El pronunciamiento resulta llamativo por el perfil de quien lo firma. Pastor evangélico, exgobernador de Arkansas y defensor histórico del proyecto de asentamientos en Cisjordania, Huckabee fue nombrado por Trump precisamente por su cercanía ideológica con la derecha israelí y su respaldo a la expansión de colonias en territorio palestino ocupado. Que sea él quien recurra al término «terroristas» para referirse a colonos violentos introduce una fisura simbólica en un discurso que, hasta ahora, había evitado cualquier vocablo que equiparase esa violencia con el terrorismo que Washington atribuye a grupos armados palestinos.
El suceso que motivó la condena consistió en el asedio de un grupo de colonos a una vivienda en la que reside un ciudadano estadounidense de origen palestino, en una localidad de Cisjordania. El carácter de la víctima —un connacional— explicaría en parte la firmeza de la reacción: Washington ha mostrado tradicionalmente mayor sensibilidad cuando los afectados por episodios de violencia en los territorios ocupados poseen pasaporte estadounidense, como ocurrió en 2022 tras la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, o en 2024 con el fallecimiento de Sayfollah Musallet, otro ciudadano estadounidense de origen palestino, a manos de colonos.
Un fenómeno arraigado desde 1967
La violencia de colonos en Cisjordania no es un fenómeno nuevo. Desde la ocupación israelí del territorio tras la Guerra de los Seis Días de 1967, sucesivas oleadas de asentamiento —impulsadas por gobiernos de distinto signo, aunque intensificadas de forma notable bajo los ejecutivos de Netanyahu desde 2009— han generado un mapa de más de 130 asentamientos reconocidos por Israel y varios centenares de puestos de avanzada no autorizados, según la organización israelí Peace Now. La comunidad internacional, incluidas la Unión Europea y sucesivas administraciones estadounidenses, considera estos asentamientos ilegales conforme al derecho internacional, en aplicación del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante trasladar población civil propia al territorio que ocupa.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha registrado un aumento sostenido de los incidentes de violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Según sus recuentos, los episodios documentados —que incluyen agresiones físicas, incendio de cosechas y viviendas y ataques a rebaños— se multiplicaron respecto a la media de los años previos al conflicto, en un contexto de mayor presencia militar israelí en la zona y de creciente impunidad denunciada por organizaciones como B'Tselem.
La reacción de Huckabee contrasta con la política declarada del propio Gobierno de Netanyahu, que ha calificado en el pasado estos episodios como hechos aislados perpetrados por elementos marginales y ha resistido las presiones para adoptar medidas judiciales sistemáticas contra los responsables. Human Rights Watch y B'Tselem han denunciado reiteradamente que la fiscalía militar israelí archiva la mayoría de las denuncias por violencia de colonos sin llegar a acusación, un patrón que la organización Yesh Din ha cuantificado en tasas de impunidad superiores al 90% en los casos analizados en la última década.
Las organizaciones de colonos agrupadas en el Consejo de Yesha han defendido en ocasiones anteriores que los incidentes atribuidos a su comunidad responden a una legítima defensa ante ataques palestinos previos, y han rechazado el término «terrorismo» para calificar la violencia de sus miembros, reservándolo en su discurso a los atentados perpetrados por grupos armados palestinos como Hamás.
De las sanciones de Biden a su revocación
El precedente más directo de tensión diplomática entre Washington e Israel por este asunto se remonta a la Administración Biden, que en febrero de 2024 impuso sanciones económicas a un grupo reducido de colonos señalados por actos de violencia, en aplicación de una orden ejecutiva. Trump revocó esas sanciones al asumir de nuevo la presidencia en enero de 2025, en una decisión bien recibida por el ala más proasentamientos del Gobierno israelí, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ambos residentes en asentamientos de Cisjordania.
El episodio se produce en un momento de máxima sensibilidad para la política estadounidense en Oriente Próximo, con la guerra de Gaza y sus consecuencias humanitarias todavía marcando la agenda diplomática casi tres años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Cualquier gesto de la Administración Trump respecto a la violencia de colonos se interpreta, tanto en Jerusalén como en Ramala, como una señal sobre el margen que Washington está dispuesto a dar a la expansión de asentamientos en un eventual escenario de posguerra, un asunto que sigue bloqueando cualquier perspectiva de reanudación de negociaciones sobre la solución de los dos Estados.
La Autoridad Palestina, con sede en Ramala, ha reclamado en numerosas ocasiones ante la ONU y ante Washington una intervención internacional más contundente contra la violencia de colonos, a la que atribuye un componente de política deliberada para forzar el desplazamiento de comunidades palestinas de zonas estratégicas de Cisjordania, particularmente en el valle del Jordán y las cercanías de Hebrón. El Gobierno israelí niega que exista tal estrategia y sostiene que aplica la ley por igual a todos sus ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
El foco estará ahora en si las palabras de Huckabee se traducen en algún gesto diplomático concreto —una demanda formal de investigación al Gobierno israelí, una petición de comparecencia ante el Departamento de Estado o alguna forma de presión bilateral— o si quedan como una condena verbal sin recorrido práctico. También será relevante observar si la Casa Blanca respalda explícitamente a su embajador o si opta por rebajar el tono para no tensar la relación con el Gobierno de Netanyahu en un momento en que ambos países mantienen una coordinación estrecha sobre el futuro de Gaza y la seguridad regional frente a Irán.
