Tiro en el mapa: ciudad milenaria en el vértice del conflicto Tiro no es una localidad cualquiera del sur del Líbano. Con una población estimada de entre 60.000 y 120.000 habitantes —cifra que se ha multiplicado por los desplazados internos llegados desde otros municipios durante la actual escalada, según datos del ACNUR correspondientes a octubre de 2024—, la ciudad constituye el principal núcleo urbano costero al sur del río Litani y uno de los puertos pesqueros más activos del país. Su casco histórico figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984, lo que añade una dimensión de derecho internacional humanitario a cualquier acción militar sobre su tejido urbano.
Desde el punto de vista geoestratégico, Tiro ocupa una posición bisagra: se asienta sobre una península que avanza hacia el Mediterráneo, lo que la convierte históricamente en un enclave difícil de bloquear por tierra y relativamente accesible por mar. Esa geografía explica tanto su importancia comercial en la Antigüedad —fue la metrópoli fenicia desde la que se fundaron Cartago y otras colonias en el Mediterráneo occidental— como su valor táctico contemporáneo. Los campamentos palestinos de Al Bas y Rashidié, incluidos en la lista de zonas a evacuar, llevan presentes en los suburbios de la ciudad desde la guerra árabe-israelí de 1948 y han albergado sucesivamente distintas facciones armadas palestinas y, más tarde, estructuras de Hezbolá.
La orden de evacuación y su alcance territorial El comunicado del portavoz Adraee, difundido en árabe a través de la red social X, enumera once zonas afectadas además del núcleo urbano de Tiro: Shabariha, Hamadié, Jal al Bahr, Zaquk, Al Mfadi, Al Bas, Al Maashuq, Burj Shemali, Nabatiye, Al Haus, Rashidié y Ain Baal. El mensaje fija el río Zahrani como límite norte hacia el que deben dirigirse los civiles, un detalle significativo porque el Zahrani corre varios kilómetros al norte del Litani, el río que la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU —aprobada en agosto de 2006 tras la guerra de ese verano— estableció como línea de repliegue para Hezbolá.
La extensión de la orden al barrio cristiano de Tiro marca un punto de inflexión. Las FDI habían mantenido hasta ahora ese sector fuera de sus advertencias, presumiblemente para evitar la imagen de atacar a comunidades no chiíes y para no alienar a sectores de la población libanesa alejados de Hezbolá. La rectificación israelí se justifica oficialmente en que elementos del partido-milicia habrían comenzado a utilizar edificios de esa zona con fines militares. Hezbolá no ha confirmado ni desmentido esta acusación en el momento de publicarse esta información.
El alto el fuego que no fraguó El telón de fondo inmediato es el intento fallido de alto el fuego negociado la semana pasada entre los Gobiernos de Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos y Francia. El acuerdo de principio contemplaba el cese de hostilidades condicionado a que Hezbolá se retirara al norte del Litani y abandonara sus posiciones en la franja fronteriza, en aplicación precisamente de la mencionada Resolución 1701, que lleva dieciocho años sin implementarse de forma efectiva. Israel, por su parte, se comprometía a detener sus bombardeos sobre territorio libanés.
Hezbolá rechazó el esquema porque el texto no recogía una retirada paralela de las tropas terrestres israelíes que desde septiembre de 2024 operan en el sur del Líbano, ni contemplaba mecanismos de verificación internacional vinculantes. La milicia chií anunció que mantendría sus operaciones mientras Israel no se retirara, lo que llevó a las FDI a continuar sus ataques aéreos. El domingo, un bombardeo israelí alcanzó objetivos en los suburbios de Beirut —área que el borrador del acuerdo excluía expresamente de los objetivos—, detonando una nueva espiral: Irán respondió con una andanada de misiles contra territorio israelí, Israel replicó, y ambas partes acordaron detener el intercambio el mismo lunes tras una exigencia explícita de Washington.
Hezbolá, Irán y la arquitectura del «eje de resistencia» Comprender la lógica de Hezbolá exige situar la organización en su marco regional. Fundada en 1982 con apoyo directo de los Guardianes de la Revolución iraníes tras la invasión israelí del Líbano, la milicia ha evolucionado hasta convertirse en el actor no estatal con mayor capacidad de fuego convencional del mundo árabe: el think tank estadounidense CSIS estimaba en 2023 que su arsenal superaba los 150.000 proyectiles de diverso alcance, cifra superior a la de muchos ejércitos regulares de la región. Su financiación iraní oscila, según fuentes del Departamento del Tesoro de EE UU citadas en informes del Congreso de 2022, entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales.
Teherán ha enmarcado sus advertencias a Israel en el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril de 2024 con mediación estadounidense, que según la interpretación iraní cubría a toda la región y no solo a Gaza. Esta lectura extensiva ha servido de justificación para las tres rondas de lanzamiento de misiles iraníes contra Israel desde octubre de 2023 —dos directas y una mediante proxies—, una escalada sin precedentes desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Simultáneamente, Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones indirectas —con Omán como intermediario habitual— orientadas a un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní, lo que añade una variable diplomática de primer orden a cualquier cálculo militar.
