Ceuta, ciudad autónoma española de poco más de 84.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025, ha vivido en las últimas semanas episodios de entrada masiva de personas migrantes, algunos de ellos amplificados en redes sociales mediante vídeos de corta duración con difusión millonaria. En ese contexto de tensión informativa han surgido teorías que atribuyen a Israel algún tipo de interés en la crisis, extremo que la comunidad judía local ha desmentido de forma tajante.
Fuentes de esta comunidad han calificado de "descabellada" la tesis que las relaciona, directa o indirectamente, con los flujos migratorios recientes, y han denunciado sentirse objeto recurrente de señalamientos sin base factual. "No hay nada de lo que no nos culpen", trasladó un representante de la comunidad, en referencia a una percepción de estigmatización que, según su testimonio, se repite en distintos episodios de tensión social o política ajenos a la comunidad hebrea. Sus portavoces sostienen, además, que la crisis migratoria ha reforzado los vínculos con el resto de confesiones de la ciudad.
La comunidad judía en Ceuta mantiene una sinagoga activa y participa habitualmente en actos institucionales junto a representantes de la Iglesia católica, la comunidad musulmana —mayoritaria en la ciudad— y la comunidad hindú, de origen sindhi y asentada en Ceuta desde mediados del siglo XX. Este mosaico religioso, articulado en torno a las llamadas "cuatro culturas", ha sido reiteradamente señalado por el Ayuntamiento y por las autoridades estatales como ejemplo de convivencia, si bien asociaciones antirracistas han documentado también episodios puntuales de tensión intercomunitaria.
Un patrón de desinformación con historial europeo
La proliferación de teorías conspirativas en torno a crisis migratorias no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de España. En los últimos años, episodios similares se han repetido en fronteras europeas —desde Ceuta y Melilla hasta las rutas del Mediterráneo central o los Balcanes—, en los que se han difundido narrativas sin sustento que atribuyen a actores externos, entre ellos Estados u organizaciones vinculados a la comunidad judía, una supuesta orquestación de los flujos. Estas teorías se enmarcan en patrones de desinformación ya documentados por organismos como el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), dependiente de la Comisión Europea.
El antecedente más grave de Ceuta como frontera sensible se remonta a mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas cerca de 8.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior de aquel momento, entraron en la ciudad a nado o rodeando el espigón fronterizo de El Tarajal, en el episodio migratorio más grave sufrido por la ciudad autónoma en democracia. Aquella crisis, vinculada entonces a la tensión diplomática entre España y Marruecos por la acogida sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, desató acusaciones cruzadas entre Gobiernos, sin que en aquel caso se implicara a Israel.
La actual oleada de entradas ha vuelto a poner el foco en la seguridad del perímetro fronterizo ceutí, una infraestructura reforzada en los últimos años con financiación europea para la gestión de fronteras. El Gobierno español, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta, no ha vinculado en ningún momento los episodios recientes a intereses de terceros Estados, y ha atribuido los movimientos migratorios a las dinámicas habituales de las rutas de acceso a la Unión Europea desde el norte de África.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco ha respaldado teorías de intervención israelí en la gestión fronteriza de Ceuta. Fuentes diplomáticas han insistido en episodios anteriores en que la política migratoria en el Estrecho responde a la cooperación bilateral hispano-marroquí, un marco regulado por el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por ambos países en 1991 y por los sucesivos acuerdos de readmisión suscritos desde entonces.
El marco regulatorio frente a los bulos
La difusión de bulos y teorías conspirativas en contextos migratorios plantea un problema regulatorio en el ámbito europeo. El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA, por sus siglas en inglés), plenamente aplicable a todas las plataformas desde febrero de 2024, obliga a las grandes redes sociales a mitigar riesgos sistémicos derivados de la desinformación, incluidas las narrativas que puedan incitar al odio contra grupos religiosos o étnicos, bajo supervisión de la Comisión Europea y, en España, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha alertado en sus informes sobre el repunte de discurso antisemita en el entorno digital español, vinculado en ocasiones a conflictos internacionales como la guerra en Gaza, que se prolonga desde octubre de 2023 y que ha derivado en un aumento de manifestaciones y pronunciamientos públicos en España sobre la política del Gobierno de Israel, sin que ello guarde relación demostrada con los episodios migratorios en Ceuta.
A falta de que las autoridades españolas o instancias judiciales abran alguna investigación formal sobre el origen de estas teorías, el caso ceutí se mantiene por ahora en el terreno de la controversia digital, sin repercusión institucional ni diplomática constatada. Las próximas semanas, marcadas por la mayor actividad migratoria estival en el Estrecho, servirán para comprobar si la presión fronteriza en Ceuta remite o si se repiten episodios que vuelvan a alimentar narrativas sin verificar en redes sociales.
