El desglose por confesiones sitúa a los católicos como el grupo más señalado, con 173 episodios, el 56,5% de todos los incidentes registrados en el país durante el año. A esa cifra se suman 33 ataques contra cristianos sin especificar denominación, cinco contra evangélicos y uno contra ortodoxos, según el recuento del Observatorio.
La serie histórica que maneja la organización muestra una progresión sostenida: 195 casos en 2023, 243 en 2024 y 306 en 2025, un incremento del 57% en solo dos años. La presidenta del Observatorio, María García, ha resumido la tendencia con dureza: «La situación de la libertad religiosa en España no está mejorando sino todo lo contrario, va cada vez peor».
Entre los 306 incidentes, el informe distingue seis agresiones físicas contra personas por motivos religiosos, una cifra que la organización considera alarmante pese a representar una fracción mínima del total. «Que la violencia física contra creyentes se mantenga en seis casos es un escándalo. Un solo caso de agresión física a una persona por razón de su fe ya sería intolerable en un Estado de derecho», ha señalado García.
El grueso de los episodios, sin embargo, no implica violencia directa contra personas, sino otras formas de hostilidad hacia la práctica religiosa. El Observatorio contabiliza 50 casos de vejaciones contra creyentes, 72 episodios de escarnio contra la religión y 105 actuaciones que clasifica bajo la etiqueta de «laicismo beligerante», una categoría que incluye a su juicio trabas administrativas y actuaciones institucionales contrarias a la expresión pública de la fe.
El apartado que registra el mayor repunte relativo es el de ataques contra lugares de culto y símbolos religiosos: 73 incidentes en 2025, un 59% más que el año anterior. La organización vincula este incremento a un clima de tolerancia hacia la profanación de espacios sagrados y objetos de devoción que, a su juicio, se ha ido asentando en el debate público.
Ana Blanco señala a los organismos públicos
La vicepresidenta del Observatorio, Ana Blanco, ha puesto el acento en el papel de los organismos públicos a la hora de normalizar determinadas conductas: «Muchas veces los ataques se están normalizando», ha advertido, «especialmente cuando proceden de organismos públicos». El informe cita expresamente la polémica de las Campanadas de RTVE, cuando la humorista Lalachus mostró ante las cámaras una estampita inspirada en una imagen religiosa junto a la vaquilla del Grand Prix, como ejemplo del tipo de episodios que la entidad incluye en su balance anual.
Ante el aumento de los incidentes, el Observatorio reclama que se refuerce la protección de los lugares de culto y de los símbolos religiosos, que se garantice el derecho de los creyentes a expresar públicamente su fe y que se mantenga en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La organización pide además que las administraciones respeten el derecho a rezar en la vía pública.
«Si ya sale bastante gratis mofarse de las creencias religiosas, cuando se elimine ese artículo ya va a ser vía libre», ha advertido María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
Esa advertencia apunta al delito de ofensa a los sentimientos religiosos recogido en el artículo 525 del Código Penal, cuya eventual supresión ha sido planteada en distintos foros políticos en los últimos años. El Observatorio reclama expresamente su mantenimiento, junto con un refuerzo de la protección de los lugares de culto y una garantía del derecho a la oración en espacios públicos, que considera erosionado por lo que denomina prácticas de laicismo beligerante desde algunas administraciones.
El marco jurídico español protege la libertad religiosa a través del artículo 16 de la Constitución, que garantiza este derecho sin más limitación que el orden público protegido por la ley, y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que desarrolla su ejercicio y las relaciones del Estado con las confesiones. El artículo 525, por su parte, tipifica como delito las ofensas a los sentimientos religiosos, si bien su aplicación práctica ha generado controversia por la tensión que produce con la libertad de expresión, un equilibrio que los tribunales españoles han abordado caso por caso.
El fenómeno documentado por el Observatorio se inscribe en una discusión más amplia sobre el estado de ánimo en el continente: según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el 68% de los europeos percibe que el continente atraviesa una fase de decadencia, un dato que, aunque no se refiere específicamente a la libertad religiosa, retrata un contexto de desconfianza institucional en el que se enmarcan estos informes sectoriales.
La persecución religiosa fuera de las fronteras europeas también ha ganado presencia en la agenda comunitaria. El Parlamento Europeo aprobó el envío de una misión a Siria para investigar la situación de las minorías cristianas en el país, una iniciativa impulsada por Vox con el argumento de que «Europa no puede mirar hacia otro lado» ante la persecución religiosa en terceros países.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia insiste en que el aumento sostenido de los ataques documentados desde 2012 exige una respuesta coordinada de las administraciones, tanto en la protección física de templos y símbolos como en el tratamiento institucional de la religión en medios y organismos públicos. La entidad ha cerrado su balance de 2025 con una advertencia a los poderes públicos: la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos dejaría, según ha trasladado, sin cobertura legal a los creyentes frente a las formas de escarnio que el propio informe documenta.
