La audiencia se inició a las 8:30 a.m. de este viernes en el Tribunal Superior, con la presencia de Lau Cortés y su abogada, Kathia Quiel. El tribunal concluyó que el Ministerio Público no logró sustentar por qué resultaba necesario confinar al imputado en prisión cuando existía la alternativa del arresto en su vivienda.
Los magistrados fundamentaron su decisión en la situación de vulnerabilidad de Lau Cortés, quien cumplió 75 años el pasado 30 de agosto y presenta, según lo expuesto en la audiencia, múltiples dolencias. El tribunal sostuvo que la juez de garantías que dictó la medida hizo una valoración correcta de los riesgos procesales y aplicó una cautela proporcional al caso.
El exdirector de la CSS permanece bajo detención domiciliaria e impedimento de salida del país desde el 7 de octubre, día en que se le imputaron los cargos. La juez de garantías lo autorizó a salir de su domicilio únicamente para atender citas médicas. Lau fue trasladado el 15 de octubre al pabellón de cardiología de la Ciudad de la Salud, donde permanecía hospitalizado según las últimas referencias disponibles.
El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez cuestionó ante el tribunal que Lau Cortés, en su condición de funcionario público, habría incurrido en la presunta conducta ilícita de enriquecimiento injustificado en un periodo en que la ciudadanía atravesaba los efectos de la pandemia de covid-19. Rodríguez también informó que el apartamento donde reside el imputado se encuentra cautelado por su despacho como parte de la investigación.
El tribunal advirtió a Lau Cortés y a su defensa que el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario es estricto y que cualquier violación podría ser objeto de revisión, lo que en la práctica deja abierta la puerta a un eventual ingreso a prisión si se constatara el incumplimiento de las condiciones impuestas.
Bienes cautelados por medio millón
La Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo investigación varios bienes vinculados al exfuncionario: un apartamento en el PH Empire Residences, en Santa María, valorado en $562,000, del que Lau ha abonado $433,000; otro inmueble en Playa Blanca, adquirido por $236,500 y sin hipoteca; un cuadro valorado en $50,000, y dos vehículos tasados en conjunto en $20,000. El Ministerio Público calcula una posible lesión patrimonial al Estado de medio millón de dólares.
El caso se suma a una serie de procesos recientes contra exfuncionarios panameños, como la detención provisional confirmada contra el exdirector de la AMP Noriel Araúz por presunto enriquecimiento. En ambos expedientes, los tribunales han debido resolver sobre medidas cautelares sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los imputados, amparada por la presunción de inocencia que rige el sistema penal acusatorio vigente en Panamá.
La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones deja en firme la detención domiciliaria como medida cautelar aplicable a Lau Cortés mientras avanza la fase de investigación por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
