La Casa Blanca ha presentado la nueva tanda de tarifas como respuesta a la supuesta ausencia de leyes o controles eficaces en varios países para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Es un argumento que el Club de Exportadores rechaza en el caso europeo: «La lucha contra el trabajo forzoso ya es un objetivo de la política comercial de la UE. De hecho, ha publicado legislación en este sentido para prevenir que los productos que importa el continente hayan sido elaborados en alguna de las fases de la cadena de suministro usando trabajo forzoso», señala la asociación.
La Unión Europea dispone ya de un marco normativo que prohíbe la comercialización en su mercado de bienes fabricados con trabajo forzoso, con mecanismos de investigación y de retirada de productos. Para los exportadores, ese cuerpo legal resta base al argumento esgrimido por Washington y convierte la medida en un instrumento de presión comercial más que en una herramienta de defensa de derechos laborales. Bonet sostiene que la explotación laboral en las cadenas de suministro es un objetivo compartido por las economías occidentales, pero que debe abordarse mediante mecanismos multilaterales y «reglas comunes», no con aranceles unilaterales que, a su juicio, «distorsionan» el comercio internacional.
Un impacto sectorial desigual tras el «Día de la Liberación»
El nuevo golpe arancelario llega apenas quince meses después del que Trump bautizó como «Día de la Liberación», el paquete de tarifas recíprocas anunciado en abril de 2025 que elevó la tensión comercial global. Aquel episodio, recuerda Bonet, dejó una huella medible en las exportaciones españolas: un descenso del 8% interanual en las ventas a Estados Unidos, hasta los 16.700 millones de euros, según los datos manejados por la asociación.
El impacto fue muy desigual por sectores. La industria química sufrió el mayor varapalo, con una caída del 60% en su negocio con EE.UU., unos 400 millones de euros menos que el ejercicio anterior. Las grasas vegetales y animales retrocedieron 275 millones, mientras que sectores como el del vidrio apenas notaron el efecto, con un descenso del 0,5%. No todos salieron perjudicados: la industria farmacéutica, que en la nueva ronda vuelve a quedar exenta junto a los fertilizantes, incrementó sus ventas a Estados Unidos un 15% tras el paquete de 2025, hasta rozar los 1.250 millones de euros.
Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea, lo que convierte cualquier alteración en las condiciones de acceso a ese mercado en un asunto de primer orden para el tejido exportador. Bonet ha subrayado que, más allá del impacto directo sobre cada producto, el verdadero coste para las empresas es la «inseguridad e incertidumbre» que generan estas barreras, capaz de frenar decisiones de inversión y de erosionar la competitividad a medio plazo.
La preocupación de fondo de la asociación no es tanto la medida puntual como la posibilidad de que se consolide una dinámica de fragmentación del comercio internacional iniciada con los aranceles de la primavera de 2025. Esa fragmentación, advierten los exportadores, tiende a sustituir las reglas multilaterales acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio por negociaciones bilaterales asimétricas, en las que la potencia con mayor peso económico impone condiciones de forma unilateral.
Bruselas, única interlocutora en la negociación
La respuesta europea a la ofensiva arancelaria estadounidense se articula a través de la Comisión Europea, que ostenta la competencia exclusiva en política comercial común desde el Tratado de Roma de 1957 y es la interlocutora oficial frente a Washington. Los Veintisiete no negocian de forma individual con Estados Unidos, lo que obliga a España a trasladar sus reivindicaciones a través de las instituciones comunitarias antes que mediante gestiones bilaterales directas. Es a esa Comisión a la que el Club dirige ahora su petición de estabilidad normativa.
El precedente más cercano de una disputa comercial de esta envergadura entre ambos bloques se remonta a los aranceles impuestos por la primera Administración Trump al acero y el aluminio europeos en 2018, a los que la UE respondió con contramedidas selectivas sobre productos estadounidenses antes de alcanzar una tregua negociada. Aquel episodio mostró que las escaladas arancelarias entre las dos orillas del Atlántico tienden a resolverse mediante acuerdos marco de largo recorrido más que con respuestas espejo inmediatas.
Desde Washington no se ha ofrecido, de momento, una respuesta directa a las críticas del sector exportador español; la Casa Blanca mantiene que el paquete busca proteger la producción interna y presionar a terceros países para que refuercen sus controles sobre las cadenas de suministro. La Comisión Europea, por su parte, no ha confirmado públicamente el calendario de una eventual ronda de negociación específica para revertir o suavizar estas tarifas.
El Club de Exportadores reclama que cualquier negociación futura entre Bruselas y Washington incorpore garantías de estabilidad temporal, de manera que las empresas puedan planificar inversiones y contratos a varios años vista sin el riesgo de que un nuevo anuncio arancelario altere de golpe las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
El calendario inmediato pasa por observar si la Comisión abre una vía de diálogo formal con la Administración estadounidense en las próximas semanas y si otros bloques comerciales responden con medidas propias que agraven la fragmentación que teme el sector. De la evolución de esas conversaciones dependerá si el impacto en las exportaciones españolas repite la magnitud registrada tras el «Día de la Liberación» de 2025.