El marco legal aplicable: Resolución 1701 y derecho internacional humanitario La Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad establece en su párrafo dispositivo 8 la prohibición de que cualquier fuerza armada que no sean el Ejército libanés y la FPNUL —la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, desplegada desde 1978— opere al sur del Litani. Israel invoca esta misma resolución para justificar su campaña militar, arguyendo que la comunidad internacional ha sido incapaz de hacerla cumplir en dieciocho años. Hezbolá, en cambio, no reconoce la legitimidad de la norma en tanto Israel no evacúe los territorios que considera ocupados.
Las órdenes de evacuación masiva plantean además cuestiones específicas bajo el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo Adicional I: el artículo 58 del Protocolo obliga a las partes en conflicto a alejar, en la medida de lo posible, a la población civil de las proximidades de objetivos militares, pero el artículo 49 prohíbe los desplazamientos forzados de población civil salvo que la seguridad de los civiles o razones militares imperiosas lo exijan. La línea entre una evacuación preventiva legítima y un desplazamiento forzado ilícito es una de las cuestiones que el Tribunal Penal Internacional y relatores de la ONU están examinando en el contexto más amplio del conflicto en Gaza y el Líbano.
El precedente de 2006 y la FPNUL sobre el terreno La guerra de julio-agosto de 2006 es el precedente más cercano. Durante 33 días, Israel bombardeó el sur del Líbano —incluyendo Tiro— y desplegó fuerzas terrestres al norte del Litani, en una campaña que causó aproximadamente 1.200 muertos libaneses, la mayoría civiles, según cifras del Gobierno de Beirut recogidas por la Cruz Roja Internacional. El conflicto terminó con la Resolución 1701 y el refuerzo de la FPNUL, cuyo contingente pasó de unos 2.000 a casi 12.000 efectivos. España es uno de los mayores contribuyentes de la FPNUL con alrededor de 650 soldados desplegados según datos del Ministerio de Defensa de 2024, lo que convierte el desarrollo del conflicto en una cuestión de seguimiento directo para Madrid.
La presencia de la FPNUL en la zona de operaciones israelí ha generado fricciones graves en la presente campaña. En al menos dos ocasiones documentadas entre octubre y noviembre de 2024, posiciones de la misión de la ONU resultaron dañadas por fuego israelí, lo que provocó protestas formales de Italia, España y Francia —los tres principales contribuyentes— ante el Consejo de Seguridad. Israel alegó en ambos casos que sus tropas actuaban en zonas de combate activo y que habían advertido previamente a la FPNUL.
Perspectivas inmediatas: entre la negociación y la escalada La situación en las próximas horas depende de variables simultáneas y en parte contradictorias. En el plano militar, la orden de evacuación de Tiro sugiere que las FDI preparan una operación de mayor envergadura sobre el núcleo urbano, posiblemente aérea dado el patrón de las últimas semanas, aunque no se descarta una maniobra de tierra dado que columnas blindadas israelíes operan a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad. En el plano diplomático, las conversaciones entre Teherán y Washington —que según fuentes de la agencia Reuters involucran al menos a tres rondas de contactos en Muscat desde septiembre— constituyen el único canal activo capaz de traducirse en una presión efectiva sobre Hezbolá para aceptar condiciones de alto el fuego más estrictas.
La Unión Europea, que ha mantenido un perfil relativamente bajo en esta crisis en comparación con la de 2006, afronta una doble presión: proteger a sus contingentes en la FPNUL y evitar que el flujo de desplazados libaneses —el Ministerio de Asuntos Sociales del Líbano cifra en más de 900.000 las personas desplazadas internamente desde septiembre de 2024— derive en una nueva presión migratoria sobre el Mediterráneo. Chipre, a unos 170 kilómetros de la costa libanesa, y Grecia han activado planes de contingencia para posibles evacuaciones de nacionales europeos. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, reclamó la semana pasada un alto el fuego inmediato y pidió a Israel que respetara la resolución 1701, sin anunciar medidas concretas.
La clave de las próximas 72 horas reside en si Hezbolá acepta alguna variante del acuerdo en negociación —con garantías sobre la retirada israelí o sin ellas— o si el vacío político que genera el débil Gobierno de Beirut permite que la dinámica militar siga su curso. El Parlamento libanés lleva más de dos años sin elegir presidente de la República, lo que priva al Estado de su principal interlocutor constitucional para negociaciones de esta envergadura. Ese vacío institucional, más que ningún otro factor, es el que ha dejado a la población civil de Tiro —cristiana, chií, sunní o palestina— sin más gobierno que el del territorio que esta tarde abandonaba con lo puesto.
