sumario judicial. Su objetivo declarado: documentar y hacer públicas las capturas institucionales del periodo 2010-2026, con especial atención al nombramiento de magistrados, a la concesión de licencias de telecomunicaciones y a los flujos de contratación pública vinculados al entorno del Fidesz. 'No queremos vengarnos. Queremos saber. Y queremos que Hungría sepa', ha dicho Magyar al presentar la medida.
La comparación histórica inevitable es con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Magyar ha rechazado esa analogía ('nosotros no venimos de un régimen de apartheid, venimos de dieciséis años de democracia degradada') y ha propuesto en su lugar un precedente más cercano: la comisión de investigación sobre el gobierno de Silvio Berlusconi que el Parlamento italiano abrió en 2012. El modelo italiano fue discreto, centrado en la arquitectura jurídica de las redes clientelares, y permitió desbloquear varias reformas legislativas que llevaban años empantanadas. Esa es la estructura que los juristas del Tisza han estudiado durante las últimas seis semanas.
La pregunta que todos los corresponsales en Budapest se hacían esta tarde era cómo reaccionaría el Fidesz. La respuesta ha llegado rápidamente y con un tono más moderado de lo que cabía esperar. Viktor Orbán ha emitido un comunicado de seis líneas en el que acepta el resultado electoral, desea 'éxito sincero' a Magyar y anuncia que el Fidesz 'colaborará institucionalmente en los procesos abiertos por el nuevo gobierno siempre que se respeten los derechos procesales de los investigados'. La frase final es clave: no descarta participar en la comisión, pero avisa de que cualquier desviación procesal será recurrida. En realidad, el Fidesz no tiene margen para más.
En Bruselas, la reacción ha sido rápida. Ursula von der Leyen ha felicitado a Magyar en una breve declaración difundida a las siete de la tarde en la que subraya que la Comisión Europea 'acompañará cada uno de los cuatro pilares con asistencia técnica' y confirma que ya ha desbloqueado los primeros 3.000 millones del fondo congelado. La ejecución efectiva de la transferencia está condicionada al cumplimiento de tres hitos antes del 15 de mayo: la publicación del decreto de auditoría del Tribunal Constitucional, la primera reunión de la Comisión de la Verdad y la formalización del compromiso con Ucrania. Son hitos accesibles y medibles. Ambas partes, europea y húngara, han coincidido en subrayarlo.
La relación con Ucrania, de hecho, está avanzando más rápido de lo previsto. A media tarde se ha confirmado que Magyar viajará a Kiev el próximo lunes 20 de abril para reunirse con Volodímir Zelenski. Será su primer viaje internacional como primer ministro electo, un gesto simbólico de alcance considerable: Orbán nunca viajó a Kiev durante toda la guerra. En el entorno del Tisza subrayan que el viaje 'no es protocolario' y adelantan que Magyar llevará una propuesta concreta sobre reactivación del tramo ferroviario Záhony-Chop y sobre apertura de un corredor humanitario conjunto por el paso fronterizo de Beregsurány.
Queda por despejar un frente crítico: la relación con Rusia. Magyar se ha limitado esta tarde a decir que 'los contratos energéticos vigentes se respetarán hasta su vencimiento natural, pero no se renovarán bajo los mismos términos'. Es una frase calibrada al milímetro: salva la dependencia inmediata del gas ruso pero abre la puerta a un giro estructural en el medio plazo. Los analistas del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales han interpretado la declaración como 'un gesto equivalente a un acuerdo marco con la Comisión sobre diversificación energética'. Es probable que en las próximas semanas veamos el primer contrato importante con Noruega o Argelia como señal del cambio de rumbo.
Hungría, en resumen, no ha despertado con un nuevo gobierno: ha despertado con un nuevo país. La velocidad con la que Magyar está desplegando sus anuncios —gabinete el martes, auditoría a sesenta días, reforma del IVA el 1 de mayo, Comisión de la Verdad antes del 15 de mayo— forma parte deliberada de una estrategia que los politólogos llaman 'choque consensual': aprovechar la supermayoría para imprimir ritmo, cerrar filas internamente y presentar al exterior una cara coherente. Si funciona, la Hungría de dentro de seis meses tendrá poco que ver con la del martes. Si no funciona, los 138 escaños se derretirán tan rápido como se fabricaron. Pero esta tarde, en el vestíbulo sur del Parlamento, todavía nadie se estaba permitiendo pensar esa hipótesis en voz alta.
