El operativo derivó en el cese total de las actividades de construcción, el apagado de la maquinaria presente en el sitio y el retiro del personal que permanecía trabajando en el área, según el comunicado institucional difundido tras la inspección. Los informes técnicos de la cartera constataron que la empresa mantenía las mismas actividades de relleno que habían motivado la orden original de paralización.
MiAmbiente informó que remitirá copias autenticadas del expediente al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos ambientales y de desobediencia a la autoridad, lo que abriría una vía penal paralela al proceso sancionatorio que ya mantiene la institución contra la empresa.
La controversia por Naturabocas no es nueva. El 30 de enero de 2025, mediante la resolución DRBT-012-2025, MiAmbiente ya había multado a la empresa con $9,999 "por incumplimiento de medidas de mitigación, reincidencia en las obras de relleno ilegal y afectación ambiental grave", de acuerdo con el texto de esa resolución citado por la propia institución.
Aquella resolución ordenaba, además de la multa, la restauración del área afectada, la aplicación de medidas de mitigación y compensación ambiental, y el retiro de todo el material de relleno depositado de forma ilegal sobre el fondo marino de Isla Colón, una zona costera del Caribe panameño de alto valor turístico y ecológico.
Según MiAmbiente, la empresa presentó recursos de reconsideración y de revisión administrativa contra esa sanción, pero ambos fueron rechazados por la entidad, que reiteró posteriormente la orden de retiro del relleno y de cumplimiento de las medidas de recuperación ambiental.
Que los trabajos de relleno continuaran pese a la orden de suspensión y a la resolución sancionatoria llevó a la institución a declarar el desacato que motivó la paralización de este sábado, casi un año y nueve meses después de la primera sanción impuesta en enero de 2025. La nueva orden exige acreditar en 30 días hábiles el retiro completo del material y el cumplimiento del resto de disposiciones ambientales pendientes.
El caso se inscribe en una etapa en que el Ministerio de Ambiente ha buscado reforzar su perfil de fiscalización, tras fijar la meta de reducir las emisiones un 11% para 2035. Las paralizaciones de obras por relleno ilegal en zonas costeras del Caribe panameño han sido recurrentes en la última década, con Bocas del Toro entre los focos de mayor presión inmobiliaria sobre manglares y fondos marinos.
El traslado del expediente al Ministerio Público abre ahora la posibilidad de que la vía penal determine responsabilidades adicionales a las ya establecidas en el ámbito administrativo, mientras corre el plazo de 30 días hábiles otorgado a la empresa para acreditar el retiro del relleno del fondo marino.
