La reforma al artículo 370 del proyecto de presupuesto fue impulsada durante la discusión en segundo debate por los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático; Manuel Cohen, de Cambio Democrático, y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. La propuesta amplía la lista de entidades estatales que pueden contratar bienes y servicios por hasta $1 millón sin someterse a los procedimientos ordinarios de licitación que exige la Ley 22.
Entre las instituciones beneficiadas figuran, según el texto aprobado, los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, aunque la lista se redacta de forma abierta —"tales como"—, lo que a juicio de Libertad Ciudadana deja margen para que otras entidades se acojan a la misma excepción. El mecanismo permitiría adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos ante situaciones fortuitas, de urgencia o por razones de interés público que requieran atención prioritaria.
Libertad Ciudadana subrayó que la ampliación llega cuando el país enfrenta las tareas de reconstrucción tras el terremoto del 9 de octubre, un escenario que, según la organización, incrementa el riesgo de que la discrecionalidad se use para sortear controles bajo el argumento de la urgencia. La fundación recordó que la experiencia en procesos de reconstrucción y emergencia en distintos países muestra que la combinación de discrecionalidad, opacidad y ausencia de controles efectivos crea condiciones propicias para abusos, conflictos de interés y tráfico de influencias.
El comunicado llega pocos días después de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara el presupuesto de 2027 entre críticas de sectores que cuestionaron la ampliación de compras sin aplicar la ley de contrataciones.
La contradicción con el decreto contra conflictos de interés
El señalamiento central de la organización apunta a una contradicción entre dos decisiones tomadas con apenas dos días de diferencia. Mientras el Ejecutivo promulgó un decreto orientado a fortalecer la prevención de conflictos de interés —que exige declaraciones de intereses a contratistas y amplía las facultades de verificación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)—, la Asamblea avanzaba en paralelo una reforma que, según la fundación, debilita los controles preventivos en la contratación pública.
"Resulta profundamente contradictorio que, apenas dos días antes, se promulgara un decreto destinado a fortalecer la prevención de conflictos de interés, exigir declaraciones de intereses a contratistas y permitir mayores verificaciones por parte de la ANTAI, mientras simultáneamente se facilita un esquema que debilita los controles preventivos en contratación pública", señala Libertad Ciudadana en su comunicado.
El señalamiento se produce cuando distintos análisis ya habían pedido reforzar las competencias de la Antai sobre conflictos de intereses, ante la persistencia de vacíos normativos que, según diversos sectores, facilitan el manejo discrecional de fondos públicos sin suficiente fiscalización posterior.
La organización añadió que su preocupación se agrava por la falta de mecanismos efectivos para identificar a los beneficiarios finales —los verdaderos dueños— de las empresas que reciben contratos estatales. Sin esa verificación, advirtió, resulta más difícil detectar si una misma persona o grupo económico concentra adjudicaciones a través de distintas sociedades, un patrón que organismos de fiscalización han identificado en investigaciones de corrupción en Panamá y en otros países de la región.
El refrendo del contralor como filtro previo
El control de las compras estatales no es un debate nuevo en el país. La Contraloría General, a través del refrendo que otorga a los contratos del Estado, constituye el filtro tradicional para verificar la legalidad del gasto público antes de su ejecución. Las excepciones que amplían los montos sin licitación reducen el universo de contratos sometidos a ese escrutinio previo, lo que en el pasado se ha señalado como factor de riesgo en adjudicaciones directas vinculadas a obras de infraestructura y emergencias.
El episodio se suma a otros casos recientes sobre contratos estatales sin concurso, como el aval del Consejo de Gabinete para pagar $24.1 millones a Hombres de Blanco con el contrato vencido, un caso que ilustra los riesgos que la fundación atribuye a la discrecionalidad cuando los controles ordinarios se postergan o se evitan.
Ante lo que describió como una objeción improbable por parte del Ejecutivo, Libertad Ciudadana planteó la necesidad de impulsar procesos de veeduría ciudadana que permitan vigilar la ejecución de estos contratos y evitar abusos al amparo de la reforma. La organización insistió en que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil deben monitorear de cerca la aplicación de las nuevas excepciones una vez entre en vigor el presupuesto.
La ley del Presupuesto General del Estado para 2027, con la reforma al artículo 370 incorporada en segundo debate, debe completar su trámite en la Asamblea Nacional antes de pasar a la sanción del Ejecutivo, instancia en la que, según Libertad Ciudadana, el gobierno tendría la oportunidad de corregir las excepciones cuestionadas, aunque la organización calificó esa posibilidad de improbable.