La patronal, que representa a los grandes operadores de infraestructura digital en el país, expuso este viernes en rueda de prensa su posición ante el borrador del decreto. Al acto acudieron Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC; Emilio Díaz, presidente de la patronal; y Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la CEOE, cuya presencia suma el peso de la principal organización empresarial española a la presión del sector tecnológico.
El argumento jurídico de fondo remite a un principio del derecho administrativo y del derecho internacional de inversiones: la protección de la confianza legítima. Cuando un inversor compromete capital bajo unas reglas concretas —tarifas energéticas, plazos de conexión a la red, requisitos ambientales—, un cambio normativo posterior que altere sustancialmente esas condiciones puede dar pie a compensaciones, especialmente si median tratados de protección de inversiones. Los operadores vinculan las nuevas exigencias a requisitos energéticos y ambientales que se sumarían a los ya vigentes para instalar y operar estos centros.
El precedente de las renovables
España conoce ese terreno. Entre 2013 y 2014, el Gobierno modificó el sistema retributivo de las plantas solares y eólicas para contener el déficit tarifario, lo que llevó a decenas de inversores a acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y a otros tribunales arbitrales amparados en el Tratado sobre la Carta de la Energía. El país perdió la mayoría de esos litigios y afronta condenas que, sumadas, superan los 1.000 millones de euros según las resoluciones arbitrales conocidas. El sector de los centros de datos apunta ahora a un riesgo similar si el decreto se aprueba sin cambios.
Los centros de datos consumen cantidades crecientes de electricidad y agua para refrigeración, lo que ha llevado a varias administraciones europeas a endurecer en los últimos años sus exigencias de eficiencia y sostenibilidad. España se ha convertido en uno de los destinos preferentes de Europa para estas infraestructuras, atraída por el precio de la energía, la disponibilidad de suelo y la conectividad de sus redes de fibra óptica, en plena expansión mundial ligada al auge de la inteligencia artificial y la computación en la nube.
Ese atractivo explica, según el argumento de la patronal, el volumen de capital extranjero ya comprometido y la magnitud de las reclamaciones que se plantearían si el decreto sale adelante sin las modificaciones que el sector reclama. La disputa se abre mientras el Ejecutivo mantiene otros frentes con la actividad empresarial, en paralelo a episodios como el que enfrenta al PP y a Marruecos, donde el partido acusó a Rabat de ser «responsable de lo ocurrido por acción u omisión».
El Real Decreto sigue en fase de tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica, sin que conste una fecha cerrada para su aprobación definitiva.
