El caso se sustancia ante un tribunal federal y no ante una instancia disciplinaria interna de Grandes Ligas, lo que implica que los dos lanzadores enfrentan responsabilidad penal y no solo sanciones del comisionado. Cada acusado afronta, de confirmarse los cargos, una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico, cinco años por conspiración para influir en competiciones deportivas mediante sobornos y otros 20 años por lavado de dinero, entre otros delitos imputados por la fiscalía.
Según los fiscales, Clase se involucró en el esquema desde 2023, apostando información privilegiada sobre la velocidad y el tipo de lanzamientos que realizaría. Los cargos sostienen que el cerrador, de 28 años, recibía pagos de los apostadores a cambio de esos datos y que, en ocasiones, aportó dinero para financiar la operación.
Los fiscales detallaron en una declaración previa el patrón que atribuyen al dominicano para asegurar que los lanzamientos amañados fueran interpretados como bolas y no como strikes.
"Clase a menudo realizaba estos lanzamientos amañados en el primer lanzamiento de cada turno al bate. Para asegurarse de que ciertos lanzamientos fueran cantados como bolas, Clase lanzó muchos de ellos al suelo, muy fuera de la zona de strike", dijeron los fiscales en una declaración anterior.
Ortiz, de 27 años, se sumó al esquema en 2025, de acuerdo con la versión de la fiscalía. Los fiscales mencionan un episodio concreto: en junio de ese año, el abridor habría recibido $5,000 por aceptar realizar un lanzamiento específico tras coordinarse previamente con Clase. En conjunto, ambos dominicanos habrían contribuido a generar ganancias fraudulentas por unos $450,000 mediante apuestas colocadas con información privilegiada sobre sus propios lanzamientos.
Las alarmas en las plataformas de apuestas
El esquema salió a la luz después de que plataformas de apuestas deportivas detectaran un volumen inusualmente alto de apuestas sobre el primer lanzamiento de Ortiz en un partido contra los Marineros de Seattle el 15 de junio de 2025, y en otro encuentro de ese mismo mes frente a los Cardenales de San Luis. Ese tipo de anomalía —apuestas concentradas con precisión sobre un evento puntual de un juego— suele ser la señal que las casas remiten a las ligas y, eventualmente, a las autoridades federales.
Clase y Ortiz fueron apartados de los Guardianes de Cleveland en julio de 2025, cuando las autoridades estadounidenses iniciaron la investigación sobre el presunto amaño. La imputación llegó en noviembre de ese año, y desde entonces ambos jugadores permanecen suspendidos sin sueldo mientras se resuelve su situación judicial, sin que conste condena en su contra.
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre Grandes Ligas y las plataformas de apuestas deportivas legalizadas en buena parte de Estados Unidos, un fenómeno que ha encendido la preocupación de distintas ligas profesionales por la vulnerabilidad de la integridad competitiva ante el acceso masivo a mercados de apuestas en tiempo real sobre jugadas específicas.
La vigilancia sobre este tipo de conductas no es nueva en el béisbol estadounidense. En 1919, el llamado escándalo de los Black Sox llevó a la expulsión de por vida de ocho jugadores de los Medias Blancas de Chicago acusados de dejarse perder la Serie Mundial a cambio de dinero de apostadores, episodio que derivó en la creación de la figura del comisionado como garante de la integridad del juego. Décadas después, en 1989, Pete Rose fue vetado de por vida por apostar en partidos de béisbol.
Para la afición panameña y centroamericana que sigue de cerca el desempeño de los peloteros del Caribe en las Grandes Ligas, el proceso contra Clase y Ortiz añade atención a un circuito donde decenas de jugadores dominicanos compiten cada temporada. El béisbol, de larga tradición en la región, mantiene un vínculo cultural y deportivo estrecho con República Dominicana que explica el eco regional de este tipo de casos.
El juicio, que inició con la fase de selección del jurado, se extenderá en las próximas semanas con la presentación de pruebas por la fiscalía y la defensa de ambos acusados, que mantienen su declaración de no culpabilidad frente a todos los cargos.
Mientras continúa el proceso en la corte federal de Nueva York, Clase y Ortiz siguen suspendidos sin sueldo por los Guardianes de Cleveland, a la espera de que el jurado determine si los cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero quedan probados en juicio.