El 98,7% de las viviendas adquiridas por marroquíes —4.897 de las 4.960— se destinó a residencia habitual, frente a apenas el 52,6% de las operaciones británicas, mayoritariamente concentradas en plazas turísticas como Torrevieja, Benidorm, Marbella o Mallorca. Ese patrón de asentamiento refleja la consolidación de Marruecos como la mayor comunidad extranjera con permiso de residencia en vigor en España, con más de 910.000 personas registradas.
El precio medio pagado por los compradores marroquíes se situó en 801 euros por metro cuadrado, el más bajo entre las principales nacionalidades extranjeras que operan en el mercado inmobiliario español, según el mismo informe notarial. Esa cifra orienta la compra hacia el segmento de vivienda más asequible, en municipios de menor presión turística y, en algunos casos, en localidades de la llamada España vaciada, donde la población de origen marroquí llega a superar a la española.
El desplazamiento de la demanda hacia ese segmento introduce una variable adicional en un mercado ya marcado por la escasez de oferta: la competencia directa con ciudadanos españoles de rentas bajas y jóvenes que buscan su primera vivienda en el mismo rango de precios. La reducción del stock disponible en determinadas localidades puede tensionar al alza los precios de ese nicho, un fenómeno ya observado en Canarias y Baleares con compradores europeos, donde el encarecimiento del suelo ha dificultado el acceso a la vivienda de la población local.
El fenómeno no es inédito en su mecánica, aunque sí en su protagonista. España lleva décadas gestionando flujos de compra extranjera que alteran los mercados locales, desde el turismo residencial británico y alemán en el litoral mediterráneo —afianzado tras la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y el boom inmobiliario de los años noventa y dos mil— hasta la llegada más reciente de compradores de otras nacionalidades atraídos por precios comparativamente bajos frente a sus países de origen.
Impuestos municipales y alquiler
Entre los efectos señalados como positivos figura el pago de impuestos asociados a la compraventa —IVA e IBI, entre otros— que revierte en los municipios donde se asientan estos compradores, además de un potencial alivio en la presión del mercado del alquiler al tratarse de operaciones de compra para uso propio. También se apunta que una mayor demanda facilita la salida de propiedades que, de otro modo, tardarían más tiempo en venderse.
La radiografía notarial llega en un momento en que la vivienda concentra buena parte del debate territorial, con comunidades autónomas adoptando medidas dispares frente a la tensión del mercado, desde la regulación del alquiler hasta la gestión de la vivienda pública, como ilustra el aumento del 14,4% que experimentará el presupuesto de Emvs Madrid para 2027, hasta los 199,6 millones de euros.
Los datos del Notariado correspondientes al primer semestre de 2026 constituyen la referencia más reciente disponible sobre la composición de la demanda extranjera de vivienda en España.