Desde la entrada en vigencia del nuevo código ingresaron al sistema 30,409 expedientes, de los cuales el 97% ya concluyó la primera instancia, un ritmo que, según Arrocha, el modelo anterior no habría alcanzado en ese mismo plazo. El magistrado sostuvo que la agilización de estos procesos refuerza el Estado de derecho, la democracia y contribuye a la confianza de quienes evalúan invertir en el país, un argumento que vincula la eficiencia judicial con el clima de negocios.
Del total de causas ingresadas bajo el nuevo régimen, el 49% corresponde a procesos de sucesiones, el 17% a procesos ordinarios, el 13% a ejecutivos, el 11% a sumarios y el 10% restante a otras categorías. La composición del universo de casos explica buena parte del diseño del nuevo modelo, orientado a resolver con mayor celeridad los trámites sucesorios, señalados durante años como uno de los cuellos de botella del sistema civil panameño.
Paralelamente a la gestión de los nuevos casos, el Órgano Judicial debe liquidar los procesos que ya estaban en trámite cuando entró en vigor el nuevo código, un universo de unos 40,000 expedientes. En el primer año de aplicación se evacuó el 50% de ese inventario, y la institución proyecta culminar la liquidación total en un plazo de dos años.
Los datos desagregados muestran que, de los 24,422 expedientes acumulados en los juzgados circuitales, se han liquidado 11,942. En los juzgados municipales, de un total inicial de 23,812 causas, se evacuaron 12,541, por lo que restan 11,271 procesos pendientes de resolver. Esa doble vía —atender el flujo nuevo bajo el código vigente y descongestionar el rezago heredado— constituye el principal reto operativo del Órgano Judicial en esta etapa de transición.
Menos del 1% del Presupuesto General del Estado
Arrocha planteó que el avance alcanzado depende de un financiamiento que, a su juicio, resulta insuficiente. El magistrado recordó que al Órgano Judicial se le asigna menos del 1% del Presupuesto General del Estado, una proporción que, señaló, obliga a la institución a posponer proyectos y priorizar otros dentro de una agenda amplia de modernización.
Para el ejercicio fiscal de 2027, el Órgano Judicial solicitó $396.5 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero recibió una asignación de $352.3 millones, una diferencia de poco más de $44 millones respecto a lo requerido. Arrocha advirtió que ese recorte afectará la ejecución de varios programas previstos para el próximo año.
Entre las iniciativas contempladas para 2027 figuran la construcción de 20 tribunales, la digitalización de expedientes —que incluye el descarte de casi medio millón de documentos sin utilidad procesal—, la continuidad de la implementación del Código Procesal Civil y la contratación de 590 funcionarios distribuidos en 50 despachos judiciales. El magistrado señaló que el menor presupuesto asignado obligará a reordenar prioridades entre estos proyectos.
La postura de Chen Stanziola
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, coincidió con Arrocha en que el recorte presupuestario puede comprometer parte de la agenda de modernización judicial. Chen Stanziola indicó que la institución remitió una nota al MEF solicitando que reconsiderara los recortes aplicados al Órgano Judicial, sin que recibieran respuesta, según relató en el acto de rendición de cuentas.
Chen Stanziola destacó también el esfuerzo del personal judicial para sacar adelante un proyecto de la envergadura del nuevo Código Civil, al que calificó como muestra de vocación de trabajo y eficiencia desde la aprobación de la ley hasta su puesta en ejecución. La magistrada subrayó la necesidad de ajustar los servicios de la institución a las demandas de los usuarios, un objetivo que, advirtió, depende en buena medida de la disponibilidad de recursos.
La tensión entre el Órgano Judicial y el MEF por la asignación de recursos no es nueva en Panamá, donde distintas administraciones de la Corte Suprema han reclamado una porción mayor del gasto público para sostener la modernización de la justicia, incluida la infraestructura de tribunales y la incorporación de tecnología en los procesos. El reclamo se inscribe en el calendario de vistas presupuestarias, donde cada órgano del Estado defiende ante la Asamblea Nacional sus partidas frente a las limitaciones fiscales del Gobierno central.
El refrendo de los contratos estatales por la Contraloría General y la propia ejecución del Presupuesto General del Estado condicionan el margen real del Órgano Judicial para avanzar en obras como los 20 tribunales previstos. Ese entorno institucional se cruza con otros debates abiertos sobre la jurisdicción panameña, como el que un docente de la Usma reavivó al reabrir la discusión por la frontera con Colombia de 1924.
El acto de rendición de cuentas por el primer año del nuevo Código Civil reunió también a los exmagistrados de la Corte Harley Mitchell, José Troyano y Hernán De León, además de Ágela Russo, quien ocupó una magistratura y actualmente se desempeña como defensora del Pueblo. La presencia de estos exintegrantes del máximo tribunal subrayó el carácter institucional del balance presentado.
El Órgano Judicial mantiene como meta culminar en dos años la liquidación de los expedientes heredados del sistema anterior, un plazo que dependerá, según reconocieron tanto Arrocha como Chen Stanziola, de que el presupuesto asignado para los próximos ejercicios fiscales permita sostener el ritmo de contratación de personal y de digitalización iniciado durante el primer año de vigencia del nuevo código.